Tensión por la Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y CABA y la Corte Suprema tendrá que definir el conflicto

No hubo acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la Coparticipación. Se hizo una última reunión antes de que se venciese la prórroga de 15 días que les otorgó la Corte Suprema de Justicia para seguir negociando, pero nada fue suficiente. El plazo para que llegasen a un entendimiento sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño se cumplió sin avances sustanciales y la resolución quedará entonces en manos del supremo tribunal. La discusión comenzó cuando la Nación le quitó a la Ciudad un porcentaje de su coparticipación en septiembre de 2020.

En el ministerio del Interior, dentro de la Casa Rosada, se encontraron esta mañana después de las 11 el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y los equipos técnicos de la cartera que conduce Eduardo de Pedro, quien a esa hora estaba en un acto oficial en La Rioja, encabezados por la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis. Aunque desde ambos lados hicieron intentos para que haya un acercamiento, no se logró. Como ocurrió en cónclaves anteriores remitirán un acta conjunta a la Justicia sobre los temas que abordaron. La Corte deberá dictaminar.

Miguel, luego de la reunión que se extendió por unos 45 minutos, le dijo a Infobae que “desde el lado de la Ciudad se hicieron esfuerzos que permitieron arribar a un acuerdo en dos aspectos. El mecanismo para hacer las liquidaciones y el traspaso, por un lado, y también la actualización de los montos”. Donde no se pudo encontrar coincidencias fue en la cantidad de dinero que debería recibir CABA. “No vamos a renunciar a los recursos destinados a garantizar la seguridad de la gente”, añadió el funcionario porteño.

El gobierno de Alberto Fernández, en tanto, se apoya en los gobernadores del resto de las provincias para ratificar su postura. Ya los había convocado el 30 de marzo para emitir una dura declaración contra las pretensiones del distrito que orienta Horacio Rodríguez Larreta y esta mañana temprano se conoció una solicitada firmada por 17 mandatarios provinciales en la que establecieron su posición ante el conflicto.

Además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, firmaron también los mandatarios de Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio (los radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés), el cordobés Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, sostiene el texto de las provincias firmantes.

“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, dicen los gobernadores aliados a la Casa Rosada en otro tramo del texto .

Y completaron con una fuerte advertencia: “Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.

El jueves 5 de mayo, en tanto, se reunió la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que debía elevar un informe técnico sobre el tema. Cuando el 10 de diciembre de 2020 se aprobó la ley que había enviado el presidente Alberto Fernández al Congreso que reestableció el 1,4% de coparticipación para CABA, se incorporó a la CFI para conocer “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral” que “serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días”.

El ministro De Pedro publicó una serie de consideraciones sobre el tema en su cuenta de Twitter unas horas después de la reunión. “Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La Ciudad rechazó esas propuestas”, escribió en uno de sus tuits en el que se refiere al dictamen de la CFI.

“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, agrega en otro.

En la CFI participan las 24 provincias y Nación. Ese organismo resolvió en su Resolución Plenario 249/2020 que cuando se realizó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad en 2016 “el costo estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486.456.429,13″. Ese informe se acerca más a la posición del Gobierno nacional que a los reclamos de la Ciudad.

Hubo 21 distritos que aprobaron ese informe, incluidos dos que gobiernan fuerzas opositoras al Ejecutivo nacional como Córdoba y Jujuy. No estuvo presente en la votación Corrientes (el gobernador es el radical Gustavo Valdés) y en contra se manifestaron Mendoza (otra jurisdicción que pertenece a la oposición, con el radical Rodolfo Suárez) y la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional, por su parte, se abstuvo, pese a que la cifra aprobada es mucho más cercana a su posición que de la que pide la administración porteña.

Desde Nación sostienen que a valores de 2016, el monto debería rondar los 8.000 millones de pesos anuales, mientras que desde CABA asciende a 18.000 millones. El informe del CFI se remitirá al Congreso, donde lo analizarán en ambas cámaras, en la de diputados y en la de senadores.

La Ciudad, por su parte, esgrime que el CFI se expidió “en el marco de una ley cuestionada por anticonstitucional. Cómo calcular el dinero estaba preestablecido por un método de cálculo”.

Desde las dos partes en pugna afirman que sus argumentos están fundamentados. Ahora todo quedará en manos de la Corte Suprema.

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