Formosa y Justicia: el Gobierno no logra controlar la agenda y sólo privilegia los pactos internos

Gustavo Beliz lamenta en estas horas la poco feliz coincidencia entre la realidad y el doble lanzamiento del Consejo Económico y Social. Hace dos semanas, la presentación formal del organismo que él mismo encabeza fue borrada por el estallido del escándalo de las vacunaciones de privilegio. Ahora, su primera y promocionada reunión de trabajo quedó esfumada por la protesta y la represión en Formosa. No es sólo eso. La ofensiva más extrema del oficialismo sobre la Justicia -que algunos imaginaron como jugada para cambiar el temario público y sepultar el Vacunagate- va camino de convertirse en un problema grave para el Presidente, con temblor en su equipo y frustración en el Congreso.

Los dos temas remiten a los compromisos domésticos que sostienen la alianza gobernante. Cristina Fernández de Kirchner está en el centro de la política del Gobierno hacia el Poder Judicial, colocado definitivamente en la mira del oficialismo. Gildo Insfrán -elogiado como ejemplo por Alberto Fernández- es la expresión máxima de los gobernadores “tradicionales” del PJ ponderados por su duración en el cargo, jefes territoriales que fusionan el Estado local con el partido, con verticalismo y disciplinamiento social.

El Gobierno sintió ayer el impacto de las imágenes sobre la represión en Formosa. La reacción local ante la vuelta a un aislamiento social rígido –precedido por denuncias acerca de manejos autoritarios y violatorios de los derechos humanos- generó algunas horas de silencio en la Casa Rosada. No era indecisión sino tiempo para evaluar el modo de armar la defensa del gobernador. Y otra vez, se decidió el camino de la justificación como ya se había hecho con una vuelta de discurso distorsiva para negar violaciones a los derechos humanos tomando como vara los secuestros y centros clandestinos en la dictadura.

Hubo contactos variados en el oficialismo. Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, quedó en la primera línea de respuesta. El funcionario, alineado con el kirchnerismo duro, ya había visitado la provincia para tratar de diluir, en la exposición nacional, el conflicto creciente frente a las políticas de Insfrán. Con el sello de esa secretaría –dato potente en sí mismo- el Gobierno rechazó de hecho cualquier responsabilidad del Gobernador. El gesto político fue completado por Santiago Cafiero. El jefe de Gabinete hizo una condena a la violencia y tuiteó el comunicado de la dependencia a cargo de Pietragalla.

El texto de la secretaría de Derechos Humanos fue redactado en base a los patrones internos. Repudió la represión pero la atribuyó a “integrantes” de la policía provincial y no a las autoridades provinciales. Y a renglón seguido, habló de una “campaña de desprestigio” contra el gobierno de Insfrán, con el sello ya retomado sin vueltas: culpó a los medios “hegemónicos” y a la oposición. Patético.

Insfrán no es una pieza menor en el tablero del peronismo y del armado para la vuelta al gobierno nacional. Ha tejido poder partidario, tiene relación privilegiada con el Presidente y afirmó desde hace tiempo sus vínculos con CFK. Un hombre suyo, José Mayans, encabeza el bloque de senadores oficialistas.

El volumen alcanzado por la protesta en Formosa sorprendió a Alberto Fernández. Y no sólo resultó deprimente para Beliz. En el microclima de poder, no se termina de agotar nunca la idea del manejo de la agenda política como un hecho de simple voluntad. Confundido todo con el temario público, la necesidad ineludible de tratar de bajarle el tono al tema de las vacunaciones de privilegio –mecanismo que incluye y trasciende el caso del vacunatario VIP- generó la expectativa de un vuelco con el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el lunes pasado. Y como el discurso dejó como mensaje central la renovada carga contra la Justicia, se concluyó en que el objetivo de dar vuelta la página había sido logrado.

La realidad dice otra cosa. El capítulo judicial podría ser asociado al caso de las vacunas por el lado del manejo del poder. Pero esa lectura no parece central. Y el punto es que rápidamente comienza a dar muestras de un problema en proceso de complicación, que podría sumar en lugar de tapar los renglones de la agenda que inquietan al Gobierno.

El relevamiento que hace el propio oficialismo en Diputados y la evaluación de fuentes de Juntos por el Cambio y del peronismo no alineado coinciden en que hoy no darían los números para sancionar la reforma del fuero federal y el cambio de reglas de juego para elegir al jefe de los fiscales. Esa última iniciativa sobre el Ministerio Público Fiscal, terminaría de complicar el panorama para el postulante del Presidente, Daniel Rafecas.

Tampoco parecen tener destino fácil otros proyectos planteados por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. En primer lugar, la creación de un tribunal que le reste atribuciones a la Corte Suprema. Y en segundo término, la motorización de una comisión bicameral para ejercer control sobre el Poder Judicial. Ni siquiera fue cerrada la letra de tales propuestas.

Esa tensión sobre los proyectos pone en duda, como viene ocurriendo hasta hora, el efecto práctico de la escalada de discursos y presiones sobre jueces y fiscales. La última estuvo a cargo de CFK ante Casación, con una descalificación del sistema judicial y de jueces con nombre y apellido que ayer mismo fue avalada por el Presidente.

La falta de resultados vuelve a cerrar el círculo sobre Alberto Fernández. Es una ofensiva de consecuencias insuficientes para el kirchnerismo duro. Un discurso que remite al compromiso interno, pero no destraba el cuadro de las causas por corrupción, con pinceladas cada vez más preocupantes. Las últimas y más fuertes: Lázaro Báez y la ruta del dinero K.

Se verá cuáles son los próximos pasos. Pero por lo pronto, el problema sigue radicado en Olivos. Y allí, en estas horas, el panorama tiende a agravarse con temblores en la primera línea del área de Justicia.

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