El Senado de la Nación debatirá hoy, en una sesión especial a partir de las 14, el proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura, el estratégico organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces.
La semana pasada, el oficialismo logró avanzar con un dictámen único en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia tras negociar con el senador rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones).
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El proyecto impulsado por el Gobierno había sufrido un traspié hace 15 días: el oficialismo sacó un dictamen propio pero luego tuvo que desistir de llamar a sesión -como tenía previsto- debido a que no contaba con los votos suficientes.
Para destrabar la situación, fueron incorporados al texto los planteos de Weretilneck y Solari Quintana, que reclamaban “más federalismo” en la constitución del organismo. Así, el Gobierno se aseguró los votos para obtener hoy la media sanción del proyecto.
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Entre los cambios que aceptó el bloque del Frente de Todos, se destaca la incorporación de consejeros -representantes de los jueces y de los abogados- de las cuatro regiones del país: Norte, Sur, Centro y AMBA. Esas regiones estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.
A su vez, el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, “a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”. Además, a las cuatro comisiones que integran el Consejo actualmente (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación) se le sumará una quinta: de Asuntos Federales.
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A cambio de aceptar estos aportes, Weretilneck aceptó excluir al representante de la Corte Suprema. Este es uno de los puntos que genera más tensiones entre el oficialismo y la oposición. De hecho, Juntos por el Cambio presentó en comisión su propio despacho en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura. Cabe destacar que quitarle atribuciones al Máximo Tribunal había sido uno de los objetivos políticos de la reforma que Cristina Kirchner impulsó en 2006, cuando se modificó la constitución del organismo.
El proyecto del oficialismo también amplía la cantidad de consejeros de 13 a 17, y quedaría compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. La oposición denuncia que así se mantendrá la preeminencia del “sector político”.
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Este “desequilibrio” entre los estamentos fue el que la Corte utilizó como argumento en diciembre pasado para declarar inconstitucional la actual integración de 13 miembros (más representantes de la política -siete- que de los técnicos -seis-). El Máximo Tribunal también estableció que el 15 de abril será la fecha límite para reformar el Consejo. Si no se dicta una nueva norma, deberá volver a su composición original de acuerdo a su viejo reglamento, con la Corte Suprema como principal autoridad.
Por eso, el Gobierno se encuentra muy presionado por los tiempos, ya que incluso si obtiene media sanción quedaría apenas una semana para que el proyecto sea también aprobado en Diputados, donde todavía no está claro cómo alcanzaría una mayoría especial de 129 votos.
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En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 117 diputados y todo parece indicar que sumará cuatro votos más del bloque Provincias Unidas. En cambio, los tres diputados cordobeses del Interbloque Federal votarían en contra luego de que el gobernador Juan Schiaretti se pronunciara a favor de que un miembro de la Corte presida el organismo.
El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, deberán convencer a los cinco diputados restantes del Interbloque Federal. Así y todo, todavía restaría conseguir tres votos poco probables ya sea dentro de Juntos por el Cambio, la izquierda, el bloque SER o los libertarios. Por el momento, el “poroteo” no es alentador para el Gobierno y el fracaso de la reforma generaría un descalabro institucional en la Justicia.
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