
Esta historia comenzó a mediados de 2019. El abogado Andrés Sánchez Ibarra buscaba un avión sanitario para trasladar pacientes de su geriátrico VIP. La primera opción fue un Lear Jet 31, valuado en USD 800 mil, propiedad de la empresa Aerocraft International INC, un broker con sede en Miami (Estados Unidos). Esa operación nunca se concretó. El año pasado, un piloto argentino le ofreció comprar otra aeronave, un Cessna 500 Citation I con matrícula norteamericana. Tampoco hubo acuerdo. El abogado terminó investigado por la AFIP y ahora denuncia aprietes y amenazas.
En junio de 2019, Sánchez Ibarra viajó a Miami para comprar un Lear Jet 31. Aunque se encontró con una aeronave desarmada, por una supuesta inspección reglamentaria, decidió abonar un depósito de USD 40 mil al broker. Durante ese viaje, se enteró que el verdadero dueño de la aeronave era el empresario Andrés Galera, condenado por el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López.
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En algún intercambio, Galera advirtió que mantenía un vínculo estrecho con el kirchnerismo y aventuró un triunfo en las elecciones presidenciales de ese año. Durante muchos años, había sido el nexo entre el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y decenas de intendentes K. Esta historia confirma que nunca se despegó de ese universo.
En agosto de 2019, Sánchez Ibarra volvió a Miami. El avión estaba en las mismas condiciones pero igualmente comenzaron los trámites de importación ante la Aduana por un total de USD 800 mil. Apenas unas semanas después, la operación se cayó abruptamente. “El presidente de Aerocraft International INC me llamó y me dijo que la operación se caía porque Galera no lo quería vender”, asegura Sánchez Ibarra en una charla con Infobae.
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A partir de ese momento, el abogado negoció con otro intermediario, Matias Pantarotto, un piloto que le ofreció comprar un Cessna 500 Citation I, matrícula N233DB. “Ante esta novedad, tanto las autoridades de la entidad bancaria como Pantarotto, especialista en derecho aeronáutico, le hicieron saber a Sánchez Ibarra, que se tenía que cambiar la factura, porque, al cambiar de avión, no coincidían los datos de la aeronave; ello, a los efectos de la importación en sí”, dice la presentación que hizo Sánchez Ibarra esta semana ante el juez Ariel Lijo.

En ese expediente, tal como reveló Infobae, se investigan todas las compras de aviones que se hicieron en los últimos dos años. Lijo quiere saber si hubo casos de sobrefacturación pero también se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los dólares al valor oficial, con autorización del Banco Central.
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El Cessna 500 llegó a la Argentina el 30 de diciembre de 2020. Pantarotto le dijo a Sánchez Ibarra que ya había arreglado con “los dueños” un precio de USD 300 mil, en diez cuotas, menos los gastos de reparación.
¿Quiénes eran los dueños? Según el vendedor, el avión figuraba a nombre de OLCA SA, una sociedad de la provincia de Mendoza, aunque detrás de esa firma aparecía Mauricio Lambiris, corredor de TC e hijo de Jorge Lambiris, el empresario aduanero que se hizo conocido a fines de 2013 por un viaje a Río de Janeiro junto al entonces jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
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Cuando la operación avanzaba, Sanchez Ibarra se enteró que el verdadero dueño era Eric Garro, un hombre con pasaporte estadounidense. “Lambiris le contestó que, no le tenía que demostrar ni darle nada, puesto que Garro era empleado de su empresa OLCA S.A., y haría en su caso lo que él dispusiera. Que el dueño era Lambiris y si había que hablar o arreglar algo, había que hacerlo directamente con él”, dice el escrito firmado por los abogados de Sánchez Ibarra, Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe.
A partir de ese momento, la tensión fue en aumento. En una de las charlas, siempre según el relato de Sánchez Ibarra, Lambiris le dijo que había averiguado en la Aduana, a través de su “tío” Ricardo Echegaray, que había “una factura trucha” y que había girado USD 800 mil de manera ilegal.
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Con la operación caída, Lambiris se presentó en el aeropuerto de San Fernando junto a otras dos personas y se llevaron el avión a la fuerza.
Luego de ese episodio, hubo al menos dos encuentros cara a cara. En uno de ellos, Mauricio Lambiris llegó acompañado. “Lambiris le dijo, con relación a su acompañante, que hiciera de cuenta que era su papá, pero en realidad no lo era. Acto seguido, la persona en cuestión empezó a increpar Sánchez Ibarra, por cuanto, se había robado un avión, y que había ‘truchado’ todos los papeles en aduana y que le tenía que pagar ya, la suma de 500.000 dólares, y si no, que se atenga a las consecuencias de no pagar”, relataron los abogados ante el juez Lijo.
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Las negociaciones se cayeron definitivamente y no hubo más contactos. Pero las amenazas se concretaron. En enero de este año, la Aduana denunció a Sánchez Ibarra ante el juzgado en lo Penal Económico 11, a cargo de María Verónica Straccia, por un “giro indebido de divisas al exterior” y un “ingreso indebido del avión” al país.
Apenas tres días antes de esa denuncia, casualmente, el avión voló a Uruguay.

Infobae había revelado hace un mes que el avión fue ofrecido a varios empresarios aeronáuticos por parte de Jorge Lambiris. “Nos pedían 230 mil dólares porque ese avión solo sirve para desarmarlo y vender sus componentes, especialmente los motores. Arreglarlo es muy caro, nadie va a gastar ese dinero”, detalló un operador aeronáutico.
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Consultado por Infobae, Lambiris lo negó rotundamente: “No tengo ninguna vinculación con ese avión”.
El empresario se hizo conocido a partir de un viaje a Río de Janeiro junto a Ricardo Echegaray y sus respectivas familias. El hecho ocurrió a fines de 2013 y trascendió porque Lambiris y su hijo Mauricio, corredor de TC, agredieron a un equipo periodístico de TN. Echegaray terminó denunciado por el delito de dádivas pero la jueza federal María Servini lo sobreseyó cuando comprobó que Lambiris, apodado “El Uruguayo”, no había pagado los pasajes del funcionario ni de su familia.
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El amigo de Echegaray amasó su fortuna con el negocio de los depósitos fiscales. Desde 2007 aparece ligado a la firma LW Logística y Cargas SRL. Y en enero de este año creó otra firma, LZ Desarrollos inmobiliarios SA, dedicada al rubro inmobiliario.
Según la denuncia de Sánchez Ibarra, los Lambiris conservan su poder de fuego dentro a la Aduana.
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