Juntos por el Cambio volvió a pronunciarse en contra de la marcha hacia la Corte Suprema para exigir la renuncia de sus miembros y calificó a la iniciativa oficial como “un acto de suma gravedad institucional”.
La movilización, que tendrá lugar el 1° de febrero, impulsada por distintos sectores del kirchnerismo y que tiene el aval del Gobierno, es considerada por la oposición como “otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.
En un comunicado, la coalición opositora señaló que ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos.
“El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República”, señaló Juntos por el Cambio.
Además, recordó que el Gobierno intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, y trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un Procurador General afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción.
“La firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por Cambio ha impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente. Simultáneamente, se ha tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo lawfare, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces”, remarcaron.
También hicieron hincapié en la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno, socavando permanentemente la credibilidad de las sentencias judiciales.
En ese sentido, dijeron que “resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuera presa política, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas”, en alusión a Milagro Sala.
Recordaron que la remoción de los jueces debe seguir un procedimiento que figura en la Constitución Nacional, en los artículos 52, 59 y 60, y que deben contar con el aval del Congreso. “Este procedimiento no puede ser sustituído por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”, destacaron en el comunicado.
Por último, señalaron que los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio ratifican su compromiso absoluto con la defensa de la Constitución y con la independencia de la Justicia, y dijeron que no tolerarán que se siga menoscabando la credibilidad de los jueces.
A la vez, exhortaron al Gobierno Nacional a seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores.
Tras el comunicado, varios referentes del espacio también se pronunciaron a través de las redes sociales. “Que el Gobierno acompañe una marcha en contra de la Corte Suprema es un grave ataque a las instituciones. La división de poderes es una de las bases de la democracia. Estos atropellos preocupan e indignan”, dijo el diputado Diego Santilli.
Por su parte, Patricia Bullrich planteó: “La marcha contra la Corte es un atentado al principio básico de una República democrática y su división de poderes. Nos preocupan los atropellos del Gobierno al Poder Judicial. Estas acciones ponen nuestra Patria en peligro. ¡Estamos en alerta!”
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