Alberto Fernández recibió el fallo de 13 fojas en su cuenta de WhatsApp, se calzó sus anteojos de leer y repasó una y otra vez los considerandos redactados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña para ordenar a la Ciudad de Buenos Aires que garantice hoy la educación presencial. “Los jueces me siguen sorprendiendo. Esto es patético. No dura el sueño de una noche de verano. La justicia federal lo destruye en dos minutos”, opinó el Presidente en Olivos cuando terminó de analizar el dictamen legal que concedía la razón a Horacio Rodríguez Larreta.
Alberto Fernández sostiene que su decisión institucional está basada en una respuesta directa de política sanitaria ante los estragos causados por el COVID-19, y que no tiene ninguna intención de limitar el acceso a la educación pública. Desde esta perspectiva, como se trata de una facultad propia del Estado Nacional, el Presidente considera que es una aberración jurídica ordenar a la Ciudad que garantice hoy las clases presenciales.
“Todo es un disparate. Una mentira. Tres jueces dicen que la ley, porque el DNU es una ley, no se aplica en este barrio, en la Capital Federal. Esta es una sentencia a medida de Rodríguez Larreta. Ni siquiera dicen que el DNU es inconstitucional. Entonces, si no es inconstitucional, cómo van a habilitar la educación presencial que está prohibida por razones sanitarias. El DNU no regula una política educativa, tiene como objetivo proteger la vida de los argentinos. Lo que hicieron es un desastre”, sostuvo Alberto Fernández en la quinta presidencial.
Ayer a la tarde, en la soledad de Olivos, el jefe de Estado habló con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Y tras las consultas del caso, Alberto Fernández decidió que la Procuración se presente hoy en Tribunales para solicitar en el fuero contencioso administrativo federal una inhibitoria en contra de la Sala IV de la justicia porteña que falló en contra de su último DNU dictado para enfrentar la segunda ola del COVID-19.
Zannini puede concurrir a Talcahuano 550, o enviar a un letrado de la Procuración. Y si va al Palacio de Justicia, el abogado jefe del Estado casi no tendría problemas de contagio: se vacunó VIP cuando Ginés González García era ministro y las dosis escaseaban en la Argentina.
El Presidente evaluó que la justicia federal resolverá a favor de su estrategia sanitaria frente a la pandemia. Sin embargo, esa consideración no tiene certeza jurídica. Alberto Fernández deberá probar que la prohibición de las clases presenciales puede aplanar la curva de contagios, una perspectiva epidemiológica que Rodríguez Larreta cuestionará cuando le toque defender su propia estrategia ante la plaga china que mata alrededor del planeta.
“Desde el primero de marzo, aumentó el 170 por ciento de los contagios entre los chicos y chicas de 10 a 19 años. Y Conicet me informó que más del 50 por ciento de los testeos positivos dio la cepa Manaos. Rodríguez Larreta está haciendo política con la Pandemia. Y eso es un error trágico. Yo no quiero ser ingrato, ni complicarle la vida a nadie. Pero la única solución ahora es evitar las clases presenciales”, explicó el jefe de Estado cuando ya era noche en Olivos.
Alberto Fernández y Rodríguez Larreta ahora están a merced de la justicia federal. Los dos conocen cómo funciona el Poder Judicial, y ambos asumen que este litigio político terminará en la Corte Suprema. Para ese entonces, la decisión de prohibir las clases presenciales será una anécdota amarga o un hecho constante de la realidad causado por la sistemática faena del COVID-19.
Al margen de la batalla judicial, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta ya protagonizan una de las pocas certezas en la Argentina: serán boxeadores políticos hasta que uno pierda en diciembre de 2023.
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