Denuncian a integrantes de la Gendarmería por otorgar una licitación a un empresa de un ex miembro de la fuerza

Un día antes del inicio de la feria judicial de invierno la Oficina Anticorrupción denunció a un grupo de gendarmes por la sospecha del direccionamiento de una licitación para favorecer a una empresa integrada por ex miembros de esa fuerza de seguridad.

En el escrito presentado por el organismo que comanda Félix Crous se señala a tres gendarmes y dos integrantes de la firma PLP Construcciones SRL debido a que la empresa ganó una licitación en 2019 para realizar refacciones en diferentes sectores del Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional, una de las fuerzas de seguridad que dependen del ministerio a cargo de Sabina Frederic.

La OA apuntó contra Jorge Héctor Alaniz, Carlos Humberto Almeida y Darío Osvaldo Tarifa, quienes integran la Comisión Evaluadora de la Gendarmería que analizó las propuestas de aquella licitación y le otorgó la obra a PLP Construcciones S.R.L. Según la denuncia a la que accedió Infobae, con pocos argumentos rechazaron ofertas de otras empresas y le otorgaron el contrato a PLP.

Esa empresa fue creada en febrero de 2015 por Pablo Claudio Lavenir quien integró la Gendarmería hasta principios de 2016. El único empleado registrado de PLP y representante legal es Pablo Camilo Lavenir, hijo de quien fuera durante varios años vocero de la Gendarmería. En la web de PLP los dos arquitectos que integran la empresa se presentan como “jóvenes emprendedores, innovadores, inquietos en la búsqueda de resoluciones eficientes a través de la simplicidad, racionalidad, conciencia y sensibilidad en el uso de recursos tanto económicos como en la naturaleza de los materiales”. “Somos profesionales capacitados, contamos con un equipo operativo de trabajo consolidado y proveedores de todos los rubros”, dicen.

Allí cuentan que hicieron varias obras de remodelación en Gendarmería y también en la Policía Federal, el Ejército, el Estado Mayor Conjunto, la Comisión Nacional de Valores y la Agencia Nacional de Discapacidad.

El caso comenzó por una denuncia llegada en junio de 2019 a la OA. Se señalaba en la denuncia hecha bajo identidad reservada que desde la Gendarmería se había favorecido en una licitación a la empresa de un ex gendarme. En la OA compararon los precios propuestos por las empresas y el de PLP era el más alto, aunque solo se diferenciaba por mucha cantidad con el de la tercera empresa que había ofertado un precio extremadamente bajo. En aquella ocasión la OA no halló sospechas de la comisión de un delito de corrupción de “significación económica” que ameritara la intervención para denunciar.

De ahí la denuncia se derivó a la Sindicatura General de la Nación para que ordene la intervención de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Seguridad de la Nación y analice el caso en cuestión.

La Unidad de Auditoría del Ministerio de Seguridad cuestionó la actuación de la Comisión Evaluadora que analizó la licitación. Detectaron por ejemplo que la oferta de PLP por los trabajos era más alta que la de otra firma que se había presentado a competir y que fue desestimada por no ajustarse a ciertas cuestiones burocráticas. También hallaron varias irregularidades técnicas en el proceso de licitación.

La Unidad de Auditoría también explicó que había detectado órdenes de pago de Gendarmería a la firma PLP Construcciones en razón de varios contratos para hacer obras de reparación y mantenimiento edilicio entre 2015 y 2020. El monto total que había cobrado por esos trabajos asciende a los 51 millones de pesos. Y dejó en claro que los pagos no implicaban necesariamente irregularidades. En cambio la UAI observó el hecho de que Lavenir hubiera formado parte de la Gendarmería podría constituir un delito ya que habría que determinar si se otorgaron contratos mientras el gendarme revistaba en la fuerza o durante el año posterior a su retiro. Señalaron que se debe investigar si hubo conflicto de intereses.

Una vez recibido el resultado de la investigación de la Unidad de Auditoría del Ministerio de Seguridad -que recomendó la realización de un sumario interno-, la OA, ante la existencia de sospechas de delitos de corrupción decidió terminar con su actuación y formular la denuncia ante la Cámara Federal porteña.

La denuncia se presentó por la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública. El caso le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo quien durante el año 2021 está de turno con el fiscal Carlos Stornelli. Cuando se retome la actividad judicial a partir de mañana el fiscal debe decidir si impulsa o no la investigación.

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