Acorralado por la falta de mayorías, el Gobierno se resigna a avanzar en el Congreso sólo con proyectos de consenso

La votación del acuerdo con el FMI -que dejó la interna del Frente de Todos en carne viva- y el accidentado camino que está atravesando el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura pintan un panorama complicado para el Gobierno de cara al nuevo año legislativo.

Las últimas elecciones dejaron al oficialismo sin mayoría y envalentonaron a una oposición que busca marcarle la cancha al Gobierno en cada oportunidad que se presente.

Este panorama quedó claramente plasmado durante la negociación del proyecto de acuerdo con el FMI: el oficialismo tuvo que aceptar todas las modificaciones al texto que pretendía Juntos por el Cambio por no contar ni siquiera con los votos de su propio bloque. Finalmente, los diputados que responden a La Cámpora y a Cristina Kirchner votaron en contra.

Esta semana en el Senado, Cristina Kirchner no pudo avanzar con la sesión que tenía prevista para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura. Tuvo que sentarse a negociar y aceptar los pedidos del rionegrino Alberto Weretilneck para poder sacar un dictamen unificado en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y garantizarse así los votos para el próximo miércoles.

Sin embargo, el futuro del proyecto que impulsa el Gobierno es incierto. En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 117 diputados y todo parece indicar que sumará cuatro votos más del bloque Provincias Unidas. En cambio, los tres diputados cordobeses votarían en contra luego de que el gobernador Juan Schiaretti se pronunciara a favor de que un miembro de la Corte presida el organismo.

El rol de los jueces de la Corte es uno de los principales puntos de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Frente de Todos entiende que los magistrados del Máximo Tribunal no tienen que tener ninguna participación, desde Juntos por el Cambio apuntan a otorgarle su presidencia.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, deberán convencer a los cinco diputados restantes del Interbloque Federal. Así y todo, todavía restaría conseguir cuatro votos poco probables ya sea dentro de Juntos por el Cambio, la izquierda o los libertarios.

A esto se suma la presión por los tiempos. El 15 de abril es la fecha límite para reformar el Consejo tal como lo ordenó la Corte Suprema en diciembre pasado, tras declarar la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros porque no respeta el equilibrio entre los estamentos (más representantes de la política -siete- que de los técnicos -seis-).

La agenda judicial es la que acumula más problemas para el oficialismo. La Casa Rosada no logra consenso ni siquiera al interior del Frente de Todos para avanzar con la reforma de la Justicia anunciada en varias oportunidades por Alberto Fernández.

La designación de Daniel Rafecas como Procurador General, impulsada por el propio Presidente, también continúa en el limbo legislativo. Desde junio del año pasado el pliego del fiscal duerme en el Senado. El kirchnerismo había dejado trascender que no apoyaría la designación hasta que no se reforme el Ministerio Público Fiscal, que tenía entre sus puntos más resistidos el cambio de la mayoría necesaria para el nombramiento del jefe de los fiscales. De una especial, que involucra el acuerdo con la oposición, el kirchnerismo busca que pase a una simple, que deja al kirchnerismo con las manos libres para imponer un procurador de manera autónoma.

Por su parte, la oposición tampoco mostró apuro por tratar la designación ya que sigue cómoda con el interinato de Eduardo Casal. Especialmente si se tiene en cuenta que en menos de dos años podría impulsar un nombre propio si Juntos por el Cambio llega al gobierno.

Con demasiados frentes abiertos y en un contexto social y económico cada día más complejo, la Casa Rosada también decidió dejar en el freezer la nominación de una candidata para reemplazar a Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, que seguirá funcionando con cuatro miembros. La juez había renunciado en noviembre de 2021, y Alberto Fernández debió haber propuesto a su sucesora antes que venciera el plazo legal del decreto que en 2003 firmó junto a Néstor Kirchner.

Las constantes críticas al Máximo Tribunal y a la Justicia en general de los sectores kirchneristas no hacen más que dificultar los consensos que hay que lograr con Juntos por el Cambio. Cabe recordar que son necesarios dos tercios de los miembros presentes del Senado.

Dentro del bloque oficialista en Diputados reconocen que con la actual relación de fuerzas todos los proyectos que generen polémica no serán debatidos. Es una forma de evitar el desgaste político que ya sufrió el Gobierno con el fracasado proyecto de Presupuesto y el acuerdo con el FMI.

Entre los proyectos “de consenso” que podrían ser debatidos en los próximos meses se destaca la nueva ley de HIV, que fue presentada nuevamente esta semana -tras no ser tratada durante las sesiones extraordinarias- por más de 50 diputados de diferentes bloques.

La iniciativa busca garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento, tanto en prestadores públicos como privados, para todas las personas expuestas o afectadas al VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis; promover las campañas masivas de difusión, testeo y prevención de contagios; aumentar la capacitación e investigación; y crear una comisión nacional interministerial e intersectorial con representantes de la sociedad civil.

También llegarían a buen puerto las leyes del “paquete productivo”, como la del desarrollo de la producción de cáñamo y cannabis, la ley de Desarrollo Agroindustrial y la de Movilidad Sustentable, que crea un régimen que promoverá diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción y comercialización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables.

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