La decisión comenzó a debatirse el miércoles y terminó de cerrarse ayer por la tarde: las defensas de todos los imputados por el festejo en la quinta de Olivos no apelarán la decisión del juez Sebastián Casanello de enviar el expediente a la justicia federal de San Isidro. La decisión, claro está, incluye al presidente Alberto Fernández. Tampoco apelará el fiscal Ramiro González. “No tiene agravios”, dijo una fuente judicial.
“No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia. Aquí, según los recortes hechos en las denuncias -recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo en su resolución.
Nadie se esperaba esa decisión. “Fue un balazo de agua fría”, coincidieron dos de los abogados consultados.
A partir de ese momento se abrió un plazo de tres días para apelar, que vence el lunes a la mañana. Pero ayer los abogados defensores descartaron esa posibilidad en charlas informales que mantuvieron a lo largo de todo el día. “No se va a apelar”, dijo a Infobae una fuente cercana a las defensas.
El presidente Alberto Fernández aprobó esa estrategia coordinada por el abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, que también defiende a otros cuatro imputados junto a su socio Mariano Lizardo.
Aunque viene teniendo una estrategia diferente a ese grupo de defensores y ya hizo un pedido de inconstitucionalidad de los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente para establecer las restricciones durante la pandemia, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, le confirmó anoche a este medio que tampoco apelará el fallo de Casanello.
De esta manera, el expediente debería aterrizar el mismo lunes en el juzgado de Lino Mirabelli, que está de turno durante todo el mes de septiembre. Pero la historia no está cerrada: ese magistrado tendrá que resolver si se queda con la causa o se lo entrega a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que tiene otra denuncia por la fiesta en Olivos que presentó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez.
Esa denuncia, que apuntaba específicamente al festejo del 14 de julio de 2020 en la quinta de Olivos, está fechada el 12 de agosto pero quedó radicada al día siguiente en el juzgado de Arroyo Salgado. La jueza ya le había preguntado a Casanello por la causa principal, pero no llegó a pedir el caso.
Mirabelli también podría rechazar la competencia y devolverle el expediente a Casanello. En ese caso, la Cámara Federal de Comodoro Py debería resolver quién se lo queda.
Si no hay sorpresas, Mirabelli debería contestar el pedido de inconstitucionalidad que hizo D’Alessandro y luego correrle traslado a las partes de la presentación que hizo el Presidente, que se presentó en la causa como abogado propio y pidió su sobreseimiento o, en caso que no lo acepten, una conciliación económica para cerrar el caso.
Ayer el Gobierno salió a blanquear que no quiere a Arroyo Salgado en la causa. El encargado de exponer esa postura fue el vice ministro de Justicia, Juan Martín Mena. “Creo que es conocido para todos que con nuestro espacio político, Arroyo Salgado claramente no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad, porque lo demostró su conducta los últimos años. No es lo más adecuado si se espera una investigación imparcial. Hay opiniones públicas que rozan mucho lo personal, y es respetable”, dijo en un reportaje con Radio 10.
Al margen de esa declaraciones, los abogados ya están estudiando los últimos fallos del juez Mirabelli en otras causas por el artículo 205. Aunque procesó al surfer que volvía de Brasil de vacaciones y luego elevó a juicio al personal trainer que violó la cuarentena y atacó a un empleado de seguridad de su edificio, los abogados se entusiasman con otros casos más desconocidos que terminaron con un acuerdo.
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