Duro cruce de la jueza María Servini con la Cámara Electoral por las reglas para designar a las autoridades de mesa

La jueza electoral de la Capital María Servini criticó con dureza inusitada a la Cámara Nacional Electoral, el tribunal superior de la magistrada en cuestiones relacionadas con los procesos electorales. En un oficio firmado el jueves pasado, pero que recién trascendió hoy, la jueza-entre otras cuestiones- se negó a acatar una acordada de la Cámara en la que establecía reglas para la designación de las autoridades de mesa de las próximas elecciones.

Debido a la situación derivada de la pandemia de coronavirus, la Cámara Electoral había establecido ciertas reglas nuevas para la designación de las autoridades de mesa, como por ejemplo el límite de edad de entre 18 y 55 años. Lo hizo para evitar que personas pertenecientes a los grupos de más riesgo de contraer coronavirus fueran nombrados. Los camaristas Santiago Corcuera, Raúl Bejas y Alberto Dalla Vía establecieron que el proceso de selección de autoridades de mesa debía adelantarse, ya que se hizo un pedido al ministerio del Interior para que los designados como tal fueran vacunados.

Servini, que es jueza federal y electoral de la Capital desde 1990, se negó a acatar las órdenes de la Cámara respecto de la designación de las autoridades de mesa ya que su “...nombramiento, vale recordar, es potestad de los jueces de primera instancia, no de la alzada”.

La jueza, en el oficio al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, consideró: “Aquí no se trata de egos personales, de empecinamientos o de años de sentirme avasallada como una de las pocas magistradas mujer del fuero. Ni he de mencionar las palabras de denostación hacia los jueces federales electorales que el Dr. Corcuera volcó en el diario La Nación, hace ya más de una década. Escribo estas líneas desde la reflexión, no desde el arrebato. Mi norte es la realización de un proceso electoral en paz, en el marco de un contexto sanitario sin precedentes, colmado de situaciones de excepción e incertidumbre. La ciudadanía merece dignidad y civismo de quienes desempeñamos funciones de responsabilidad”.

Y agregó: “Por supuesto que en caso de necesitar colaboración, opinión o asistencia, acudiré al Superior sin ningún reparo. No olvido la gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros, como juez federal electoral de Capital Federal en el marco de elecciones que, además, son simultáneas. Sin embargo, exijo de la Cámara Nacional Electoral se abstenga de intervenir en las potestades que Ley pone en cabeza de los jueces federales con competencia electoral y en las que, por tanto, sólo podría conocer en grado de apelación. Esa intromisión, en caso de conflicto, priva del derecho de revisión que el sistema jurídico le otorga al afectado, colocándolo en una clara situación de indefensión”.

También Servini les comunicó a sus superiores que la capacitación para las autoridades de mesa las va a dar su juzgado y que no debe hacerlo la Cámara. Basó su posición en su experiencia después de muchos procesos electorales a su cargo. “No pretendo hablar por mis colegas, pero sí poseo la autoridad que me da el conocimiento exhaustivo de cada una de las quince secciones de mi distrito y de cada de uno de los establecimientos de votación que afecto, para afirmar vehementemente que la capacitación debe contemplar esas particularidades”, señaló Servini quien organiza las elecciones nacionales y locales de la Ciudad.

Además ratificó que será ella quién se comunique con los delegados que asisten en los establecimientos donde se arman los centros de votación a los ciudadanos que fueron designados como autoridades de mesa. En las últimas elecciones fueron designados 1054 delgados por la jueza, algunos de ellos con experiencia en varios procesos electorales.

El duro oficio de Servini fue remitido además de a la Cámara Electoral a otros tres lugares. Al ministerio del Interior que es el que organiza las elecciones. Al Consejo de la Magistratura que es el que juzga el desempeño de los jueces. Y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima autoridad judicial del país.

SEGUIR LEYENDO