La Corte Suprema de Justicia resolvió los planteos para reforzar el plantel del Tribunal Oral Federal 7, la megacausa “Cuadernos” en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios a través del Ministerio de Planificación. El caso hace tres años que fue elevado a instancias de debate, pero la prueba del expediente que se abrió con los cuadernos del remisero Oscar Centeno ni siquiera fue habilitado. El juicio oral todavía no tiene fecha de inicio.
En una resolución de carácter administrativo firmado el miércoles, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti resolvieron autorizar a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir hasta el 30 de noviembre próximo “los contratos a favor de tres agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en el TOF 7″.
Precisamente, los integrantes del TOF 7 -integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli- venían quejándose porque no tenían suficiente personal para mover semejante megacausa. Los abogados defensores de decenas de empresarios también estaban expectantes de las decisiones que pudieran pasar en el proceso: hasta ahora, no se movía ni una hoja, decían en voz baja a Infobae.

A diferencia del resto de los tribunales orales federales, el TOF 7 no queda en Comodoro Py sino en el Palacio de Tribunales. Otra particularidad es la situación del juez Castelli. Es uno de los magistrados trasladados sobre el que puso la mira el Consejo de la Magistratura cuando cuestionó diez casos, entre los cuales estaban Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los tres judicializaron la situación. La Corte Suprema dijo que todos los traslados, no solo a los que apuntó el Consejo de la Magistratura, estaban mal y debían revocarse, previo concurso en donde los trasladados pudieran participar. Castelli dice que no puede volver a su puesto original porque ese concurso ya está en marcha. Y también sostuvo, en distintas declaraciones públicas, que lo habían puesto en la lista negra precisamente porque interviene en el caso Cuadernos.
La causa cuadernos se inició en marzo de 2018 y se mantuvo en reserva hasta que en la madrugada del 1 de agosto de 2018 el juez Claudio Bonadio ordenó una serie de detenciones, que incluyeron al ex ministro de Planificación Julio De Vido -por esas horas ya preso por la causa Río Turbio-. El caso sacudió a los tribunales. Entre los detenidos había importantes empresarios. Uno de ellos pidió ser arrepentido para evitar su arresto. La movida fue seguida por muchos hombres de negocios y ex funcionarios que vieron en esa confesión una salida para evitar las rejas.

El juez Bonadio fue acumulando diversos expedientes: no solo las anotaciones de Centeno, sino expedientes que ya existían -subsidios ferroviarios, el lavado de dinero de Daniel Muñoz- así como abrió otras causas conexas nuevas. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019. Los principales acusados son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Oscar Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Algunos de ellos se transformaron en “arrepentidos”. La defensa de varios imputados intentaron “voltear” esas declaraciones porque sus dichos no habían sido grabados, pero, con dos votos a uno, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esos planteos y validó las confesiones que se convirtieron en el corazón de la causa.
En instrucción quedan algunos remanentes del expediente principal, que está en manos del juez Julián Ercolini. Recientemente volvieron a ser procesado Baratta y otro grupo de ex funcionarios.
Mientras tanto, en un expediente aparte, el empresario Armando Loson -uno de los arrepentidos- denunció con una pericia que encargó su defensa que su nombre en los cuadernos había sido adulterado. Dice que tras un analisis sobre las piezas a las que pudo acceder, la anotación de Centeno no decía originalmente Armando sino Marcelo. El tema está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, con la intervención del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Hace unos días, Centeno volvió “virtualmente” a Comodoro Py. Fue para declarar en una causa que se tramita en España y salpicaba a la empresa Isolux, una de las involucradas en el caso cuadernos. Allí Centeno ratificó haber escrito los cuadernos y aseguró que no sabía qué pasaba en las oficinas donde se concretaban los pagos. Desde el día que se convirtió en imputado colaborar, Centeno vive bajo el programa de Protección de Testigos.
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