Formosa: falló el cálculo sobre un conflicto grave pero lejano, y asoma un costo en continuado para el Gobierno

La última foto de Gildo Insfrán con Alberto Fernández se produjo el lunes en la Casa Rosada, en el contexto de la firma del Acuerdo federal contra la violencia de género. Todo un dato. Según algunos, fue un saludo más en medio de las formalidades con otra decena de gobernadores. Según otros, un gesto de respaldo. Las dos versiones exponen la tensión frente un jefe provincial con peso interno y cargado de denuncias sobre el uso del poder, algo nada nuevo pero ahora con alta y dilatada exposición nacional. Entró en crisis la idea de un conflicto lejano y pasajero. Y el doble mensaje expresa el registro de un costo imprevisto, en continuado.

Formosa ha pasado a ser un problema serio para el Gobierno, por su impacto público y por los compromisos domésticos. Insfrán no es una pieza menor en la estructura tradicional del PJ. Afirmó su relación con Cristina Fernández de Kirchner desde hace rato y mantuvo hasta ahora un buen vínculo con el Presidente. Una especie de pieza antigua pero vigente para articular el juego como jefe territorial de buen armado con sus colegas. Preside el Congreso del peronismo y un hombre suyo, José Mayans, encabeza el bloque oficialista en el Senado.

El caso de la foto referida, justamente en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, refleja al menos dos problemas, sin considerar cuestiones éticas de peso. La primera tiene que ver con el sentido contradictorio que se le da a una misma imagen: fuentes del Gobierno buscaron describirla como un gesto de frialdad, pero el Gobernador pudo exhibir cierta deferencia presidencial. La segunda es más grave: está restringida a códigos internos y a los límites que impondría hasta el momento una actitud más potente frente al dramatismo del cuadro provincial, ya nacionalizado. Lo dicho: apenas cálculo político, nada de fondo frente a abusos de poder y derechos humanos.

No sólo la foto actual -y la más lejana, en medio de elogios al principio de la cuarentena- sino también la letra pública confronta con las versiones que se dejan trascender sobre malestares y advertencias desde el Gobierno. Después de los hechos represivos de hace diez días, las declaraciones de funcionarios apenas cuestionaron la “violencia” y acompañaron ese mensaje con denuncias de una “campaña” y “extorsiones” de la oposición y los medios masivos contra el Gobernador. Así lo plantearon la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en ese orden cronológico.

En simultáneo, fuentes del Gobierno dejaban trascender que el Presidente le había hecho saber a Insfrán, por vía indirecta, que la imagen del conflicto por la restricciones extremas frente al coronavirus perjudicaba la imagen del Gobierno y la de la propia campaña oficial, en los arranques de la vacunación. También, aún con cierto eufemismo en las versiones, habría indicado la inquietud por las prácticas de “violencia institucional”, en alusión a un cuadro más grave sobre violación de los derechos humanos.

El foco sobre el papel de los medios nacionales y sobre la supuesta capacidad de Juntos por el Cambio parece ignorar que nada existiría sin un clima provincial realmente crítico frente a los extremos de poder alcanzados con el fondo de la pandemia. De todos modos, la idea de difundir cierta tensión del Gobierno nacional con la gestión de Insfrán apuntaría precisamente a señalar una especie de advertencia reservada que podría tener consecuencias públicas si no es frenado el conflicto. Se verá.

En esa línea, esta semana se dijo que el Presidente no atendió personalmente algunas llamadas del gobernador, a quien tampoco recibió en la Casa Rosada el lunes. Fuentes del Gobierno colocaron el diálogo en el nivel del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. En parte, el dato difundido expresaría preocupación por un tema que no se diluyó con el correr de los días -como se esperaba-, sino al revés con la reimplantación de las duras restricciones sociales.

La evaluación sobre un hecho pasajero -admisión a la vez del valor adjudicado a una gestión de veinticinco años en el poder local- motorizó la visita de Pietragalla, a fines de enero, para rechazar denuncias sobre la gestión de Insfrán. Un intento de descalificar las denuncias. Fue un capítulo descarnado de distorsión y uso de los derechos humanos.

Se podrá discutir si aquello fue asumido como costo o con convicción, pero parece claro que no logró desinstalar el tema. Fueron varios los renglones que se agregaron y también la percepción del impacto en el Gobierno.

Vale el recuento de los últimos días. Una serie de notas en el programa Telenoche expuso imágenes de la situación que padecen mujeres de pueblos indígenas. Confirman de manera dramática los abusos de poder, que en parte ya habían sido denunciados ante autoridades nacionales. También esta semana, un fallo de la Corte Suprema expuso otro caso impactante: ordenó a las autoridades provinciales que permitan el ingreso de una mujer que debe atender a su madre, enferma de cáncer, en Clorinda. Y la Cámara Federal de Resistencia le reclamó a Formosa que flexibilice los protocolos para las entradas y salidas por los pasos interprovinciales, una estribación de los casos de “varados”.

En la relación con Insfrán, el Gobierno pasó del respaldo sin vueltas al respaldo acompañado por versiones de inquietud por los costos nacionales. Cálculo, de lectura interna, que además siguen de cerca otros jefes provinciales. Ningún cambio de fondo.

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