Hasta este jueves, cientos de personas ocupaban el predio conocido como “La Containera”, en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en las inmediaciones de la Villa 31 de Retiro. Allí, donde antiguamente funcionaba un basural, los vecinos del lugar instalaron un asentamiento con viviendas precarias en reclamo de una pronta solución al problema habitacional.
Finalmente, la ocupación terminó en un desalojo y sin una salida negociada, tras un importante operativo con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
La orden de la Fiscalía 11 del distrito porteño para avanzar con el desalojo arrancó minutos después de las 8, con la remoción de las casillas y carpas que formaban el asentamiento bautizado “La fuerza de las mujeres”. Se vivieron momentos de tensión, con llantos y reclamos de las familias presentes, aunque la situación se desarrolló sin detenidos ni heridos.
“Ya ha comenzado el desalojo, se han tirado abajo todas las casillas, hay fuego en el lugar con el incendio de casillas”, dijo a la agencia Télam Walter Córdoba, militante del Movimiento Somos Barrios De Pie. “Nos destruyeron el único inodoro que teníamos, que a mí mamá le costó un montón de plata. Que nos den una casa si quieren que estemos bien”, denunció entre lágrimas uno de los niños afectados en uno de los videos que se compartieron en las redes sociales.
En el lugar camiones de gran porte y excavadoras continuaban hacia el mediodía con el desalojo, junto a personal del servicio de Buenos Aires Presente (BAP).
Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, dijo a la prensa: “Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir”.
“Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa (31) no lo podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”, remarcó Sosa.
Desde la administración porteña informaron a Infobae que el operativo estaba transcurriendo este jueves “con total normalidad y tranquilidad” y “no hubo ningún tipo de violencia con nadie”.
En la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) del barrio Padre Carlos Mugica agregaron que se trabajó “con cuidado y prolijidad para preservar pertenencias, y también equipos especializados en infraestructura de electricidad y construcción para el desarme y preservación”.
La tierra en disputa
El pasado 30 de junio, el gobierno porteño había informado que “alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal” e indicaron que “desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito”.
“Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”, informaron desde el área porteña a cargo de la ministra María Migliore.
El interés del Gobierno de la Ciudad en avanzar con el desalojo correspondía a que se trataba de un “espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social”, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. El establecimiento, según el proyecto, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos.
“Esta situación impide una futura obra que va a tener un impacto positivo y directo en toda la comunidad. Los propios vecinos están a favor de la construcción de un nuevo establecimiento educativo por lo que solicitan su desalojo”, indicaron en un comunicado.
Sin embargo, las personas que ocupaban las tierras denunciaron la falta de avances en ese proyecto y, frente a la carencia de respuestas habitacionales y el aumento de los alquileres, resolvieron colocar carpas y casillas en el terreno en cuestión.
“Desde hace cuatro años están diciendo que van a construir un polideportivo y una escuela”, afirmó a Infobae Lorena, una de las vecinas. Según su testimonio, el lugar se convirtió en un basural para las viviendas nuevas de la zona, donde proliferan “ratas, escombros y todo tipo de bichos”.
Negociaciones fallidas
Lo cierto es que las conversaciones para arribar a un acuerdo fracasaron. El objetivo que buscaba el gobierno porteño era censar a las personas y conocer sus situaciones particulares para poder trabajar en soluciones conjuntas en función de sus necesidades. Sin embargo, las personas que estaban tomando el terreno rechazaron las iniciativas y se negaron a brindar información, ya que desconfían de este tipo de acciones.
Según testimonios de los ocupantes, y que constan en la causa, la intención final de este tipo de registros es otorgar una ayuda económica que no alcanza para alquilar. “La mayoría de las vecinas ya pasaron por esto y han quedado en causas por usurpación. Si no accedés al subsidio, te arman la causa. No es una solución”, comentó Lorena a este medio.
Ante la falta de avances, el 16 de julio, la Justicia porteña resolvió establecer 72 hs para que los ocupantes del predio abandonen el lugar. Una vez cumplido ese plazo, la fiscalía continuó con el proceso correspondiente de acuerdo al protocolo establecido para estos casos. Todo culminó con el avance del desalojo.
Según informaron desde programa BAP a Infobae, durante el operativo se contactaron unas 152 personas (52 familias) que estaban en los terrenos en litigio. De ese grupo, unas cinco familias fueron trasladadas a la red de Centros de Inclusión Social en el cual se va a abordar cada caso en particular de una manera integral a quienes también se les aseguran las herramientas necesarias para garantizar la escolaridad de los niños, incluyendo, entre otras cosas, los traslados diarios.
Las 47 familias restantes buscaron por sus medios un lugar en el cual hospedarse. Ante esa situación, el personal porteño puso a disposición el traslado de cada una de ellas y de sus pertenencias. Dentro de ellas, 17 familias ya contaban con el “programa habitacional para personas en situación de calle”.
Los vecinos que acampaban en el lugar contaban con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.
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