Ombudsman de Guatemala declara violadores de los derechos humanos a dos altos mandos de la policía, tras el desalojo violento de una mujer de 72 años

El Ombudsman de Guatemala declaró como violadores de los derechos humanos a dos altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), tras un operativo de desalojo de su vivienda a una mujer de 72 años, el cual fue catalogado como “violento”.

José Alejandro Córdova, procurador de los derechos humanos, afirmó en un video publicado en las redes sociales que la decisión se tomó después de una investigación sobre lo ocurrido en Nebaj, Quiché el pasado 30 de julio.

También sostuvo que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales en este tipo de diligencias, luego de que el operativo en el que una mujer mayor fue retirada por la fuerza de su vivienda, derivara en protestas, la quema de la residencia de una jueza y varias investigaciones penales.

Córdova resumió esa posición en una frase: “El Estado no puede ni debe tolerar el abuso de poder. Defender la ley exige su cumplimiento con pleno respeto de los derechos humanos”.

Los altos mandos

En su mensaje, Córdova señaló directamente como “violadores de los derechos humanos” al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) concluyó que ambos vulneraron los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Juana Santiago Chel, así como de los ocupantes del inmueble y de pobladores del caserío Xecoxo, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.

El caso ya tiene una derivación en el Ministerio Público (MP). El 7 de agosto, la Fiscalía Municipal de Nebaj remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos una denuncia por la actuación de agentes policiales, en una pesquisa por abuso de autoridad y robo que, según informó el ente investigador, se concentra únicamente en el actuar de los policías.

La PDH pidió sanciones y revisión de la actuación judicial

Además de la declaratoria, la PDH recomendó al director general de la Policía Nacional Civil deducir responsabilidades administrativas y disciplinarias no solo contra los dos mandos señalados, sino también contra un comisario de la División de Operaciones Conjuntas y dos agentes que participaron en el operativo.

La institución también pidió garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, reforzar la formación de los agentes en mediación y derechos humanos para el manejo de conflictos sociales y cumplir de forma estricta la Orden General 16-2009, que prohíbe el uso de gorros pasamontañas por parte del personal policial.

No obstante, días atrás el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendió la actuación de los agentes de la PNC y afirmó que sólo respondían a una solicitud judicial.

También contra la jueza

Las conclusiones de la PDH no se quedaron únicamente con la PNC, la resolución incluyó otra línea de revisión que fue trasladada al Consejo de la Carrera Judicial y a los órganos disciplinarios del Organismo Judicial.

En esta se pide que evalúen si la jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, Ada Madaí López Morales, incurrió en alguna falta en el ejercicio de su función durante la diligencia de lanzamiento contra Juan Santiago Chel, quien estuvo hospitalizada tres días debido a los golpes y complicaciones de salud que sufrió en el operativo.

Una copia del documento también fue enviada a la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Santa María Nebaj para incorporarla al expediente de investigación que ya se lleva a cabo.

El operativo terminó en protestas y en el incendio de la casa de la jueza

El desalojo fue ejecutado el 30 de julio en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj. De acuerdo con el abogado de Santiago Chel, la diligencia fue promovida por Pedro Santiago López, uno de los hijos de Santiago Chel.

Durante el procedimiento, las pertenencias de la familia fueron sacadas de la vivienda. Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes policiales empujando a la mujer de 72 años y cargando a la fuerza a su hija, Juana López, de 51, todo para desalojarlas de la vivienda que le fue heredada Santiago Chel.

Horas más tarde, cientos de pobladores protestaron por el operativo. Un grupo llegó a la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales y le prendió fuego; tras ese ataque, el Organismo Judicial condenó lo ocurrido y expresó respaldo a la juzgadora.

Por su parte, la PNC ha informado desde el 31 de julio que se abrió una investigación interna para establecer si los agentes que participaron en el desalojo actuaron conforme a los protocolos, la cual está a cargo de la Inspectoría General. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún resultado al respecto.

En tanto, Juana Santiago Chel sigue viviendo como refugiada en la vivienda de su hermana, debido a que aún no se ha logrado recuperar la residencia de la cual fue desalojada por orden judicial.