Los planes sociales bajo análisis: menos del 25% de quienes trabajan en la informalidad cobra un ingreso del Estado

Con el objetivo de generar puestos de trabajo registrados, el Gobierno envió este viernes un proyecto de ley para reconvertir los programas y planes sociales. Este tipo de ingresos y transferencias estatales alcanza a un sector de la economía informal, tal vez la más ruidosa: la que se moviliza con marchas y concentraciones por los centros urbanos. Lo cierto es que involucra un pequeño segmento de la “economía popular”: apenas una de cada cinco personas del segmento del trabajo no registrado cobran estas asignaciones.

La conclusión se desprende del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El relevamiento busca identificar a todas aquellas personas que se dedican a actividades informales como la venta ambulante, cartoneros, pequeños agricultores, trabajadoras sociocomunitarias, obreros de la construcción, entre otras. En el informe de mayo de 2021, se indicaba que solo el 22,4% de inscriptos al relevamiento oficial percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,1% cobraba el programa “Potenciar Trabajo”.

“La enorme mayoría de los/as trabajadores/as de la economía popular registrados/as no se encuentran inscriptos fiscalmente de manera individual y no perciben ninguno de los principales programas de asistencia social y laboral”, concluía el reporte.

En su última actualización de agosto de 2021, el Renatep incorporó un total de 2.830.520 personas. En contraste, la población que trabaja en sector privado formal, público o como monotributistas suman 12.034.000. La contabilidad del sector informal no es exhaustiva: se estima que son seis millones las personas que viven del trabajo no registrado. Es un relevamiento que sigue en construcción.

El Renatep tiene su importancia: es una de las condiciones para acceder al programa “Potenciar Trabajo”, que cuenta con más de 1.100.000 beneficiarios. Sus titulares perciben como asignación un monto equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Movil (SMVM) y pueden optar, como contraprestación, en la participación de proyectos cooperativos de índole laboral, comunitaria o productiva. Están alcanzados por la Ley de Salario Social Complementario.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, señaló que el proyecto de ley de su autoría “Un Puente al Empleo” tiene como objetivo “transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal”. La iniciativa otorga facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

La heterogeneidad de los programas sociales y las cooperativas

El “Potenciar Trabajo” es una de las políticas sociales más masivas que impulsa el Estado, pero no la única. Existen otro tipo de iniciativas en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. En marzo de 2021, según datos oficiales, se contabilizaban 275.956 beneficiarios en distinto tipo de programas vinculadas a la asistencia de desocupados, promoción y sostenimiento del empleo, entre ellos el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.

Para los movimientos sociales, los programas como el “Potenciar Trabajo” no son un problema porque tienen como destinatario a la economía popular que “está organizada”. Es decir, son transferencias que impactan en el sector que se moviliza, “ganó derechos” y está sindicalizado en entidades como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que encabeza Esteban “Gringo” Castro.

Sin embargo, la realidad también es heterógenea en el campo organizado. Según fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -una de las las organizaciones alineadas con el Frente de Todos-, esta organización cuenta con cerca 230 cooperativas activas, integradas por alrededor de 4000 miembros. Llegó a tener 338 a nivel nacional, entre 2004 y 2005, que se dedicaron en ese tiempo a la construcción de cerca 7000 viviendas y urbanización con pequeñas obras civiles. Tuvieron una incursión en el sector privado, con proyectos como la edificación de una sucursal del Banco Santander o la construcción de un Club House en un country.

Una de las dificultades de dificil es “la falta de continuidad” en el trabajo de estas organizaciones, lo que les impide avanzar en su formalización y concretar trámites mínimos, como el pago del monotributo, entregar balances o sostener una cuenta bancaria. Estas irregularidades propiciaron que muchas cooperativas de la CCC se dieran de baja durante la gestión de Cambiemos. Aseguran que tienen presentadas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cerca de 300 cooperativas que esperan el otorgamiento de la matrícula.

De acuerdo a uno de los informes de la CCC, en el país existen diez cooperativas textiles que sobreviven con pequeños trabajos. Hay entidades que están realizando obras de agua y cloaca en La Matanza, Almirante Brown, Presidente Perón, Lomas de Zamora, entre otros municipiso bonaerenses. La experiencia de mejor desarrollo, evalúan, es una cooperativa de Quilmes que logró firmar convenios con el gobierno bonaerense para “elaborar kits sanitarios” durante la pandemia. También destacan la firma de un acuerdo para ser considerados proveedores de AYSA.

Otros sectores, como el Polo Obrero, rechazan que la forma “cooperativa” se convierta en una salida laboral de largo plazo. “Planteamos que pueden ser una alternativa momentánea, pero la creación de trabajo no viene por el lado de las cooperativas sino del Estado, que es el que tiene la responsabilidad de la obra pública, vivienda y urbanización”, apuntó Eduardo Belliboni, dirigente de la organización.

El Polo Obrero coordina cuadrillas de trabajo a través de las unidades ejecutoras. En el caso de esta agrupación de izquierda, son 1500 integrantes que realizan tareas mayoritariamente de servicio, y no de producción, como su participación en comedores populares, huertas comunitarias, tareas de limpieza en plazas y desmalezamiento, entre otras.

Lo cierto es que, unos y otros, consideran que las mayores necesidades no deben partir de la transformación de programas como el Potenciar Trabajo, sino de las 6 millones de personas que no están organizadas y tienen mayores niveles de desprotección. Las cooperativas y el trabajo colectivo está lejos de ser la forma de subsistencia mayoritaria.

Según los últimos datos del Renatep, la mayor parte de la población que se dedica a la economía popular lo realiza de manera individual (59,5%) mientras el 40,5% restante se organiza de manera colectiva. Algunas unidades productivas constituyen organizaciones comunitarias/sociales (23,0%) y otras son cooperativas (7,9%). El resto se distribuye en pequeños emprendimientos familiares y no familiares (6,7%), proyectos productivos o de servicios inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social (1,8%) y núcleos de agricultura familiar (1,1%).

En general, el perfil del sector se destaca por ocupaciones de baja remuneración: casi la mitad (48,1%) trabajan en comedores y merenderos, realizan servicios de limpieza o se dedican a la agricultura o venta ambulante. En estas tareas, hay un mayor preponderancia de las mujeres, mientras que las tareas vinculadas a la construcción, al jardín/poda o la mecánica, la presencia de trabajadores varones es significativamente mayor.

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