En medio de las críticas por las demoras en la conformación de las comisiones y la falta de actividad en el Congreso, el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo para que la semana que viene comience el debate por la Ley de Alquileres.
El viernes pasado Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 5 de abril con el objetivo de derogar la cuestionada ley que fue sancionada en junio de 2020. Sin embargo, el principal interbloque opositor no contaba con los votos necesarios para imponer la derogación y ahora aceptó postergar la sesión. A cambio, el oficialismo se comprometió a conformar en lo inmediato la Comisión de Legislación General.
A partir del próximo martes, la comisión comenzará con el análisis de las diferentes propuestas por un plazo de 30 días hábiles. Durante dicho lapso, la Comisión de Legislación General recibirá a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual. La diputada oficialista Cecilia Moreau seguirá al frente de la comisión como presidenta, y Carla Carrizo como vice.
Los representantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio también acordaron que este problema “acuciante para inquilinos y propietarios” será tratado exclusivamente por la Comisión de Legislación General y no será girado a ninguna otra.
Desde el interbloque opositor adelantaron a Infobae que durante el próximo mes escucharán “a todos los sectores” con el objetivo de llegar al recinto con un proyecto unificado, “ya sea de derogación o de modificación”. Sin embargo, aclararon que ni siquiera considerarán propuestas “locas” como la del diputado José Luis Gioja sobre impuestos a la vivienda ociosa.
“Vamos a darle un mes y si no hay acuerdo volveremos a pedir la sesión especial. Ninguno tiene los números, buscamos esta salida para resolverlo”, explicaron desde la oposición.
Hasta hoy, las posturas dentro del oficialismo tampoco estaban unificadas. Mientras el diputado José Luis Gioja había presentado un nuevo proyecto que incluyó topes en los precios y un impuesto a la vivienda vacía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anunciado que buscaba avanzar, a través de una Resolución, con la creación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos de la ley vigente que resultaron más problemáticos: la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios.
En un principio, desde el radicalismo rechazaron la posibilidad de suspender algunos artículos y aseguraron que la derogación completa de la norma es el mejor camino.
Este jueves por la mañana, los diputados de Juntos por el Cambio se reunirán con representantes de inquilinos y del sector inmobiliario para darle visibilidad al tema y presionar al oficialismo.
La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020. Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, tanto oficialistas como opositores ahora reconocen que desde su implementación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.
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