Con aval de Carrió, la Coalición Cívica denunció ante la OEA el ataque del Gobierno y Cristina Kirchner a la Corte Suprema

Con aval de Elisa Carrió, los diputados que integran el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja denunciaron ante la Organización de Estados Americanos al gobierno de Alberto Fernández y sectores alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner por la embestida contra el Poder Judicial y la marcha convocada para la semana que viene contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En la misiva, a la que tuvo acceso Infobae, los legisladores plantearon al secretario General de la OEA, Luis Almagro, una serie de episodios que configurarían “violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa, más específicamente a la separación e independencia de los poderes públicos”.

“Acudimos a la Organización de los Estados Americanos. una vez más y le solicitamos se tenga por formulada esta presentación en los términos y con los alcances de la Carta Democrática. La asistencia de la OEA que solicitamos es la misma que la realizada en las misivas de fecha 11 de junio del 2020 y 17 de septiembre de 2020, a los fines de hacer un seguimiento de la situación que denunciamos con la finalidad de que ese seguimiento preserve la institucionalidad democrática en la Argentina y evite mayores riesgos en su proceso político”, establece en su conclusión la carta enviada al diplomático.

El principal episodio que denunció la Coalición Cívica fue la marcha convocada para el próximo 1° de febrero contra los jueces del máximo tribunal. “A las constantes declaraciones de la Vicepresidente de la Nación contra el funcionamiento de la Justicia en general, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus integrantes, en particular, se suma ahora la convocatoria a una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación promovida por dirigentes políticos, funcionarios judiciales afines al Poder Ejecutivo y funcionarios públicos de alto rango del gobierno nacional”, alerta la carta.

Y resaltan los legisladores que “bajo la consigna 1F Marchamos a la Corte, referentes políticos, sociales y sindicales convocaron a una marcha en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los primeros que expresó el motivo de la marcha fue el dirigente Luis D´Elía – quien en algún momento expresó que fue el vocero oficioso de Néstor Kirchner y quien expresaba lo que éste no podía decir”.

“D’Elía expresó que no fue él quien organizó la marcha, sino que la misma fue organizada por el juez federal Juan María Ramos Padilla y otros funcionarios judiciales afines al kirchnerismo”, destacó la carta. Y denuncia: “Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien”.

La carta, que según pudo saber contó con el aval de Carrió, fue firmada por los diputados Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Mariana Zuvic, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Carolina Castets.

En la acusación, los diputados firmantes resaltaron las declaraciones pronunciadas anoche por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de su llegada a Honduras para asistir a la jura de Xiomara Castro como presidente de ese país. “En esta década y media también surgen retrocesos en los pueblos. No ya por golpes militares. Ahora ya no es necesario llevar a militares a educarse a Panamá. Ahora se necesitan jueces educados en comisiones y foros. De la misma manera que se financiaban los golpes militares se comienzan a financiar los golpes judiciales. De las mismas maneras y con los mismos financiadores”.

La Coalición Cívica también reunió las últimas manifestaciones públicas que pronunciaron altos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, entre los que se destacó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, la titular de la AFI, Cristina Caamaño, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, entre otros, con cuestionamientos hacia los jueces del máximo tribunal y en respaldo a la manifestación convocada frente al Palacio de Justicia.

Finalmente, los diputados resaltaron que entre los sectores que adhirieron a la movilización contra la cabeza del Poder Judicial está “la agrupación Justicia Legítima, que es una agrupación de funcionarios judiciales afines al Frente de Todos, emitió un comunicado en el que expresa: “apoyamos y concurriremos a la Marcha #1F para sumarnos a expresar el repudio popular y peticionar colectivamente a las autoridades la urgente Democratización de la Justicia con perspectiva de género, el fin del Lawfare, la reformulación de la instancia más alta del Poder Judicial, verdadero y último sustento de esas prácticas judiciales cuya gravedad se devela día a día con mayor intensidad”.

Carta Democrática

En la misiva, la Coalición Cívica evocó la posible violación a la Carta Democrática de la OEA debido a la embestida del gobierno nacional y de sectores kirchneristas contra los jueces, al advertir que “las declaraciones y maniobras reseñadas, se dan de bruces con el marco normativo internacional y nacional, y por lo tanto la situación amerita poner en su conocimiento los hechos relatados a efectos de que tome la debida intervención”.

“Es válido recordar que la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 3 establece que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Finalmente, señaló que entre los compromisos fundamentales de los países que integran el sistema interamericano está el siguiente: “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

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