Investigan si tres diputados de Juntos por el Cambio les pedían parte de sus sueldos a sus empleados del Congreso

El fiscal federal Ramiro González abrió ayer una investigación para determinar si tres diputados de Juntos por el Cambio se quedaban con parte de los salarios que cobraban sus colaboradores en el Congreso de la Nación. El caso le tocó por sorteo a la jueza María Servini quien le delegó la investigación a González. El fiscal ya ordenó varias medidas de prueba en el inicio de la causa.

El expediente se inició a partir de una denuncia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten quien, a a partir de lo difundido en varios medios de comunicación, se presentó ante la Cámara Federal para que se investigue el hecho. En la denuncia se reseñó lo revelado en los medios. El primero de los denunciados es el diputado Alberto Asseff, que integra el bloque del PRO, fue electo por la provincia de Buenos Aires y tiene mandato hasta diciembre de 2023.

En el dictamen por el que González impulsó la investigación y al que accedió Infobae, se cita lo denunciado: " ...que Daniel Vico, quien habría ostentado el cargo de “Jefe de Despacho” con Asseff, habría renunciado a su cargo denunciando “presión” para que los empleados parlamentarios dieran parte de su salario al diputado. Concretamente, se hizo saber que Vico habría renunciado a su cargo por negarse a pagarle al Diputado -en negro- el 20% de sus haberes como asesor, a cambio de preservar su trabajo, aportando en este sentido mensajes de WhatsApp que habrían mantenido Vico y Asseff, los cuales fueron publicados en notas periodísticas”.

La segunda denunciada es la diputada nacional por Corrientes, Estela Regidor, quien integra el bloque de la Unión Cívica Radical y tiene mandato hasta diciembre de 2021. González, al impulsar la investigación citó la denuncia respecto de la diputada Regidor. Allí se decía que: “...en una serie de audios difundidos por medios periodísticos, se escuchaba a la nombrada cómo explica a sus asesores que sólo cobrarían la mitad de su salario. En este sentido, se hizo saber que Regidor les habría manifestado a sus asesores que “[v]an a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro”, como así también que “[y]o sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro (…) Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre ponés 40 y 40 te lo quedás”

La tercera investigada es la diputada nacional por Corrientes Ingrid Jetter quien integra el bloque del PRO y tiene mandato hasta diciembre de 2023. Según consta en la denuncia que resumió González en su apertura de investigación “...María Andrea Cappa, quien sería una ex empleada de Jetter, la habría denunciado en público por obligarla a entregar a determinadas personas una parte de su salario todos los meses. En este sentido, el denunciante indicó que Cappa habría expuesto conversaciones de Whatsapp en los que la diputada la amenaza con que ´el que no lo hace, se va´. Asimismo, consta que durante su desempeño en la Cámara de Diputados en el año 2020, Cappa habría tenido que resignar una suma mensual de $ 25.000 de un sueldo que durante el referido año osciló entre los $70.000 y $85.000. Finalmente, se informó que Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados al finalizar el año 2020”.

El fiscal envió un oficio a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para que informe quiénes revistaron y revistan como empleados de los diputados Asseff, Regidor y Jetter. También solicitó los números de teléfono correspondientes a los diputados investigados. El fiscal también pidió datos personales de Cappa y Vico. Y mandó un oficio a las empresas de telefonía celular para que informen cuáles son los números de los empleados a los que los legisladores les habrían exigido parte de sus salarios. Una vez conseguidos esos datos se podrá pedir un cruce de llamados telefónicos y mensajes. El caso recién comienza.

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