
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras se pronunció este martes sobre el incidente ocurrido en un punto fronterizo con El Salvador, asegurando que las autoridades hondureñas actuaron conforme a la legislación nacional y en apego a los mecanismos diplomáticos vigentes entre ambos países.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno hondureño explicó que una delegación de la República de El Salvador se presentó en la frontera con el propósito de realizar la entrega de materiales educativos destinados a comunidades de la zona fronteriza.
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Según detalló la Cancillería, las autoridades hondureñas permitieron en todo momento el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil, así como el libre tránsito de los materiales educativos. Sin embargo, aclararon que surgió un inconveniente relacionado con la presencia de personal militar salvadoreño en uniforme activo.

El comunicado señala que, de acuerdo con el artículo 205 numeral 26 de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal entre ambos Estados.
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La Cancillería indicó que ninguno de estos requisitos había sido cumplido antes del arribo de la delegación, por lo que las autoridades hondureñas procedieron a aplicar el protocolo correspondiente en estricto apego a la normativa nacional.
“Honduras desea dejar constancia expresa de que en ningún momento existió intención alguna de obstaculizar una acción humanitaria”, manifestó el Gobierno hondureño en el documento divulgado este 19 de mayo de 2026.
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Asimismo, la administración hondureña sostuvo que se ofrecieron todas las facilidades necesarias para que tanto los materiales educativos como el personal civil pudieran ingresar al país y cumplir con el propósito de asistencia a las comunidades fronterizas.

La Cancillería subrayó que la aplicación de la norma se limitó exclusivamente al ingreso de personal militar activo, argumentando que el Estado hondureño no puede hacer excepciones que comprometan los principios de soberanía territorial establecidos en la Constitución.
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En el comunicado también se recordó que Honduras y El Salvador cuentan con diversos mecanismos de cooperación binacional, entre ellos la Comisión Binacional de Seguimiento, creada precisamente para coordinar actividades conjuntas de beneficio mutuo en zonas fronterizas.
El Gobierno hondureño reiteró su disposición de utilizar estos canales diplomáticos para facilitar futuras iniciativas de cooperación, asistencia o intercambio entre ambas naciones.
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“Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades fronterizas, en un marco de respeto mutuo y diálogo diplomático”, expresó la Cancillería hondureña en una publicación difundida en redes sociales.

Además, Honduras reafirmó el valor histórico, cultural y humano de la relación bilateral con El Salvador, destacando que ambas naciones mantienen lazos de hermandad que trascienden las diferencias coyunturales.
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La Cancillería confirmó que continúa en comunicación con las autoridades salvadoreñas a través de los canales diplomáticos correspondientes con el objetivo de resolver este tipo de situaciones de manera expedita y bajo un clima de respeto mutuo.
El pronunciamiento oficial de Honduras surge luego de la postura expresada por el Gobierno de El Salvador, que denunció públicamente que una comitiva encabezada por la ministra de Educación salvadoreña no logró ingresar paquetes escolares destinados a estudiantes con doble nacionalidad en la zona fronteriza de Nahuaterique.
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Ante ello, la Cancillería hondureña aseguró que el ingreso del personal civil y de los insumos educativos sí fue permitido, pero señaló que la restricción se aplicó únicamente al ingreso de personal militar uniformado, en apego a la legislación y los protocolos diplomáticos vigentes entre ambos países.
El incidente generó reacciones en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad y soberanía en las zonas fronterizas de Centroamérica, especialmente en actividades vinculadas a cooperación internacional y asistencia humanitaria.
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