Comisión de Tecnología analiza nueva Ley de Alianzas Público-Privadas en El Salvador

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador analizó este martes el proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele y presentada a través de la ministra de Turismo.

El documento busca establecer un nuevo marco legal para la ejecución de proyectos entre el Estado y agentes privados, con el objetivo de desarrollar infraestructura y servicios públicos bajo criterios de eficiencia y responsabilidad fiscal.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, William Soriano, explicó que la propuesta se encuentra en etapa de discusión y estudio, e hizo énfasis en la relevancia de la participación del Ministerio de Hacienda en todo el proceso.

Al encuentro asistieron el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina; el viceministro Luis Enrique Sánchez Castro y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Omar Herrera Hernández, quienes expusieron los aspectos técnicos y fiscales de la iniciativa.

Según lo expuesto por Posada, la nueva legislación pretende acelerar los procedimientos para la adjudicación de proyectos APP y superar los obstáculos de la ley vigente, aprobada en 2013, señalada por su carácter burocrático.

El titular de Hacienda remarcó que, a diferencia de la percepción pública, las APP no implican la privatización de los servicios públicos, ya que el Estado mantiene un rol activo en todo el ciclo de los proyectos.

“El Estado nunca sale. El rol del Estado siempre está ahí haciendo cumplir cada uno de los compromisos que se establecen en los contratos APP”, dijo el funcionario.

El articulado distingue dos tipos de contratos: autosostenibles (financiados mediante tarifas cobradas a los usuarios sin demanda de recursos estatales) y cofinanciados, en los que el Estado asume pagos o garantías durante la vigencia del contrato.

El control y la fiscalización recaerán en la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP), una nueva unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, pero con autonomía técnica e independencia en sus actuaciones. Esta dirección será responsable de la formulación, revisión y aprobación de los proyectos en sus dimensiones financieras y técnicas.

El ministro recalcó que la DAP no representa una expansión de la burocracia, sino una reestructuración interna del Ministerio de Hacienda. La función esencial de la dirección será identificar, registrar y evaluar proyectos viables, emitir dictámenes fiscales y velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Entre sus atribuciones se encuentra la capacidad de emitir informes fiscales preliminares y definitivos, evaluar la capacidad presupuestaria de las entidades contratantes y coordinar el cumplimiento de la política fiscal.

Durante el debate, la diputada Claudia Ortíz, del partido VAMOS, cuestionó la eliminación de la Oficina de Fiscalización de Asociaciones Público Privadas (OFAP), que bajo la ley anterior ejercía supervisión independiente sobre los proyectos.

Ortíz advirtió sobre el riesgo de que una sola entidad concentre funciones de estructuración, aprobación y fiscalización, y preguntó cómo se garantizará la independencia en el control de los proyectos. En respuesta, Posada aseguró que la DAP contará con autonomía técnica y que la supervisión recae sobre las entidades contratantes, no sobre la propia dirección.

“La Dirección de Asocios Público Privados va a hacer los análisis fiscales de conveniencia o no de aprobar estos proyectos. Básicamente, va a ser el filtro para que estos proyectos cumplan o no con lo que establece la ley”, afirmó el funcionario.

Otro punto de discusión fue la eliminación del límite del 3 % del PIB para el monto de los proyectos APP. Ortíz insistió en la importancia de mantener controles claros sobre los compromisos fiscales de largo plazo.

Posada sostuvo que el control vendrá de los análisis fiscales previos y posteriores a la factibilidad de cada proyecto, y que cualquier erogación estatal será incorporada abiertamente en el presupuesto, rechazando la posibilidad de crear “deuda pública oculta”.

El análisis de valor por dinero se presentó como el criterio central para decidir la conveniencia de ejecutar proyectos bajo la modalidad APP o mediante obra pública tradicional.

Este análisis, según el ministro, se basa en comparaciones numéricas y económicas para determinar la opción más ventajosa para el Estado y la población. Sobre posibles proyectos en sectores sensibles como salud, educación o recursos hídricos, Posada reiteró que no existen planes actuales en esas áreas y declinó especular sobre ejemplos concretos.

La discusión reflejó inquietudes en torno a la transparencia, la sostenibilidad fiscal y la capacidad del nuevo marco legal para atraer inversión seria y garantizar el buen uso de los fondos públicos. El proyecto de ley continuará en estudio, con la próxima convocatoria dirigida al director del Centro Nacional de Registros (CNR) para ampliar el análisis técnico y jurídico.