La duda que sembró “Wado” de Pedro y la “rosca” judicial: la semana en tribunales en medio de la crisis del Gobierno

Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la oposición, llamó el lunes a la mañana, pocas horas después del contundente triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO, a un par suyo del oficialismo. “Queremos seguir con el mismo diálogo que hasta ahora. Esto no cambia nada”, dijo. No hablaba solo en nombre de él sino también de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los ganadores que dejaron las elecciones del domingo 12 de septiembre. Pero los cálculos políticos de las primeras horas para diseñar cómo el resultado electoral iba a impactar en la Justicia y, sobre todo, en el el escenario de fuerzas en el Consejo se terminaron por sacudirse, como una hoja en un temporal, por la crisis política desatada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que incluyeron renuncias, tuits, una carta explosiva y cambios de Gabinete. Entre los que manejan algunos de los resortes del Poder Judicial todo mutó en sorpresa y desconcierto.

Ahora sí nadie puede avizorar cómo este escenario impactará en el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición del organismo clave que define gran parte de lo que sucede en los tribunales. Sobre todo porque más allá de los cambios de Gabinete que se decidieron en las últimas horas del viernes, los actores judiciales observarán con atención cómo se reconstruye el vínculo en el Frente de Todos. La permanencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se convirtió en una señal en sí misma para el mundo de los tribunales.

Es que, durante toda la semana, la reacción en los despachos judiciales donde se manejan las causas del poder no fue distinta a la de otros ciudadanos, viviendo el minuto a minuto de cómo una derrota en las PASO llevó al Gobierno a una crisis institucional desatada por la dupla que ganó las elecciones en 2019. Si ya los resultados de las primarias generaron especulaciones sobre una suerte de “stand by” en Comodoro Py en las decisiones más relevantes hasta que lleguen las generales del 14 de noviembre, el efecto dominó que provocó la renuncia a disposición de “Wado” de Pedro terminó de hacer estallar los chats de magistrados y fiscales. El que estaba “renunciando” era el ministro más político del Gobierno, mano derecha de Cristina Kirchner y -quizás- el funcionario que más lazos ha tejido con el mundo judicial desde que el Frente de Todos desembarcó en la Casa Rosada en diciembre de 2019.

Ese mismo miércoles, las miradas apuntaron enseguida a saber si también había presentado su renuncia el hermano de crianza de “Wado” y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura: Gerónimo Uztarroz. Esa oferta de dimisión no llegó nunca. Una muestra de que la sangre no llegaba al río. O al menos indicaba que los lugares claves sobre la Justicia no se abandonaban.

Es que Uztarroz es la cara del armado sobre la verdadera reforma que el oficialismo busca concretar en Comodoro Py: el nombramiento de los reemplazantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, la designación de tres jueces que ocupen los lugares de Sergio Torres, Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral, y la futura elección de los ganadores de los concursos en tribunales orales de Comodoro Py: el 2, el 4, el 5 -éste a cargo de las causas Hotesur y Los Sauces- y el 6.

“Cristina no le pidió a ‘Gero’ que renuncie”, sostienen en el Consejo quienes tienen diálogo permanente con Ustarroz. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, tampoco puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández. Mena es otro hombre de la vicepresidenta. Esos movimientos importaban más en el mundo judicial que la renuncia ofrecida por el ministro Martín Soria. Es que a Soria no lo quieren en tribunales. Llegó al Ministerio de Justicia criticando en los medios a Comodoro Py y a la Corte Suprema. “Si para Cristina Kirchner Marcela Losardo, amiga de Alberto, era una de los ‘funcionarios que no funcionan’... ¿Qué hizo Soria?”, repitieron jueces y fiscales esta semana. En la lista le facturaron que no generó diálogo con la Corte Suprema, ni con el Procurador General, Eduardo Casal - “más temprano que tarde tendrá que irse”, aseguró-; ni logró la aprobación de la reforma de la justicia federal o la nueva ley del Ministerio Público Fiscal.

Más allá de Soria, las fuentes consultadas admiten que “la crisis política de esta semana fue tan grande internamente que Comodoro Py quedó chiquito”. No obstante, sí se miraba de cerca los movimientos de Ustarroz y Mena para saber cómo leer a la vicepresidenta y al jefe de Estado. “Cristina deja a los que son suyos. Si Alberto los quiere sacar, que fuerce él la salida”, analizaba un juez.

El mismo día que se desató la crisis, el miércoles, se reunió la mesa directiva de la Asociación de Magistrados. Obviamente se habló del tema. “Pero con mucho desconcierto sobre cómo puede impactar en nosotros”, le dijo a este medio una de las personas que participó en ese encuentro. En los tribunales de Retiro la respuesta era la misma: “Hay que desensillar hasta que aclare”.

El Consejo de la Magistratura

Donde oficialismo y oposición conviven en el plano judicial es en el Consejo. Son trece miembros. El oficialismo tiene seis votos garantizados más su habitual aliada: la diputada peronista Graciela Camaño. La oposición cuenta con cuatro votos propios, más los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. Allí ambos sectores lograron construir un diálogo que sus jefes a nivel nacional no tienen. En medio de los comicios, los dos sectores buscan que el diálogo se mantenga para poder avanzar en la aprobación de los concursos de Comodoro Py. Pero en el oficialismo saben que el resultado de las elecciones le va a dar a la oposición una espalda distinta para sentarse a negociar y que hay esperar a ver cómo la crisis en el Gabinete decanta en el Consejo.

”Cualquier acuerdo que existiera antes de esta crisis, queda a ser redefinido a partir de ahora”, admitió a Infobae una fuente que trabaja para el oficialismo.

Precisamente, en lo que oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo es determinar los tiempos de esos acuerdos. Desde la oposición sostienen que hasta noviembre no se va a aprobar ningún concurso. En el oficialismo dicen que no hay razón para esperar tanto, que siempre que se puede avanzar. “En las elecciones ganó el ala dialoguista de Juntos por el Cambio y eso nos beneficia”, fuerza un hombre del oficialismo. Para ese sector, el ‘dialoguismo’ en el Consejo está representado con Marías, que responde a Rodríguez Larreta; y el ala dura por el diputado del PRO Pablo Tonelli, cercano al ex presidente Mauricio Macri.

“El objetivo es que nuestra unidad se refuerce, sobre todo con los jueces, y más si el resultado se repite en noviembre”, responden desde la oposición. No obstante, en el oficialismo apuestan a que Culotta sea uno de los votos que permita avanzar en los concursos. Si ese voto se consigue, irán por la senadora radical Silvia Giacoppo, cercana al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que en su provincia este año ganó las dos elecciones que tuvo.

”Hay muchos cargos para negociar y no solo en Comodoro Py”, plantean en el oficialismo como una carta de negociación para agilizar la aprobación de concursos. El “no solo en Comodoro Py” llega hasta Jujuy y Corrientes, donde gobiernan por un lado Morales y por el otro el reelecto radical Gustavo Valdés. En esas dos provincias están vacantes los juzgados electorales.

Pero en la política y en tribunales la desconfianza siempre reina. “Hay que ver si Morales, con su propio juego interno en Juntos, quiere quedar ‘pegado’ como el que le dio el aval al oficialismo para la Cámara Federal porteña”, especulan en Comodoro Py. Por eso una vez más no solo es juntar los votos sino cuándo: si esto puede definirse antes o después de las elecciones de noviembre y con qué muñeca va a negociar la oposición.

Es claro que tanto gobierno como oposición está mirando qué pasará con el concurso de la Sala I de la Cámara Federal, donde el oficialismo quiere ver salir a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían llegado trasladados allí en el gobierno de Mauricio Macri. La danza de nombres ya empezó a sonar. Mientras algunos señalaban antes del PASO que la idea del oficialismo era ir por las dos bancas, otros especulaban con un acuerdo de oposición. En esa línea, sonaba con fuerza las chances de Cecilia Incardona, fiscal de Lomas de Zamora; y de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico y favorito de la oposición. Pero con la llegada del gobernador de Tucumán Juan Manzur al cargo de jefe de Gabinete de Alberto Fernández no habría que descartar a Fernando Luis Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán y quien quedó en primer lugar en el puntaje del examen y de antecedentes.

Será todo un desafío poder aprobar los concursos. Sobre porque fuera de la política este año el Consejo de la Magistratura solo aprobó uno: el del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Desde que comenzó a funcionar el Consejo en 2000, el 2021 es el año en que menos concursos se aprobaron. Hasta ahora.

Comodoro Py y lo que queda por resolver

En este contexto, nadie apuesta a que desde los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas políticas, salgan fallos explosivos. “No hay margen, pero además los jueces entendieron que no le hace bien a nadie”, opinan hombres del oficialismo y la oposición. Hay otros dos ingredientes que se ponen en juego en ese escenario: los jueces de más alto perfil -como Claudio Bonadio o Rodolfo Canicoba Corral- ya no están; y no hay tantas causas para ese juego. La mayoría de los expedientes que involucran al kirchnerismo fueron elevadas a juicio y las que salpican al macrismo están en una etapa inicial, con los mismos tiempos en los que se manejó Comodoro Py siempre -salvo en los tiempos del macrismo-.

Llamó sin embargo la atención un fallo de la Cámara Federal que se dictó el jueves pasado al confirmar el procesamiento del empresario Néstor Ramos en la causa por lavado de dinero del empresario Lázaro Baéz, en donde el empresario santacruceño fue condenado a 12 años de cárcel. Es que en un último párrafo los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens instaron al juez del caso, Sebastián Casanello, a definir la situación procesal de Cristina Kirchner: si la procesa o la sobresee en la llamada ruta del dinero K.

Basta señalar que Lázaro Báez y Cristina Kirchner ya están sentados en un mismo juicio en el banquillo de los acusados, junto a ex funcionarios como Julio De Vido, José López o Carlos Santiago Kirchner. Se trata de la causa de la obra pública que recibió el santacruceño en los tiempos kirchnerismo. Para las próximas semanas comenzarán a desfilar empresarios de la obra pública, entre ellos varios que se convirtieron en “arrepentidos” en la causa de los cuadernos -expediente aún sin avances desde que está en el TOF 7-. Si alguien quisiese prestar atención a la tensión generada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tomaría nota de que el presidente está citado en esta causa como testigo -en su rol como ex jefe de Gabinete K-. Podrá declarar por escrito. El Presidente ha dicho en varias entrevistas que su compañera de fórmula no cometió delitos y que podrá dar las explicaciones para sortear sus problemas judiciales.

Lo que sí se mira con más atención por la actualidad política son dos causas que deben tener resoluciones importantes. Una es el expediente por la firma que se inició con la denuncia de Alberto Nisman conocida por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Allí están acusados figuras relevantes del gobierno. La más importante es Cristina Kirchner pero también Juan Martín Mena, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el senador Oscar Parrilli, entre otros. Todos pidieron la nulidad del expediente y que el juicio no se haga. El fiscal Marcelo Colombo se opuso. Pusieron como anclaje las reuniones descubiertas de dos jueces de Casación con Macri en sus tiempos de presidencia pero también lo que entienden es la inexistencia de delito. La decisión está en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal 8, Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. La pregunta es cuándo lo harán: ¿antes o después de las elecciones de noviembre? Cualquier sea su resolución no escapará a los análisis políticos.

En una misma situación de definiciones se encuentra el expediente por el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri a dirigentes oficialistas y opositores, sindicalistas y periodistas. La Cámara Federal de Comodoro Py debe resolver si confirma o no los procesamientos de los ex jefes de la AFI del macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, las ex autoridades del Servicio Penitenciario y un grupo de espías, policías y penitenciarios acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicó a vigilar y monitorear a políticos propios y opositores, jueces, gremialistas, dirigentes sociales y detenidos.

No solo están en juego los procesamientos, también si se revoca la falta de mérito de Darío Nieto, secretario privado de Macri y candidato a legislador porteño. La pregunta acá se repite: ¿cuándo? Según pudo saber Infobae, la idea es que el fallo se conozca antes de las elecciones de noviembre, pero por el momento no hay nada cerrado, ni detenidos que obliguen a apurar los tiempos. Nadie quiere ventilar detalles de cuál podría la decisión a tomarse. Será la primera vez que Comodoro Py analice la investigación que se sustanció en Lomas de Zamora.

Hay otra causa que salpica a Cristina Kirchner que se observa con atención, indicaron a Infobae fuentes consultadas. No es cualquier expediente: es en donde además de la vicepresidenta están procesados sus hijos: el jefe del bloque en Diputados, Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner. Es el expediente conjunto conocido como “Hotesur-Los Sauces” sobre los alquileres de hoteles y propiedades de los Kirchner. Hay dos peritajes en marcha, en donde las defensas buscan demostrar que los alquileres se pagaron a precio de mercado y los empresarios involucrados -Lázaro Báez y Cristóbal López- tenían ingresos propios por fuera de la obra pública que recibían de los gobiernos kirchneristas. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema le informó al Tribunal Oral Federal 5, que tiene las causas, que el mes que viene estará el informe final de Los Sauces. No hay fecha para el de Hotesur. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que las defensas insistirán en que no existió delito.

La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal

Lo que sí ocurrirá antes de las elecciones de noviembre es el nombramiento del nuevo presidente de la Corte Suprema. A Carlos Rosenkrantz se le vence su mandato el próximo 1 de octubre. Antes de esa fecha los ministros del máximo tribunal deberán elegir quién será el sucesor. La decisión está en manos de Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horario Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. La política siempre está atenta a estos cambios.

El miércoles, cuando faltaba poco para que la crisis política estalle en el Gobierno, la jueza de la Cámara Federal de Casación Liliana Catucci era despedida con un ramo de flores y saludo marcial en las escalinatas de Comodoro Py. Catucci era una de las integrantes de Casación que venía desde la creación del tribunal, en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. Dejó su cargo por llegar a los 75 años, luego de intentar una vía judicial que fracasó para poder mantenerse en su cargo más allá de su edad. La aceptación de su renuncia fue oficializada el viernes por decreto.

Su salida abre una vacante a llenar por el gobierno de Alberto Fernández mediante un concurso público que deberá hacer el Consejo de la Magistratura. Pero hasta que llegue un nuevo titular habrá un subrogante y quien salió sorteado el viernes para ese lugar no caerá bien en el gobierno. Es Gustavo Hornos, el actual presidente de Casación. Junto con el también juez de Casación Mariano Borinsky fueron acusados de visitar a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El kirchnerismo sostuvo que esas visitas estaban ligados a los fallos que perjudicaban a la ex presidenta y sus funcionarios. Hay una denuncia en el Consejo de la Magistratura por ese tema.

Antes del 20 de diciembre, Hornos deberá convocar a sus colegas a un plenario para decir quién lo sucederá como presidente de Casación. Si se siguiera con la regla que se había acordado hasta el 2020, el lugar le correspondía a Alejandro Slokar, hoy vicepresidente de Casación y miembro de Justicia Legítima. Slokar fue uno de los jueces que durante este año le pidió la renuncia a ese cargo a Hornos por el escándalo que generó el tema de Olivos.

Por ahora, no está dicho quién quedará como presidente de Casación. Algunos especulan con que el próximo presidente podría salir de la Sala I y barajan los nombres de Diego Barroetaveña o Daniel Petrone. Son los jueces que votaron por validar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, pero también que resolvieron hacer caer la causa “Dólar Futuro” después de la audiencia en donde CFK hizo famoso -al menos para tribunales- el latiguillo “doctor Petrone” a raíz de un peritaje que sostenía que la operatoria no había traído perjuicio para el Estado.

De ser así, dicen en tribunales a Infobae, habrá que mirar en detalle cómo quedará la composición de la Sala I de Casación si alguno de sus miembros pasa a convertirse en presidente del tribunal. Un dato: la vacante que libera Catucci podría ser asignada a la Sala I y no a la Sala III, en la que la jueza se jubiló. La Sala I de Casación tiene en sus manos no solo la causa de los cuadernos. También revisará a partir de ahora el caso Memorándum con Irán, por lo que atenderá la segura protesta de lo que vaya a resolver el TOF con el caso de la denuncia de Nisman. Movimientos del mundo judicial que esta semana flotaron por debajo del radar de la crisis política.

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