El 2 de diciembre de 2021, la Legislatura porteña aprobó un proyecto para construir torres en Costa Salguero y Punta Carrasco. La iniciativa, impulsada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta, generó un fuerte rechazo de distintos sectores de la ciudadanía -entre ellos vecinos, arquitectos y miembros de ONGs- que decidieron hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular.
En este contexto, el 9 de noviembre pasado, presentaron ante la Legislatura un proyecto al que apoyaron con un total de 53.709 firmas. A través del mismo, solicitaron la derogación de la Ley N° 6.289, que habilitó la venta de Costa Salguero, y la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Esta tarde, después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. Según informaron en una resolución que está colgada en su página web, la iniciativa popular cumplió con el procedimiento y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta de la ciudadanía.
“Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”, sostienen los magistrados Inés Weinberg, Alicia Enriqueta Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela Da Langhe y Santiago Otamendi.
En comunicación con Infobae, el Senador Nacional por la Ciudad Mariano Recalde, uno de los promotores de la iniciativa popular se mostró muy conforme con la novedad.
“Es una experiencia histórica. Nunca antes había llegado a esta instancia un proyecto impulsado por el mecanismo de la iniciativa popular. Es una muestra de que el pueblo de la ciudad no quiere más torres y quiere espacios verdes. Que la política de (Horacio Rodríguez) Larreta de vender todo está agotándose, al menos en la paciencia de los ciudadanos de esta ciudad”, apuntó. Asimismo, destacó que la Legislatura tiene un año para darle tratamiento a este proyecto que tiene un fuerte acompañamiento social.
En sintonía, la arquitecta Bárbara Rossen, especialista en Proyectos Urbanos, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo y una de las integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público, hace referencia a la importancia de defender las tierras públicas y recuperar el horizonte.
“La costa es patrimonio de todos, es nuestro paisaje natural y todos tenemos derecho a la belleza”, dice Rossen y trae a colación el antecedente del caso del Parque de Flora Nativa “Benito Quinquela Martín”, que se convirtió en parque público gracias a una iniciativa popular que no necesitó de todo este largo proceso, ya que con 17.271 adhesiones los legisladores le dieron el reconocimiento y la convirtieron en ley.
“Como Colectivo de Arquitectas seguimos comprometidas en la defensa de las tierras públicas y en poner nuestro conocimiento técnico y sensibilidad para construir una ciudad más justa y que respete los derechos urbanos y ambientales consagrados en la Constitución”, agrega Rossen.
Según Rossen, lo que se está pidiendo a partir de la iniciativa popular es que la Legislatura porteña revea la normativa que aprobó en diciembre de 2021 porque es una ley que contraviene varias normas, entre ellas, la propia Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 25675 General del Ambiente y el Plan Urbano Ambiental (PUA).
“El proyecto que votaron a fines del año pasado se fundamenta en la Ley N° 6.289 que está judicializada objetada por inconstitucionalidad por la Justicia de primera instancia y luego ratificada en la Cámara de Apelaciones. Es decir: la norma que aprobaron se sustenta en otra que es inconstitucional”, sostiene la arquitecta.
Y cierra: “Confiamos en que nuestros representantes respeten la democracia participativa, materializada en este histórico proyecto de iniciativa popular y, finalmente, aprueben recuperar la costa del río para usos públicos”.
La resolución completa del Tribunal Superior de Justicia:
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