Por cinco casos de violación de la cuarentena se pagaron $1.310.000 que fueron destinados a diferentes hospitales públicos

Cuando en marzo de 2020 se inició la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus el juzgado federal que estaba de turno era el número 9 que está a cargo de Luis Rodríguez. Intervino en todos los casos de aquel año junto a Rodríguez la fiscal Alejandra Mángano. Solamente en ese juzgado con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las primeras dos semanas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se formalizaron 8.500 imputaciones a personas que violaron la cuarentena o se resistieron a la autoridad que les advertía sobre la imposibilidad de circular sin permiso.

Según el relevamiento hecho entonces por fuentes judiciales, en aquellas dos semanas, solo en la CABA hubo 150 detenidos. Debido al flujo inusual de detenidos la Ciudad debió habilitar un lugar para alojarlos en la Escuela de la Policía porteña, porque la primera alcaidía destinada a esas detenciones había desbordado. En esos primeros días también se habían secuestrado 47 autos.

Hubo muchas historias que fueron relevadas por los medios de comunicación y otras que solo quedaron registradas en los Tribunales.

Entre ellas está la de la mujer que huyó de la clínica a la que había ido a visitar a su hija -infectada de coronavirus- mientras esperaba el resultado de sus estudios. O las de aquellos que salieron a pasear sus perros por plazas muy alejadas de sus hogares. O la de un fumador que fue advertido porque le explicaron que no podía fumar en la vereda. Discutió con los policías y a la discusión se sumaron su mujer y su hijo. Todos fueron detenidos.

O también la de aquel grupo de extranjeros que exhibió un certificado de circulación en el que decían ser empleados de una empresa de limpieza, pero eran delincuentes con antecedentes. O el taxista al que se le quedó al auto y mientras intentaba repararlo un hombre le robó el celular. Otro que andaba por ahí lo corrió y lo alcanzó. Obviamente, tanto el ladrón como el que lo alcanzó y lo entregó a los policías estaban violando la cuarentena.

Hubo varios procesados por violar el aislamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández mediante varios decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados durante la pandemia. Para extinguir la acción penal algunos de ellos llegaron a una conciliación monetaria. En los acuerdos a los que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la fiscal Mángano consideró que la reparación monetaria era adecuada, entre otras cosas, porque la violación de la cuarentena había implicado gastos al sistema de salud pública.

Tal vez uno de los casos más resonantes de violación de la cuarentena durante 2020 fue el del joven que volvió de Uruguay en Buquebus horas antes de que comenzara al ASPO. Volvía de Europa y pasó por Uruguay para llegar a la Argentina antes del cierre de fronteras. Había llegado a Buenos Aires contagiado de coronavirus. El joven fue procesado por el juez y luego firmó acuerdo de conciliación con la fiscal, al que adhirió el gobierno de CABA que se había presentado como querellante en el caso penal. Se comprometió a pagar $ 500.000 que fueron destinados al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez a cambio de la extinción de la acción penal.

También se llegó a un acuerdo resarcitorio en el caso de una médica que regresó desde España el 6 de marzo de 2020 y debía cumplir con las dos semanas de aislamiento. Pero los días 13,14, y 15 de marzo salió de su casa y, según se comprobó en la causa, ingresó a un barrio cerrado del conurbano. Fue procesada y acordó pagar $150.000 que ingresaron a las arcas del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”.

Otro caso que terminó mediante una conciliación tuvo como protagonistas a una azafata y a su novio. Ella había llegado en un vuelo de Iberia proveniente de España el 16 de marzo de 2020 y debía cumplir los 14 días de aislamiento que había establecido el Gobierno por entonces. Pero no lo hizo. Había fijado un domicilio en el que aseguró que iba a aislarse y se trasladó a la casa de su novio. Su novio, a su vez había vuelto de Chile y no cumplió con el aislamiento. A esa situación se sumó que la azafata dio positivo de Covid-19 y su novio, en tanto “contacto estrecho”, tampoco cumplió con el aislamiento obligatorio para esos casos. Ambos fueron procesados y los dos llegaron a un acuerdo para terminar con el caso: pagaron $100.000 cada uno que fueron destinados al Hospital de Clínicas “José de San Martín” dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

En el mismo juzgado se aceptó el acuerdo conciliatorio propuesto por el director de la Casa de Tucumán en Buenos Aires y ex diputado nacional por el Frente para la Victoria, Benjamís Isaac Bromberg. El tucumano había sido denunciado por sus vecinos porque al regresar de España no había hecho el aislamiento obligatorio . Bromberg pagó, tal como lo informó Infobae, la suma de $60.000 que fueron destinados al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

En junio de 2020 con muy pocas actividades permitidas y el fútbol suspendido se reveló que algunos jugadores de Deportivo Riestra habían entrenado y violaron la cuarentena. El caso le tocó por sorteo al mismo juez y a la misma fiscal que habían tenido las primeras denuncias por violación a la cuarentena. Fueron procesadas las autoridades de Riestra: el presidente Fabio Pirolo y el vicepresidente, Fernando Salorio. Para extinguir la acción penal en su contra cada uno se comprometió a pagar $200.000 que ingresaron al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez.

Centenas de casos iniciados en la Justicia Federal al principio de la cuarentena fueron enviados a la Justicia de la Ciudad para que se cobren multas administrativas.

Si se comprobara que existió delito a partir de las causas iniciadas por los ingresos a la quinta de Olivos durante la cuarentena cerrada, se podrían llegar a hacer conciliaciones como las que se firmaron en el juzgado federal 9.

Si el presidente de la Nación Alberto Fernández fuera procesado por alguno de los casos como el iniciado a partir del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, no podrá acceder a la conciliación porque está expresamente prohibida para funcionarios públicos que hubieran cometido un delito en uso de sus funciones.

En cambio aquellos que no fueran funcionarios y estuvieron en la fiesta en clara violación a las restricciones -siempre que no tuvieran antecedentes penales- podrían acordar un pago para extinguir la acción penal.

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