“La gravedad que ha alcanzado el fenómeno del narcotráfico en la Provincia de Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo, a proteger a los sectores sociales más vulnerables, en particular, a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día se encuentran sometidos a la nueva esclavitud que genera este flagelo.” Esta es una de las propuestas hechas por los expertos que se reunieron el pasado 15 de diciembre para analizar la problemática planteada por el accionar creciente de las bandas de crimen organizado en la provincia de Santa Fe.
El encuentro -que se desarrolló en forma virtual- fue organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH) que dirige Juan Félix Marteau, con el apoyo institucional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y de Infobae en el marco del programa “Diálogo para la Acción Práctica”.
Esta fue la primera reunión de expertos en seguridad y justicia penal con el objetivo de lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas eficaces para impedir la consolidación de estas redes delictivas en ciudades estratégicas del país. En esta oportunidad estuvieron invitados como expositores los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En su charla los fiscales dieron una aproximación sobre la respuesta judicial al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. El término de la exposición y una vez que se retiraron, los expertos analizaron diferentes aspectos que consideraron centrales para enfrentar al narcotráfico y elaboraron un documento, al que tuvo acceso Infobae, con 10 puntos, que a juicio de los especialistas, deberían tomarse para enfrentar a las bandas narco.
Allí destacaron la situación crítica que atraviesa desde larga data la provincia de Santa Fe, donde se pudieron constatar prácticas mafiosas que, “amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado (como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves), han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar, no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también, la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos.”
Asimismo, los expertos explican en el documento que “la complejidad del fenómeno se explica por la conjunción de variables tales como debilidades institucionales del Estado en todos sus niveles y poderes, carencias del proceso de democratización en estas últimas décadas, incidencia de una corrupción transversal a la sociedad y los partidos políticos en todos sus estamentos, pobres niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad, localización geográfica estratégica vinculada al comercio terrestre y fluvial -incluida la explotación de la Hidrovía-, la degradación sistémica de la calidad de vida en las periferias urbanas y, más recientemente, los efectos que la pandemia del COVID-19 ha producido sobre los mercados ilícitos.”
Los especialistas alertaron además que pese al encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes no disminuyeron los altos índices de violencia en la provincia de Santa Fe ni tampoco ha menoscabado la capacidad de esos grupos de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales.
Destacaron también que el “trabajo coordinado de la PROCUNAR, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, sumado al coraje y la valentía con la que han actuado los jueces y fiscales -no obstante, las significativas presiones que debieron soportar a la hora de cumplir con su tarea- constituye un modelo probadamente efectivo a seguir y fortalecer.”
También consideraron que es esencial y urgente la implementación del sistema acusatorio, la reestructuración legal y orgánica de la Policía de Santa Fe, la reorganización del sistema de inteligencia criminal, tanto a nivel provincial como federal, entre otros aspectos.
En otro tramo del documento indicaron que “la investigación financiera y patrimonial -complementaria a la investigación sobre el delito primario de comercio ilícito de estupefacientes- resulta imprescindible para debilitar la rentable economía ilícita que genera el narcotráfico y, así, resguardar la integridad del sistema financiero formal, teniendo particularmente en cuenta el uso distorsivo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías por parte de estos grupos criminales.”
El documento lleva las firmas -a título personal y sin comprometer la opinión de las instituciones en las que actúan- de: Juan Félix Marteau, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires; Florencia Arietto, titular de Legal and Security; Juan Belikow, profesor de la Escuela de Gobierno de ADEN University; Edgardo Buscaglia, Académico Senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia y Presidente del International Law & Economic Development Centre; Diego Gorgal, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Universidad Austral, de la Universidad de Tres de Febrero y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; Eugenio Burzaco, ex Secretario de Seguridad de la Nación, profesor de la UTDT; Alberto Föhrig, Director del Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la Universidad de San Andrés; Ricardo Spadaro, Director del Posgrado en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado de la UBA y Martín Verrier, Senior Research Fellow del King’s College London.
El CESH, a través de la Coordinación Académica de Sebastián Martinenco, recibirá propuestas de trabajo, colaboraciones y adhesiones sobre el programa “Diálogo para la Acción Práctica”.
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