Demasiados frentes abiertos, muchas batallas simultáneas, en un contexto social, económico y político que limita el margen de acción. En medio de la pelea interna con el kirchnerismo por el rumbo del Gobierno, con los empresarios por el precio de los alimentos, con el campo por la suba de las retenciones y con la oposición, el presidente Alberto Fernández decidió -por el momento- no nominar a su candidato para reemplazar a Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, que seguirá funcionando con cuatro miembros.
La decisión se la comunicó a un funcionario de su confianza en las últimas horas, en simultáneo con el mensaje crítico sobre el funcionamiento de la Justicia que ofreció ayer, en el marco del encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior.
“Si la Justicia no actúa de modo que tiene que actuar, el sistema se quiebra, la credibilidad se pierde y la sociedad sufra más, por eso es permanente mi reclamo a que la Justicia se revise y se de cuenta que no está funcionando como debería estar funcionando”, señaló el jefe de Estado.
A esta inacción oficial en el terreno judicial se suma la dificultad del Gobierno para reformar el Consejo de la Magistratura y lograr el aval político para el pliego de Daniel Rafecas como reemplazo del procurador Eduardo Casal, mientras el kirchnerismo avanza en esta área y vuelve a reclamar el voto popular para la elección de los magistrados.
“Si ante cada decisión que toma el Congreso que no le gusta porque pierde una votación Cambiemos va a ir a al Corte Suprema, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema, porque la realidad es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y un sector de Cambiemos usan como reaseguro al Poder Judicial cuando pierde una votación; hay discusiones que se tienen que dar, es cómo se está configurando el poder en la argentina”, señaló durante la mañana de hoy a radio El Destape el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
A finales del año pasado, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló sobre la conformación del máximo órgano de Justicia, hoy compuesto por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Hay candidatas y candidatos, pero todos sabemos que debe ser una decisión tomada según se prevé en el marco de la equidad de género y del cupo federal”, expresó en aquel momento en su habitual conferencia de prensa.
El diciembre del año pasado, además, organizaciones como Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual, reclamaron que Casa Rosada nomine a una mujer para reemplazar a Highton de Nolasco.
En una carta al Presidente, estas organizaciones promovieron “la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género, en el plazo previsto por la ley y sin dilaciones, a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina”.
Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema el primero de noviembre de 2021, y Alberto Fernández debió haber nominado a su sucesora antes que venciera el plazo legal del decreto que en 2003 firmó junto a Néstor Kirchner. El presidente incumplió la propia norma que suscribió siendo Jefe de Gabinete.
Un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado, es decir, si el Presidente quiere nominar a un dirigente necesita consensos, acuerdos, y votos, no solo del oficialismo sino de la oposición. Y si algo demostró del debate parlamentario del acuerdo que Casa Rosada negoció con el FMI es que Alberto Fernández carece de todo eso. Quizá, la convocatoria formal de Sergio Massa para lograr una especie de “pacto de la Moncloa argentino” es el puntapié para revertir esta situación.
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