Fiesta de Olivos: qué cambios hizo Alberto Fernández en su defensa y por qué eligió representarse a sí mismo

La decisión de Alberto Fernández de representarse a él mismo y ofrecer la mitad de su sueldo como resarcimiento por la fiesta en Olivos rompió ayer la incertidumbre en la que se encontraba sumida la Casa Rosada. Ante la inminente imputación del Presidente en plena campaña electoral, había dudas en el Gobierno sobre el abogado que designaría formalmente y no estaba confirmada la estrategia que desplegaría el jefe del Estado ante la Justicia en la causa que lo investiga junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y su grupo de amigos y staff por la fiesta que se celebró en Olivos durante la cuarentena obligatoria. La definición final sobre su defensa se hizo a último momento bajo estricto hermetismo, entre reuniones de gestión y actos proselitistas.

El martes se conoció que el fiscal Ramiro González preparaba la imputación contra el primer mandatario, su pareja y sus amigos. Pero a pesar del avance de la investigación, hasta el jueves por la tarde Alberto Fernández no había designado a un abogado ante la Justicia.

Desde la semana pasada, tanto el propio letrado como fuentes oficiales aseguraban el representante de Alberto Fernández era Gregorio Dalbón, quien asesora desde hace años a Cristina Kirchner, y desde mayo al propio Presidente en la denuncia por daños y perjuicios contra la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El conocido abogado incluso había informado públicamente cuál sería su estrategia a distintos medios: estaría basada en sostener que no hubo delito -con el argumento de que nadie se contagió durante la fiesta de cumpleaños-; en proponer un acuerdo al fiscal para cerrar la causa con una conciliación; y en pagar una multa o hacer una donación del sueldo presidencial.

Sin embargo, con el correr de las horas empezaron a crecer las dudas sobre la continuidad de su participación en la causa. Hasta momentos antes de la imputación, Dalbón no había sido designado formalmente ante la Justicia, en contraste con el caso de Fabiola Yáñez y del resto de los participantes del evento de julio de 2020, que se habían presentado diez días antes con dos abogados ante el fiscal Gonzalez (aunque primero lo hicieron en conjunto, luego algunos de los imputados se independizaron y designaron a otros representantes).

La semana pasada, Dalbón había dicho a Infobae que Alberto Fernández no se presentaba formalmente ante la Justicia ni designaba un representante debido a su rol institucional, aunque había remarcado que estaba “siempre a disposición”.

Mientras tanto, el Presidente trabajaba en la presentación judicial con Dalbón y con su jefe de asesores, Juan Manuel Olmos. Los lineamientos principales se definieron el sábado. Pero durante la semana, entre reuniones y actos de gestión y de campaña, Alberto Fernández siguió de cerca el avance de la investigación.

Hasta ayer, en los distintos despachos de la Casa Rosada había desconocimiento o hermetismo respecto de su plan ante la Justicia. Pocos sabían sobre el camino que tomaría. En medio de las especulaciones sobre si admitiría el delito o no, si brindaría un resarcimiento, o no, y sobre si estas dos cuestiones eran contradictorias, el entorno del primer mandatario mantenía en reserva cualquier definición

Ayer por la tarde, cuando la imputación era inminente y estaba por vencerse el plazo fijado por el fiscal, Alberto Fernández, también abogado de profesión, especializado en derecho penal, hizo un giro sorpresivo e informó que había decidido representarse a sí mismo, sin otro letrado a cargo de su defensa. Aunque en el comunicado oficial donde se hizo el anuncio no se nombró a Dalbón, quedó de manifiesto que no formará parte de la defensa, al menos formalmente.

Según dijeron fuentes oficiales, el Presidente decidió desplazarlo de la defensa a partir de sus estridentes declaraciones públicas en contra del juez y el fiscal de la causa, Sebastián Casanello, y del fiscal. “Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé (...) Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo”, había dicho el abogado durante una entrevista con AM 530.

Aunque se presentó “por derecho propio”, el primer mandatario mantuvo la intención de hacer una donación. Según planteó, le dará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante cuatro meses.

Es la segunda vez que el Gobierno deja hasta último momento su actuación en la causa. La Casa Militar demoró 15 días en entregar el listado de los visitantes a Olivos que le había pedido el fiscal González. Fuentes oficiales dijeron que hubo una orden de demorar “lo máximo posible” la entrega. Y ante una consulta de Infobae, la semana pasada, un altísimo funcionario se desligó del tema: “No sé, lo estarán preparando”.

En el Gobierno se vive un clima de “difícil”, según describió un ministro ayer, después de la escalada del affaire Olivos, que derivó primero en una negación, siguió con un pedido de disculpas del primer mandatario, y continuó con su imputación en la Justicia. Especialmente porque faltan 16 días para las PASO, donde el Gobierno pelea con un margen ajustado contra Juntos por el Cambio.

En los últimos días, en la Casa de Gobierno buscaba restarle importancia al avance de la causa judicial y enfocarse en la gestión y en la campaña. Por caso, el Presidente no hizo alusión alguna al tema en sus discursos en el interior del país, a donde llevó su campaña después de protagonizar varias presentaciones junto a Cristina Kirchner en el conurbano la semana pasada. En el Complejo C varios estrategas aseguraban que el tema “está terminado”, al menos desde lo discursivo. Hoy Alberto Fernández se presentará en La Pampa, y en Balcarce 50 no creen que vaya a hacer más declaraciones al respecto. “Ya pidió disculpas, ya lo imputaron. No hay nada más para decir”, sostuvo un vocero ayer.

Sin embargo, en paralelo, los equipos de comunicación de la administración nacional empezaron a ensayar una contraofensiva frente a los embates de la oposición. En lugar de seguir admitiendo el error, empezaron a retrucar. Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, justificó en dos ocasiones la polémica actuación del Presidente el año pasado al participar de una reunión social en la quinta presidencial. “La película compensa el error de la foto”, dijo la titular de la cartera sanitaria en una conferencia de prensa. “No hay argentino que no haya cometido un error”, agregó después, en una entrevista con Radio con Vos. Sus palabras habían sido previamente acordadas, reconocieron fuentes oficiales a este medio.

La estrategia comunicacional del primer mandatario y su rol en la campaña se ven atravesados hace tres semanas por la causa donde se lo acusa de haber violado el DNU que él mismo firmó en marzo de 2020. Hoy su equipo proselitista busca que el tema afecte lo menos posible sus recorridas. Aunque sus asesores aseguran que no hizo mella en las cifras de intención de voto que les arrojan las encuestas propias en la previa de las elecciones, admiten que hubo un marcado impacto en la imagen del Presidente, que era duramente cuestionado desde fuera como dentro de la coalición. Desde hace días intentan revertir ese escenario, pero consideran que es una tarea difícil de realizar en poco tiempo. El resarcimiento económico con una parte del sueldo presidencial, delineado en los últimos días y definido ayer, es un intento en ese sentido.

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