El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ya tiene en sus manos una copia del contenido de los celulares y las tablets de las personas que iban a bordo del avión venezolano-iraní que se encuentra demorado en el aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio. Sin embargo, todavía no se analizó la información.
Si bien hasta el momento solo hay presunciones sobre los motivos del viaje de la tripulación, fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que los peritos de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires que revisaron los dispositivos electrónicos no encontraron ninguna evidencia que los relacione con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal.
Hasta ahora, el juez Villena todavía no pudo conseguir ningún dato determinante para sostener una acusación penal contra los 5 iraníes y los 14 venezolanos, que permanecen alojados en un hotel de Canning.
Además de los 18 teléfonos celulares, las 7 computadoras portátiles y las 5 tablets, los peritos analizarán el contenido de las 2 cajas negras del avión, que fueron secuestradas el viernes por la noche en una segunda inspección al Boing 747-300.
Otro aspecto que es materia de investigación se resume en las rutas realizadas por el avión durante el último mes. Vuelos a Aruba, Ciudad del Este, Teherán, Moscú y Belgrado. Los investigadores buscan determinar por qué y con qué fin la nave de Emtrasur estuvo en esos destinos y si lo hizo con la misma tripulación.
Con los artefactos, uno que registra las voces de cabina y las comunicaciones y los datos de aeronavegación, se busca determinar si efectivamente el avión estuvo en los destinos declarados en la documentación en poder del juez y la fiscal.
Una de las hipótesis en juego -no es la única bajo análisis- es si existe un vínculo de los tripulantes con el terrorismo internacional, en sintonía con la preocupación que emitió ayer la embajada argentina que representa a Tel Aviv.
El centro de la atención y de las averiguaciones a las agencias de seguridad internacionales está puesto en el piloto iraní Gholamreza Ghasemi Abbas, cuyo nombre coincide con el de un integrante de Fuerza Quds -un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)- y sería directivo de la aerolínea Qeshm Fars Air, denunciada por Estados Unidos por mover armas y equipamiento militar a Siria durante la guerra civil en ese país.
Villena, junto a la fiscal Cecilia Incardona, requirió a las agencias extranjeras verificar si existen sanciones sobre el avión Boeing de matrícula venezolana y si hay investigaciones en curso sobre sus tripulantes.
La DAIA, tras ser aceptada querellante en la causa, se sumó a las solicitudes de averiguación y pidió como medidas de prueba que se dicten exhortos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Interpol.
Hasta enero pasado, la aeronave estaba señalada como propiedad de la empresa Mahan Air, una compañía con punitorios y restricciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), que depende del citado departamento norteamericano. Luego, fue adquirida por Emtrasur.
Desde su partida de Paraguay, durante el vuelo hacia Argentina, el avión señalado transportaba piezas para la fabricación de asientos y panel de instrumentos para el modelo Taos que produce la empresa automotriz Volkswagen en su planta de General Pacheco, y que adquiere a través de la autopartista SAS. Ninguna de las dos empresas se responsabilizó por la mercadería.
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