El senador Nacional Martín Lousteau dio positivo de coronavirus. Lo informó hoy a través de las redes sociales, en la previa de la sesión en la Cámara Alta para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura, y luego del encuentro del que participó ayer, en comisión, para analizar el nuevo blanqueo que propone el Gobierno.
“Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo”, señaló el senador radical. “Si bien uso siempre barbijo en lugares cerrados, ayer al hablar en la comisión (como hacemos siempre todos en nuestras intervenciones para que sean entendibles para todos) me lo saqué, así que avise rápidamente a quienes estaban cerca de mío en este instante”, completó.
Con relación a la reunión informativa sobre la iniciativa impulsada por el senador K Oscar Parrilli, el ex embajador argentino en Estados Unidos protagonizó un cruce con uno de los expositores invitados, el economista del oficialismo y director del Banco Nación, Guillermo Wierzba, a quién le pidió que defina el concepto “fuga de capitales”.
“Si uno entiende que los recurso radicados en Argentina deben ser dedicados al desarrollo nacional, la radicación de activos externos constituye un problema en los países periféricos”, contestó el economista invitado.
“¿Si alguien tiene un depósito y lo saca al exterior es fuga?”, insistió Lousteau a lo que se le respondió que sí. “Entonces ¿si alguien, una persona o una provincia, tiene un depósito en el país y lo radica en un banco del exterior, es fuga?”, volvió a preguntar el senador radical.
Wierzba dijo que era un problema semántico pero dijo que sí, es fuga. “¿Si alguien tiene un depósito y lo saca y lo mete en una caja de seguridad, es fuga, técnicamente es fuga?”, preguntó una vez más Lousteau, a lo que el invitado por la bancada del Frente de Todos respondió, “sí”.
Con relación a la sesión de hoy en el Senado, a partir de las 14, el proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura, el estratégico organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces.
La semana pasada, el oficialismo logró avanzar con un dictamen único en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia tras negociar con el senador rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones).
El proyecto impulsado por el Gobierno había sufrido un traspié hace 15 días: el oficialismo sacó un dictamen propio pero luego tuvo que desistir de llamar a sesión -como tenía previsto- debido a que no contaba con los votos suficientes.
Para destrabar la situación, fueron incorporados al texto los planteos de Weretilneck y Solari Quintana, que reclamaban “más federalismo” en la constitución del organismo. Así, el Gobierno se aseguró los votos para obtener hoy la media sanción del proyecto.
Entre los cambios que aceptó el bloque del Frente de Todos, se destaca la incorporación de consejeros -representantes de los jueces y de los abogados- de las cuatro regiones del país: Norte, Sur, Centro y AMBA. Esas regiones estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.
A su vez, el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, “a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”. Además, a las cuatro comisiones que integran el Consejo actualmente (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación) se le sumará una quinta: de Asuntos Federales.
A cambio de aceptar estos aportes, Weretilneck aceptó excluir al representante de la Corte Suprema. Este es uno de los puntos que genera más tensiones entre el oficialismo y la oposición. De hecho, Juntos por el Cambio presentó en comisión su propio despacho en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura. Cabe destacar que quitarle atribuciones al Máximo Tribunal había sido uno de los objetivos políticos de la reforma que Cristina Kirchner impulsó en 2006, cuando se modificó la constitución del organismo.
El proyecto del oficialismo también amplía la cantidad de consejeros de 13 a 17, y quedaría compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. La oposición denuncia que así se mantendrá la preeminencia del “sector político”.
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