Tras los ataques a balazos, los fiscales denuncian que el gobierno de Santa Fe no les brinda seguridad

La Asociación Argentina de Fiscales manifestó su preocupación tras un nuevo ataque a balazos contra el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario donde se desarrolla el juicio oral contra Ariel “Guille” Canteros, líder de la organización delictiva “Los Monos”.

En una carta dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, la entidad manifestó que “no escapa a nadie las circunstancias en que se producen estos episodios, y que están dirigidos a amedrentar a todos los operadores de justicia vinculados a la persecución del crimen organizado.” En ese sentido, remarcó que el objeto del proceso es por nada menos que 14 atentados contra edificios públicos y domicilios particulares de magistrados y funcionarios judiciales que entendieron en causas anteriores.

En la misiva recordó la AAF que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores, y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta la circunstancia de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con la debida diligencia.”

Asimismo -en consonancia con lo que ya había señalado la Federación Argentina de la Magistratura- la Asociación Argentina de Fiscales advirtió que “la sucesión de atentados de características similares solamente puede ser interpretado como una provocación a las autoridades estatales y una demostración de poder e impunidad por parte de los autores” y agregó “estas acciones extorsivas han traspasado límites que las instituciones no pueden permitir que sean vulnerados.”

En la carta destaca la entidad que la reacción estatal debe activarse antes de que se produzcan consecuencias irreversibles. “El Estado tiene la obligación de velar por la imparcialidad y la independencia de los magistrados, preservadas de presiones de cualquier naturaleza y origen; y los ciudadanos tienen el derecho a contar con esas garantías”, remarcó la AAF. Resaltó además que el Ministerio Público Fiscal se encuentra fuertemente comprometido en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, “a punto tal de haber dirigido imputaciones incluso a propios integrantes.”

Los fiscales le manifestaron al gobernador Omar Perotti que la obligación de combatir la corrupción corresponde a los tres poderes por lo que el incumplimiento por parte de uno o alguno de los otros poderes atenta contra la efectividad y debilita el funcionamiento general.

En la carta dirigida al mandatario provincial la Asociación Argentina de Fiscales denunció que “ya no se trata sólo de la deficiente, nula e ineficaz actuación del Estado para garantizar la seguridad de los integrantes del Poder Judicial sino que además a eso se le agregan las barreras que encuentran tendientes a evitar la imputación de delitos conexos a la corrupción contra miembros de la legislatura provincial. Además denunció el uso frecuente por parte del poder político de los medios de comunicación para desacreditar las investigaciones”.

En otro párrafo de la carta dirigida a Perotti, la entidad que nuclea a los fiscales advirtió que los constantes ataques sufridos atentan contra la expectativa que tiene la sociedad de que cada caso sea resuelto por una Justicia independiente e imparcial.

“Frente a la gravedad institucional que se produce, y el desafío constante a la ley, sus instituciones y autoridades, por parte de estas organizaciones delictivas, solicitamos que el Poder Ejecutivo disponga medidas que no dejen lugar a dudas del sentido, direccionalidad, objeto y compromiso con los fines del Estado”, dice la nota.

Por último, la Asociación Argentina de Fiscales le hace saber al gobernador Perotti que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que se han violado al menos tres artículos de la Convención Americana de DD.HH. en relación a la obligación de garantizar el acceso a un juez y un fiscal independiente e imparcial, al debido proceso y a la justicia.

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