Multinacionales piden ampliar a más de 10 años la estabilidad jurídica en Panamá

Panamá enfrenta el reto de mejorar su competitividad para atraer más empresas multinacionales, pese a que ya cuenta con 192 compañías instaladas bajo regímenes especiales, un crecimiento que refleja el potencial del país, pero también sus limitaciones estructurales.

Así lo planteó Tony Roldán, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM), quien advirtió que, para sostener este dinamismo, el país debe avanzar en reformas clave como la actualización de la ley de estabilidad jurídica, la agilización de visados y el fortalecimiento del capital humano, especialmente en el dominio del idioma inglés.

Roldán subrayó que uno de los principales desafíos es la limitación de la estabilidad jurídica a un periodo de 10 años, lo que no se ajusta a la realidad de las inversiones de largo plazo.

“Las empresas no invierten por diez años, invierten de forma continua”, planteó, al insistir en la necesidad de armonizar la legislación panameña con estándares internacionales para mantener la competitividad frente a otros países.

La Ley 54 de 22 de julio de 1998, que establece el régimen de estabilidad jurídica para las inversiones en Panamá, garantiza a inversionistas nacionales y extranjeros que, una vez registrado su proyecto ante el Ministerio de Comercio e Industrias, no serán afectados por cambios posteriores en el régimen impositivo, laboral o aduanero vigente al momento de la inversión.

Roldán también indica que es necesario actualizar los procesos migratorios y de visado, que requieren mayor agilidad para facilitar la llegada de talento especializado que complemente el desarrollo de operaciones en el país.

Otro punto crítico es el déficit en capital humano, donde el idioma inglés se mantiene como la principal barrera para que más panameños accedan a empleos en multinacionales. Roldán advirtió que, además del idioma, se requieren habilidades digitales y competencias blandas, lo que ha llevado al sector privado a impulsar iniciativas como la Academia SEM, enfocada en conectar talento universitario con las necesidades de las empresas.

En ese contexto, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, coincidió en que el país no puede “seguir haciendo más de lo mismo” y debe apostar por el fortalecimiento del capital humano y la diversificación económica.

Señaló que Panamá ha mostrado un rezago en esta área, lo que limita la capacidad de atraer inversiones de mayor valor agregado, especialmente en sectores como la industria y la manufactura, que ofrecen mayor estabilidad y mejores salarios.

Jurado también puso el foco en la necesidad de revisar el desempeño del régimen EMMA, que no ha tenido el mismo éxito que el régimen SEM. Mientras este último ha logrado atraer más de 190 multinacionales, EMA apenas ha captado 2 empresas, lo que evidencia fallas estructurales. Entre los factores señalados están la rigidez laboral, deficiencias en infraestructura y limitaciones en servicios básicos, como agua y energía, elementos clave para el desarrollo industrial.

El dirigente gremial destacó además la importancia de mantener reglas claras y estabilidad jurídica, tanto para inversionistas extranjeros como para empresas locales. “No podemos cambiar las reglas del juego constantemente”, advirtió, al señalar que la incertidumbre regulatoria puede frenar decisiones de inversión.

También insistió en que el país debe diversificar su matriz económica, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales como construcción y servicios, e impulsando la producción de bienes con valor agregado para mercados internacionales.

Estas posiciones fueron parte del Foro Gobernabilidad, Transparencia y Competitividad, organizado por CASEM, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) e INCAE, que reunió a más de 150 líderes del sector público, privado y multilateral para discutir los retos de Panamá en materia de inversión y desarrollo económico.

Durante el evento, se destacó que la competitividad depende no solo de incentivos, sino de la capacidad del país para eliminar barreras, agilizar procesos y fortalecer la coordinación institucional.

En esa misma línea, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, enfatizó que en la economía global actual la confianza institucional se ha convertido en el principal activo de las naciones.

Señaló que las decisiones de inversión ya no dependen únicamente de beneficios fiscales o ubicación geográfica, sino de factores como la transparencia, la estabilidad jurídica y la predictibilidad a largo plazo, elementos clave para atraer capital de calidad.

Ábrego destacó que Panamá alberga actualmente 192 empresas multinacionales bajo el régimen SEM, con un impacto económico superior a $1,400 millones en inversión extranjera directa, lo que ha contribuido a la generación de empleo, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento del capital humano.

Sin embargo, subrayó que el objetivo del país no es solo atraer inversión, sino atraer inversión de calidad, que genere innovación, valor agregado y desarrollo sostenible.

La funcionaria también mencionó iniciativas impulsadas por el MICI para mejorar el entorno de negocios, como la digitalización de procesos, la reorganización de PROPANAMÁ y el fortalecimiento de los regímenes SEM y EMMA, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica y eficiencia a los inversionistas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a Panamá como un hub regional de inversión, innovación y servicios globales, dijo la funcionaria.

En paralelo, el país avanza en su aspiración de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que implica adoptar estándares internacionales de gobernanza, transparencia y regulación.

Este proceso, según coincidieron los participantes del foro, es clave para mejorar la credibilidad internacional de Panamá y consolidar su posición como destino competitivo en un entorno global cada vez más exigente.

En conjunto, el mensaje del sector público y privado apunta a una misma dirección: Panamá tiene el potencial para seguir atrayendo inversión, pero necesita avanzar en reformas estructurales, fortalecer su capital humano y garantizar un entorno de negocios estable, transparente y predecible, capaz de competir con los principales centros de inversión del mundo.