Uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los “cuadernos” se niega a ser testigo en el juicio oral en donde están siendo juzgados la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez, por el favoritismo que habría tenido el dueño de “Austral Construcciones” en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Según el escrito al que accedió Infobae, el empresario no quiere declarar como testigo ante la posibilidad de autoimputarse o de ser interrogado por las defensas, sin su propio abogado, respecto de detalles que puedan ponerlo en una fina cornisa.

Se trata de Juan Chediak, uno de los “imputados-colaboradores” del expediente denominado “Cuadernos”, en donde Cristina Kirchner también está acusada de liderar una asociación ilícita que, desde el Ministerio de Planificación, recaudaba dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado. Chediack debía presentarse este martes al juicio oral y sus asesores legales pidieron un día antes al TOF 2 la suspensión. Un detalle: hay un planteo similar que espera respuesta y que fue presentado por otro empresario, Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, también arrepentido y procesado en el expediente abierto por las anotaciones de Oscar Centeno, el remisero de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido.

Sin aludir a su condición de imputado-colaborador, Calcaterra sostuvo que había sido ofrecido como testigo, “junto con otros empresarios del sector de la construcción, bajo la argucia de que podríamos testificar porque no hemos sido convocados a indagatoria en la causa, aunque el planteo que nos propone como testigos deja entrever que, a su juicio, deberíamos haber sido imputados”.

“La formulación no es inocente”, sostuvo Calcaterra en el escrito al que accedió Infobae. “Mi citación como testigo es improcedente porque la empresa sobre cuya actividad se pretende que declare (IECSA S.A) tuvo su última inscripción anual en el registro de constructores de obras públicas de la provincia de Santa Cruz en el mes de septiembre del año 2003. Por lo tanto, no estaba habilitada para participar, ni participó, de licitaciones públicas del ramo realizadas por dicha provincia y, por ello, no pudo ser jamás una pantalla de ninguna actividad ilícita atribuida a Báez o a sus empresas en la presente causa”, dijo inicialmente Calcaterra, en la presentación de mayo de 2019. Y añadió que en la causa cuadernos está siendo “investigado sobre la base de una plataforma procesal que involucra una hipótesis de supuesto direccionamiento de obras públicas por parte de la gestión de gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, es decir una plataforma similar” al de esa causa. “No podría prestar declaración bajo juramento (no se me debe exigir) ante V.E., así lo impone mi derecho constitucional a no ser obligado a declarar bajo juramento y amenaza de pena en tanto mantenga la condición de imputado en las causas indicadas”, afirmó.

Los planteos de Calcaterra y Chediack podrían abrir un escenario que deberá definir el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y marcarán un sendero para otros empresarios citados como testigos en el juicio por la obra pública.

La expectativa, dijeron a Infobae fuentes judiciales, es que esta semana el TOF 2 resuelva el pedido de Chediack para definir si lo cita como testigo para la semana que viene. El tribunal comenzó a analizar la causa cuadernos para saber la imputación en ese expediente a Chediack y determinar si efectivamente hay una colisión de intereses entre la situación del empresario como imputado en ese caso y de su rol como testigo -que es una obligación- en obra pública. “Además lo que resolvamos va a marcar un norte para otros arrepentidos de cuadernos que hagan el mismo planteo y para Calcaterra que ya lo hizo”, explicó una fuente.

Cuando los empresarios fueron aceptados como testigos (Chediack fue pedido por la Oficina Anticorrupción y la defensa de Lázaro Báez y Calcaterra por la defensa de Cristina Kirchner) todavía no se había iniciado la causa cuadernos, lo que ocurrió poco después en agosto de 2018.

En la grilla del tribunal después de Chediack -testigo propuesto por la Fiscalía y por la Oficina Anticorrupción (OA) está prevista la declaración de Carlos Wagner, ex presidente de la de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los primeros arrepentidos de la “Causa Cuadernos”.

Según pudo saber este medio, el fiscal Diego Luciani ya pidió que los legajos de las declaraciones de una decena de imputados-colaboradores en el expediente cuadernos sean incorporados a esta causa. Sin embargo, el TOF 2 le solicitó que defina a quiénes quiere escuchar como testigo. La lista la integran Claudio Uberti, José López, Centeno, Ernesto Clarens, Enrique Pescarmona, Juan Carlos De Goycochea, Aldo Roggio, Francisco Valenti y Alberto Tasselli. Ahí ya hay un arrepentido que no podrá ser oído como testigo: José López, condenado por los bolsos del convento y acusado en este proceso penal. El fiscal tiene plazo hasta hoy para contestar.

Los empresarios de la obra pública es uno de los últimos tramos de testigos del juicio. Restan que declaren los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concluyeron que en cinco obras de Lázaro Báez hubo irregularidades, los ex jefes de Gabinete de Cristina Kichner (Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich y Aníbal Fernández) y un remanente sobre los que las partes pidieron dejarlos para cuando el juicio se haga presencial por la importancia que tienen para ellas. Hoy el proceso es semipresencial con audiencia virtual por la pandemia del coronavirus.

El arrepentido

Chediack, dueño de una constructora con su nombre, es uno de los imputados colaboradores que está acusado en la causa de los cuadernos, en donde se investiga si Néstor y Cristina Kirchner lideraron una banda para hacer negocios desde el Ministerio de Planificación, según lo describió el chofer Oscar Centeno.

En esa confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, Chediack confirmó que integró el Club de la Obra Pública que cartelizó los precios y las licitaciones e incluso afirmó que le pagó coimas personalmente al ex ministro Julio De Vido en el living de la casa del ex funcionario y en el baño del Ministerio de Planificación. “Si querés seguir trabajando, tenés que pagar”, afirmó que le dijo De Vido.

Pero además, según sus palabras, el financista Ernesto Clarens también le advirtió: “Escuchame, nene, te quiero el lunes con los 250 mil pesos, no seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar”. También apuntó contra José López, al señalar el lugar que había ganado después de la muerte de Néstor Kirchner: “Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto. (...) López tenía listas con las empresas que no podían trabajar y tenia listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de Vialidad…”.

El abogado de Chediack es Pablo Lanusse, hoy defensor de Mauricio Macri. En una audiencia ante la Cámara Federal en la que estuvo presente Infobae, Lanusse afirmó en noviembre de 2018: “estamos convencidos de que hubo una asociación ilícita pero en la que Chediack no participó, que es a nivel nacional que es un reflejo de lo que ocurrió en Santa Cruz cuando el matrimonio Kirchner gobernaba la provincia, con los Clarens, los Wagner, los Lázaros y los Cristóbal López. Eran todos los mismos operadores. Son los que venían en el tren del saqueo patagónico para saquear las arcas públicas. Ese es el corazón de la asociación ilícita que debe ser investigada”, dijo.

Cuadernos-Obra pública

Mientras la causa de los cuadernos fue elevada a juicio oral y el Tribunal Oral Federal 7 no tiene, por ahora, definiciones sobre cuándo ese tema llegará a debate oral, lo que se sustancia desde mayo de 2019 en Comodoro Py es el juicio oral por la obra publica entregada a Lázaro Baez en Santa Cruz. En ese juicio, ahora llegó el momento de que declaren los empresarios que hacían negocios con el Estado. El fiscal Diego Luciani había pedido que fueran convocados en julio de 2018, justo un mes antes de que explotara el caso de los cuadernos.

Por eso llamó la atención cuando en la tarde del lunes un escrito llegó ante el Tribunal Oral Federal 2 que sustancia el juicio de la obra pública. Acompañado por la firma de su abogado Pablo Lanusse-, Chediak dijo que no podía presentarse a declarar en esta causa en donde se investiga “la posible asociación ilícita que habría tenido lugar entre los años 2003 y 2015 integrada por la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, y los Sres. Lázaro Báez; Julio De Vido; José López; Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner, entre otros, acusados de haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública, a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.

Es que, señaló, “corresponde haga saber a Vuestras Excelencias, que sin perjuicio de mi ajenidad con los hechos materia de juzgamiento, que resultan extraños y ajenos a mi persona así como a la actividad de mi empresa, al día de la fecha (...) revisto calidad de imputado-procesado” en la causa que se abrió a raíz de la causa de los cuadernos en donde se investiga, también como asociación ilícita, el manejo de la obra pública durante el kirchnerismo y que tiene como principal acusada a la vicepresidenta.

“Siendo así, y sin perjuicio de las circunstancias específicas de cada uno de los objetos de enjuiciamiento de aquellos autos y el presente, no puede ser inadvertido por este distinguido Tribunal, la identidad que los mismos mantienen en cuanto a sus principales acusados, el período investigado y la naturaleza de las acciones motivo de reproche a quienes resultaban la máxima autoridad de la Administración Pública Central, respecto de aquello vinculado a la obra pública vial; lo que aparece de inmediato como valladar para que el suscripto -que reviste calidad de imputado en los autos 13.816/2018, deponga en estos actuados en calidad de testigo bajo juramento de ley”, afirmó.

Chediack afirmó que su citación de declarar obligado a decir verdad “en términos teóricos, bien sabemos podría significar ni más ni menos que colocar a todo imputado en una situación coercitiva a la hora de referirse a extremos que más tarde, eventualmente pudieran ser utilizados en su perjuicio”.

“Más allá de mi más férreo convencimiento acerca de mi actuar alejado de todo obrar doloso libre y voluntario, inocencia que confío me será reconocida y ratificada en aquellos autos a la hora de ser resueltos en forma definitiva, y sin perjuicio además, de mi actitud espontánea de colaboración desde el origen de la investigación iniciada bajo el número 9608/2018 -que resultó de significativo aporte para el avance y progreso de la misma-; lo cierto es que no puede descocérseme -en el presente proceso con innegable vinculación-, los derechos y garantías más elementales que la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales le reconocen a toda persona imputada de delito”, afirmó el empresario.

Por esa razón, dijo, “a los fines de salvaguardar el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oído, la prohibición de autoincriminación, el estado de inocencia, y asimismo de evitar futuros planteos nulidicentes” se impone que “se me exima en el presente de declarar en calidad de testigo frente a la probable parentalidad de contextos y/o imputados sobre los que se me pretenda interrogar bajo juramento de decir verdad”.

El empresario lo dijo textualmente: “Máxime, cuando tal como vuestras excelencias lo advertirán, varias de las partes y sus defensas, que en este debate asistirían a mi declaración testimonial bajo juramento, podrán dirigirme preguntas a través de las que probablemente pretendan interpelar mis dichos y aportes como imputado colaborador -en el marco de la causa 9608/2018-, sin tener el suscripto en su caso, la posibilidad de contar con mi asistencia técnica y poder ejercer el derecho de defensa que ampara a todo acusado de no responder preguntas o bien de articular -a través de mi defensa- las impugnaciones jurídicas que correspondan frente a formulaciones y/o planteos de las partes que puedan afectar mis derechos y garantías”.

En la última parte, Chediack aseguró que él ya había mostrado su voluntad de colaborar en la causa de los cuadernos, en donde aportó “toda la información que resulta de mi conocimiento respecto de los extremos y situaciones que rodearon a la obra pública en el período objeto de este juicio 2003-2015″. Insistió en subrayar tratados internacionales y principios de inocencia para hacer hincapié en que, aún si el TOF no validara su solicitud, su declaración testimonial se postergue “hasta que la cuestión sea resuelta en forma definitiva”.

Seguir leyendo