Javier Milei recibe hoy a Christopher Landau en Casa Rosada tras acordar cambios en la ley sobre Malvinas

El presidente Javier Milei recibirá al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, esta mañana en la Casa Rosada. El encuentro se produce en medio de las observaciones que la administración de Donald Trump realizó sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las sugerencias que emanaron desde Washington referían a que la redacción original podía afectar empresas vinculadas que no estuvieran involucradas de manera directa con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

En una conferencia realizada este jueves en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, Landau sostuvo que la legislación es una cuestión de las autoridades argentinas, pero admitió que Washington sigue de cerca sus consecuencias para el sector privado estadounidense. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”, afirmó.

Participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. Se prevé que entre los temas de conversación se incluyan aspectos vinculados a la seguridad y la “lucha contra el terrorismo” en la región, así como de las diferentes políticas de apoyo económico que ambos países vienen manteniendo en los últimos años.

Un régimen sancionatorio con alcance sobre socios y proveedores

Aunque quiso ser desmentido por funcionarios del Gobierno, fueron los mismos integrantes de la administración estadounidense quienes reconocieron su preocupación por la redacción original del proyecto por Malvinas. La iniciativa no alcanzaba solo a las firmas que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con actividades petroleras sin autorización argentina.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del Título I. La preocupación se concentraba en las penalidades contra compañías asociadas con las petroleras que trabajan en Malvinas y que fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

El oficialismo postergó el tratamiento parlamentario ante la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. Aun así, podría no tardar en reactivarse. La Cámara de Diputados podría abordar el proyecto hacia finales de octubre, aunque otras fuentes consultadas señalaron que la fecha aún no estaba definida; las estimaciones internas marcan que los números estarán disponibles después de que se terminen de configurar los cambios.

Las conversaciones con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) derivaron en la promesa oficial de habilitar cambios.

Entre los cambios principales, se limitarán las sanciones exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales en territorio argentino, lo que exime a fondos de inversión indirectos. También se incorporará que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional tenga la facultad de aceptar o rechazar inversiones de estados y empresas con capitales extranjeros, y se acotó la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas solo a casos en que la defensa nacional esté amenazada.

Además, el oficialismo accedió a crear una Comisión Bicameral en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional —compuesto únicamente por miembros del Ejecutivo—, como garantía para los aliados legislativos. Se modificará también el polémico artículo 111, que penaliza la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El reclamo de soberanía y el futuro del comité de la ONU

La discusión legislativa coincidió con la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro en el que la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo de soberanía ante el Reino Unido. Landau respaldó la eliminación como parte de una reforma general de los organismos multilaterales.

“El comité, a través de los años, ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos, el caso de Puerto Rico y otros temas”, planteó el funcionario. También señaló que existen numerosos comités que “a través de los años no han hecho casi nada” y pidió no interpretar la reforma como una decisión vinculada específicamente con Malvinas.

Quirno calificó el reclamo argentino como “innegociable” y sostuvo que una eventual desaparición del comité no modificaría la posición nacional. Explicó que las resoluciones que respaldan la causa son generales de las Naciones Unidas y no dependen de un organismo en particular, aunque reconoció que se trata de un ámbito de interés porque la Argentina presenta allí su posición todos los años.

La Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización. El canciller atribuyó la decisión a razones técnicas, mientras sectores de la oposición la interpretaron como un gesto hacia Washington.

En la Casa Rosada admitieron que la iniciativa estadounidense llegó en un momento inconveniente para el debate sobre la ley. Funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron que la eliminación del comité no sería favorable porque permite mantener el reclamo jurídico argentino, aunque no esperan avances concretos en la disputa de soberanía y consideran que Trump busca dar una batalla discursiva sobre el tema.

Fondos estadounidenses y la cuestión china

La visita de Landau incluyó anuncios de cooperación en seguridad y negociaciones sobre inversiones. Quirno detalló que la administración Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico: USD 7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, que prevé un respaldo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

Ante una consulta sobre el uso de tecnología china en obras de infraestructura, Quirno negó que existiera una política de discriminación. Dijo que las decisiones responden a análisis sobre seguridad informática y a la necesidad de ser más cuidadosos respecto de quiénes controlan las tecnologías utilizadas en el país.

Landau fue más enfático sobre las visas como herramienta de política exterior. “Por algo me llaman el quitavisas”, afirmó, antes de explicar: “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”.

El funcionario estadounidense elogió la sintonía con el Gobierno argentino y aseguró que no existe “otro país en todo el mundo” con el que Estados Unidos esté tan alineado. Señaló que los acuerdos comerciales entre ambos países pueden atraer inversiones masivas y abrir una “nueva era dorada” para la Argentina.

Consultado sobre si el respaldo estadounidense dependía de una victoria de Milei en 2027, Quirno respondió que el único condicionamiento era mantener el rumbo económico. Mencionó el crecimiento, el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal como condiciones para dar previsibilidad a inversiones de largo plazo.