La Fiscalía General del Estado solicitó que se convoque a una audiencia para vincular a cinco personas y nueve empresas al caso Goleada, entre ellas Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, esposa y madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respectivamente. El pedido fue presentado por el fiscal Dennis Villavicencio ante el juez anticorrupción Jairo García.
La diligencia también incluye una solicitud de reformulación de cargos contra los actuales procesados dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria relacionada con un supuesto entramado societario vinculado a la comercialización de combustibles.
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Según la Fiscalía, durante la instrucción fiscal aparecieron nuevos elementos que permitirían presumir la participación de otras personas naturales y jurídicas. El fiscal Dennis Villavicencio fundamentó el pedido en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal, que permite ampliar una investigación antes del cierre de la instrucción.
El caso Goleada comenzó a tomar notoriedad nacional tras los allanamientos ejecutados el 10 de febrero de 2026 en Guayaquil y Samborondón. Durante esos operativos fueron detenidos Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, además de otros funcionarios y empresarios vinculados al Municipio de Guayaquil y al sector hidrocarburífero.
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Además de Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, la Fiscalía pidió vincular a Fernando Xavier Viteri Henriques, Andrés Viteri Henriques y Erika Andrea Vélez Orellana. El pedido también incorpora a nueve compañías relacionadas con la investigación financiera y societaria que mantiene abierta la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Fiorella Icaza reaccionó públicamente después de conocer el pedido fiscal. En declaraciones difundidas por medios nacionales sostuvo que el proceso constituye una persecución política y afirmó que no existen pruebas suficientes en su contra ni contra la familia del alcalde guayaquileño.
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La Fiscalía sostiene que la investigación apunta a determinar la existencia de una estructura dedicada presuntamente a comercializar combustibles mediante operaciones irregulares que habrían generado beneficios económicos ilícitos. Parte de la indagación se concentra en movimientos societarios y financieros relacionados con empresas del sector hidrocarburífero.
Tras conocerse la solicitud de vinculación, dirigentes y simpatizantes cercanos a la Revolución Ciudadana expresaron respaldo al alcalde de Guayaquil y cuestionaron la actuación fiscal. En redes sociales vinculadas al entorno político de Álvarez se difundieron mensajes denunciando una supuesta estrategia de presión judicial contra la familia del burgomaestre.
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El proceso ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición correísta.
En el documento presentado ante el juez, la Fiscalía también solicitó reformular los cargos de los actuales procesados. Según el artículo 596 del COIP, esta medida procede cuando los resultados de la investigación modifican la calificación jurídica inicial planteada durante la formulación de cargos.
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Diversos análisis sobre criminalidad económica y lavado de activos en América Latina han advertido que las investigaciones sobre presuntas estructuras financieras complejas suelen incorporar tanto personas naturales como empresas relacionadas, debido a la necesidad de rastrear operaciones comerciales, movimientos patrimoniales y posibles mecanismos societarios de ocultamiento.
La audiencia de vinculación todavía no tiene fecha definida. El juez anticorrupción Jairo García deberá resolver si acepta el pedido presentado por la Fiscalía y convoca formalmente a la diligencia para incorporar a las nuevas personas y empresas dentro de la causa penal.
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Mientras tanto, el caso mantiene repercusiones políticas sobre el Municipio de Guayaquil y sobre el escenario nacional, debido al peso político alcanzado por Álvarez desde su llegada a la Alcaldía y por la dimensión pública que ha adquirido la investigación.
“Ahora vienen por mí”, escribió Fiorella Icaza en redes sociales tras conocer el pedido fiscal de vinculación al caso Goleada.
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El caso continúa en etapa de instrucción fiscal y permanece bajo seguimiento judicial y político en Ecuador.
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