
La postura de apoyar a Daniel Rafecas ganó espacio en la coalición opositora, cuyos principales dirigentes se reunieron vía Zoom para determinar una posición común frente a lo que consideran un “cambio en las reglas de juego” por parte del Gobierno, en relación al impulso al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal en un contexto sanitario donde la pandemia del coronavirus avanza sin piedad.
“Juntos por el Cambio considera pedir la apertura del proceso y el tratamiento del pliego del candidato propuesto por el Presidente de la Nación, el Juez Federal Daniel Rafecas y garantizar y prestar acuerdo con 2/3 para dicha designación”, difundieron en un comunicado luego del cónclave.
Y agregaron: “Pedimos el retiro del proyecto en tratamiento en la cámara de Diputados ya que no reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan, y no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos q sufren hoy la inflación, la falta de vacunas, la pobreza, la inseguridad y el desempleo”.

Además, criticaron la avanzada del Gobierno porque la iniciativa que proponen “revierte la garantía de un Ministerio Publico elegido por amplias mayorías, lo que sustenta la garantía constitucional de una Institución que ejerza su autonomía e independencia con garantías”.
“Esta decisión de Juntos por el Cambio garantiza que no se deteriore esta institución, que frente al advenimiento del sistema acusatorio tendrá un rol fundamental en impartir justicia para los ciudadanos. Es una garantía para hoy, para mañana y para el futuro de todos los Argentinos. Contribuye a preservar la institucionalidad y resortes que necesita nuestra República en estos tiempos tan complejos”, completaron.
Ayer, antes de la reunión de comisión en la cual el Frente de Todos logró dictamen de mayoría para llevar la discusión al recinto de Diputados, el radicalismo exigió al oficialismo que promueva la discusión sobre la nominación de Rafecas, el elegido de Alberto Fernández para la Procuración General, cuyo pliego está frenado en el Senado desde abril de 2020 por orden de Cristina Kirchner.

La estrategia oficial es apoyar a Rafecas como procurador y poner presión en la interna del oficialismo para desarticular la reforma del Ministerio Público Fiscal. Pero hubo diferencias de posturas. El sector más intransigente llegó a plantear una ruptura total con el Gobierno, no negociar el pliego de Rafecas o el apoyo a proyectos del oficialismo como modificar el día de las PASO o a la denominada Ley Pandemia. Otros más dialoguistas, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta entre ellos, plantearon matices.
“Hay mucho ruido. En principio votamos PASO, pero no se si todos lo harán”, indicó a Infobae un diputado de Juntos por el Cambio. “Parte de nuestra estrategia tiene que ver con marcar las diferencias y contradicciones del propio Frente de Todos; ellos mismos desaceleraron ese tema, el propio Rafecas llegó a decir que si se modifica las mayoría como forma de elección se baja”, agregó otro importante integrante de la coalición opositora a este medio.
La idea es aprovechar la ventana que se creó entre el dictamen y la llegada del proyecto a la sesión por la presión pública sobre los diputados que negociaban con el Gobierno un respaldo al proyecto. Para lograr la aprobación, el Frente de Todos necesita del apoyo de otras fuerzas políticas y, frente a la discusión pública, los legisladores que responden al cordobés Juan Schiaretti o al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, se pronunciaron en contra. Es decir, el Gobierno aún no logró recolectar los votos.

La bancada que conduce Máximo Kirchner sumó, eso sí, el respaldo del mendocino José Luis Ramón, como lo hace habitualmente. Se trata de quien apoyó junto al kirchnerismo la modificación al Ministerio Público Fiscal manifestándose, una vez más, en sintonía con un proyecto del oficialismo. “La organización de la Justicia Federal está mal y responde al status quo. Las diferencias entre los distintos proyectos son mínimas, y apuntan a cambiar las lógicas del Ministerio Público para mejorar el servicio de justicia”, intentó argumentar en diálogo con radio Cooperativa.
Ayer, tanto Mario Negri como Luis Naidenoff afirmaron que “está a la vista de todos los argentinos que el kirchnerismo nunca quiso a Rafecas como Procurador General” y que en realidad lo que hace es “priorizar –en cambio- su iniciativa legislativa que le permitirá nombrar un jefe de fiscales con los votos únicamente del oficialismo y que, además, le da la posibilidad de designar un Procurador interino vía la Comisión Bicameral de Seguimiento que maneja en la actualidad el Frente de Todos”.
“Que lo pongan a consideración, porque el kirchnerismo nunca avanzó con el pliego; para nosotros (Rafecas) no es el mejor candidato, ni el más independiente, pero que lo pongan sobre la mesa, porque en lugar de eso buscan una ley en paralelo que rompe las reglas de juego, y nosotros eso no lo podemos convalidar y se rompe todo tipo de diálogo”, agregó un importante dirigente del PRO a Infobae.
La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado y estuvo en la lista inicial de temas para las sesiones extraordinarias pero las diferencias dentro del propio oficialismo hicieron que recién esta semana pueda tener despacho de comisión.
La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Así, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.
El propio Rafecas reiteró esta semana que esa modificación es un límite para seguir en carrera. “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó en su cuenta de Instagram.
Su pliego está en el Senado desde diciembre de 2019, sin que el kirchnerismo lo haya impulsado.
La reforma también cambia el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. Asimismo, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados.
Otro de los puntos centrales de la reforma es el plazo de mandato: el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.
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