El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche, y la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.
El organismo nacional intentó revertir el fallo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, que establecía la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue. Ahora recurrirá a la Corte.
El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.
La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo.
Sin embargo, Domínguez hizo lugar al planteo y elevó el expediente a la entidad que se ocupó de desestimarlo por “extemporáneo”.
El abogado de la comunidad originaria, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término.
Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.
El fallo de Domínguez generó críticas “por el antecedente”, que podría dar lugar a otros reclamos similares.
El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.
En ese entonces, Breide admitió que “la jueza ya demostró cuáles son sus simpatías”. Además, mencionó otra polémica resolución de la magistrada de absolver a María Nahuel, una referente mapuche que en pleno juicio agredió a la fiscal federal Sylvia Little. Tras esa polémica, la funcionaria judicial presentó su dimisión al cargo aunque luego fue ratificada en el mismo, cuando recibió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. “Está claro cuál es su ideología”, sentenció el abogado.
Además de ese y otros cuestionamientos de empresarios locales, instituciones y organismos, diputados de la oposición fueron críticos con el fallo y pidieron que se dicte su nulidad.
A través de un proyecto de resolución que presentó el parlamentario Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.
En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”. En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.
La apelación
En la aletargada presentación oficial, el Ministerio de Defensa esgrimió que las hectáreas en litigio son esenciales para el desarrollo de las actividades de instrucción que lleva adelante la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.
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