La Defensoría del Pueblo porteña presentó sus cuestionamientos por el Distrito Joven en audiencia pública

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires se presentó este martes en la tercera jornada de audiencia pública para tratar la iniciativa del gobierno porteño llamada Masterplan Distrito Joven, por la cual se busca obtener el certificado de aptitud ambiental en este terreno de 14 hectáreas, ubicado en la costanera norte, que se busca destinar a espacios recreativos, culturales, gastronómicos y de entretenimiento. Allí criticaron los Términos de Referencia del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental.

La presentación fue realizada por la arquitecta Bárbara Rossen, por instrucción de la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños. Allí criticó los Términos de Referencia del proyecto, a los cuales calificó de “inexactos, desactualizados e insuficientes”, y al Estudio de Impacto Ambiental, al cual también criticó por “inexacto, insuficiente y, sobre todo, perjudicial”.

Según la arquitecta, el estudio “no analiza un proyecto urbanístico de escala metropolitana, sino apenas la puesta en valor de una franja de terreno”. “Se pierde de vista que el Masterplan se articula en forma inmediata con un aeropuerto internacional, un inmenso estuario (escasamente estudiado), una Reserva Ecológica y un gran espacio en conflicto como Costa Salguero”, agregó.

Asimismo, la arquitecta aseguró que como “el agua del Rio de la Plata está contaminada y toda la ribera porteña se encuentra entre el Riachuelo (una de las tres cuencas más contaminadas del planeta) y el arroyo Medrano (también contaminado), a este Estudio se le debió exigir que valore este problema, para planificar las medidas destinadas a mitigar los riesgos cuando las actividades se pongan en funcionamiento”.

La representante de la Defensoría del Pueblo pidió que “la autoridad de aplicación (la APRA) tenga un elevado nivel de exigencia a la hora de evaluar este estudio”, ya que “nuestra experiencia frente a los estudios aprobados por el Gobierno porteño no es alentadora”, aseguró la arquitecta.

Entre otros puntos, Rossen cuestionó que el mencionado estudio destaca que le faltó información: “¿Por qué se presentó el Estudio si no se contaba con información necesaria? Al desinterés por la calidad de la información técnica se suma el uso de fuentes de información desactualizadas”, aseguró la arquitecta y citó dos ejemplos: “Para el caso de la calidad del agua se utilizan informes de ACUMAR del año 2012, no obstante, este organismo informa de manera permanente a cerca de la calidad del agua. Y, para el análisis de los Residuos sólidos urbanos, se utiliza un cuestionable estudio de la facultad de ingeniería del año 2011, pese a que existe información más actualizada, oficial y privada”.

Las controversias detrás de la ley

En abril de 2018, la Legislatura sancionó por 42 votos a favor y 16 en contra la ley que prevé la creación del Distrito Joven en la Costanera. Durante el debate legislativo y las audiencias públicas previas, representantes de organizaciones de protección al medio ambiente, como Vida Silvestre, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), manifestaron su preocupación por los alcances de la ley.

El grueso de las inquietudes respondía a si el nuevo Distrito incluiría entre sus zonas de ejecución los terrenos en que está ubicado el Parque de la Memoria y la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, que linda con los edificios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. En esa incertidumbre también sumó su voz el decano de aquella casa de estudios, Juan Carlos Reboreda, quien pidió la exclusión de los predios de la UBA.

Es que el distrito joven abarca desde la Reserva hasta el complejo Costa Salguero, y prevé un corredor que irá desde la calle La Pampa hasta la avenida Sarmiento.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio para la Ciudad aseguró: “Quieren reprivatizar la Costanera, cuando el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad dice que es de acceso público y libre. Se continúan entregando bienes de dominio público”.

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