
Mauricio Macri sabía lo que era un procesamiento antes de saltar a la política. No era por su formación (a diferencia de otros políticos no es abogado sino ingeniero) sino porque su vida empresaria y su paso por Boca Juniors ya lo habían hecho caminar tribunales en condición de imputado. La causa Sevel -que derivó en la destitución de miembros de la Corte Suprema menemista en el inicio de la gestión krichnerista- es solo un ejemplo. El primer fallo adverso por su gestión como presidente llegó a punto de cumplirse dos años de abandonar el sillón de Balcarce 50. Sus adversarios hubieran querido que fuese antes, en cualquiera del ramilletes de denuncias que llevan el nombre del ex jefe de Estado.
Pero una cosa que siempre recuerdan sus enemigos es Mauricio Macri llegó a la Presidencia procesado. No es un detalle menor que haya sido en una causa en donde se investigaba si una asociación ilícita, que integraron distintos funcionarios, había llevado adelante escuchas telefónicas a diferentes personas. Se le puso el mote de escuchas ilegales, pero en realidad no lo eran: estaban autorizadas por jueces que también tuvieron que rendir cuentas en la justicia por esas intervenciones porque no estaban justificadas en las causas en las que se ordenaron.
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Esa causa se terminó para Macri apenas unos días después de pisar la Casa Rosada y recibir la banda y el bastón presidencial que Cristina Kirchner no le entregó. El fiscal Jorge Di Lello ya había dictaminado para ese momento que Macri no debía ser incluido entre los procesados para ir a juicio. El juez Sebastián Casanello firmó su sobreseimiento.

“Fui víctima de una causa armada desde la política y es falso que había una red de escuchas vinculadas a mí”, había dicho Macri en 2014 cuando era el jefe del Gobierno porteño. Sobre el expediente siempre pesaron sospechas de la actuación de servicios de inteligencia, gente de la política e integrantes del Poder Judicial en su impulso. Para el resto de los acusados, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, el mismo que hace unos días dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Los Sauces-Hotesur.
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Y sin avances concretos por parte del TOF 5, el expediente quedó herido de muerte a fines de 2018 cuando la Sala III de la la Cámara Federal de Casacion Penal dictó la nulidad de todo lo actuado. Los jueces que intervinieron dijeron que el proceso resultó viciado a raíz de que el juez federal intervino en un primer momento de oficio (Norberto Oyarbide) en un delito de acción privada, que solo puede recibir impulso del afectado. “Quedó en evidencia así una franca violación a las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal”, se sostuvo. Sin nombrarlo, Casación también puso en la mira la actuación del fallecido fiscal Alberto Nisman, que también intervino e impulsó esta causa porque uno de los denunciantes era Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA.
El fiscal ante Casación Javier De Luca tiene presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revocar esa decisión de Casación. Pero la situación legal de de Macri, en ese punto, no corre de riesgos de cambios.
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Los problemas legales para Macri, sin embargo, empezaron en abril de 2016, con cuatro meses al frente del Ejecutivo. Mientras se ordenaba la detención del ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, en el mundo explotaba el escándalo de los Panama Papers que llevaban entre esas revelaciones el apellido Macri incluido.
Al igual que en la causa de las escuchas, en el caso Panama Papers la figura de Franco Macri vuelve a cobrar un rol central. En las dos causas, el dueño del emporio Macri, ya fallecido, afirmó que él había sido el responsable de los delitos que le achaban a su primogénito. En Comodoro Py, la causa Panama Papers se cerró, pero un tramo sobrevivió en los tribunales de Inmigrante para intentar establecer si pudo existir evasión impositiva.
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El nombre de Macri está en la carátula de otros expedientes, como el caso del Correo, el contrabando de armas a Bolivia o el expediente de los Parques Eólicos. Otras causas, en tanto, salpican directamente sobre la gestión de Macri en materia judicial, como el caso de la mesa judicial o la denuncia del empresario Fabián De Souza contra el grupo Indalo.
Pero justamente las causas judiciales que avanzaron en su contra, luego de dejar el mando, un camino que parece tocarle a todo aquel que lleve el bastón presidencial, fueron por afuera de Comodoro Py y llevando la palabra “espionaje”.
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La causa que se inició en Lomas de Zamora, que habla de espionaje a políticos, presos, periodistas y greamialistas, tiene procesados a los ex jefes de la AFI macristas. El secretario privado de Macri, Darío Nieto, hoy legislador electo, tiene falta de mérito. Ese expediente ahora pasó a Comodoro Py y está siendo revisado por la Cámara Federal.
En Dolores, en tanto, nació la primera causa que apuntaba al mundo de la inteligencia en la época macrista con la figura del falso abogado Marcelo D’Alessio. De esa causa floreció el expediente por el espionaje en las bases AMBA de la provincia de Buenos Aires y cuando el entonces juez Alejo Ramos Padilla le pidió informes a la AFI, su interventora Cristina Caamaño hizo la denuncia por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Aunque se presentó en el juzgado de Mar del Plata, el caso terminó unificándose en Dolores. De allí salió ahora el primer procesamiento de Macri, que su defensa apelará en los próximos días, mientras insistirá en exigir el pase de la investigación a Comodoro Py.
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