El Gobierno nacional denunció esta tarde al ex presidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros, por el envío de “material bélico” a Bolivia, el 12 de noviembre de 2019, con el presunto fin de colaborar en la represión tras la salida del poder de Evo Morales. La denuncia, por contrabando agravado y otros delitos, fue presentada ante la Cámara Federal, pero aún no fue sorteada, dijeron fuentes oficiales.
La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del ministro de Justicia, Martín Soria.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, además de Macri y Bullrich están acusados Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero, (ex director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).
Los primeros en salir a responder la denuncia pública fueron el ex canciller Jorge Faurie y la ex ministra Patricia Bullrich. El sábado, el ex presidente Mauricio Macri desmintió “de manera rotunda la verdacidad de las acusaciones” sobre el rol de la gestión de Juntos por el Cambio durante la crisis política boliviana y buscó “repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas” expresando “dolor y vergüenza sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme”.
Una investigación realizada por un sitio de verificación de noticias falsas y del discurso público en Bolivia respaldó la versión de que es falsa la carta que el ex comandante de la Fuerza Aérea de ese país Jorge Gonzalo Terceros Lara le habría enviado en 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en agradecimiento por el “material bélico” que habría recibido de parte del gobierno de Mauricio Macri para supuestamente reprimir las protestas tras la salida del poder de Evo Morales.
Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con una denuncia penal por los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra (arts. 863, 865 inc. a y b y 867 del Código Aduanero), en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 C.P.), abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas “masacres” (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, dice la presentación judicial.
El Gobierno hizo una investigación administrativa en los últimos tres días y confirmó el envío del material “y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”. “Escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial ‘Alacrán’ de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia”, dice la denuncia penal entre sus conclusiones.
El sábado, el Ministerio de Seguridad dio a conocer ese informe preliminar en el que se hablaba de datos “llamativos”, “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” entre el armamento declarado ante las autoridades bolivianas y las cantidades de municiones registradas. “Se muestran diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, señaló ese informe.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández le envió una carta a su par boliviano Luis Arce a través de la cual le pidió disculpas “en nombre del pueblo argentino” por la “colaboración del gobierno de Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales”.
“Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, señalaba la carta.
La denuncia penal ahora le apunta a Macri como máximo responsable del supuesto contrabando. “Queda entonces claro que Mauricio Macri brindó apoyo público y político a la dictadura de Áñez, lo cual, sumada a su función y a las características de los hechos denunciados, excluyen la posibilidad de que los mismos se hayan desarrollado sin su intervención”, dice la presentación.
Entre la documentación aportada, se destaca que el 11 de noviembre de 2019 hubo un primer pedido de autorización de salida del país de armamento para la protección de la Embajada presentado por la Gendarmería Nacional, y al día siguiente una ampliación, en donde se añadían 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento, gases lacrimógenos y granadas.
Según la denuncia, el envío del Grupo Alacrán de la Gendarmería a Bolivia fue una excusa para llevar adelante la maniobra. “Entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia”, asegura la presentación que aún no tiene juez.
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