Jueces y fiscales pedirán la inconstitucionalidad de la intimación a jubilarse

La ANSeS comenzó a intimar a los funcionarios judiciales que ya hicieron los trámites para jubilarse pero que aún continúan en sus puestos. Jueces y fiscales comenzaron a recibir las cartas documento que el organismo dispuso activar días atrás sobre unos 200 magistrados. Una curiosidad que causó gracia en tribunales: al juez Leopoldo Bruglia, que el camarista que intervino en la causa de los cuadernos y que llevó su “traslado” a la Corte Suprema, la carta le llegó dos veces. Entre los intimados a responder también figura Eduardo Taiano, a cargo de promover la investigación por el “vacunagate”; y varios integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

Jueces y fiscales ya estaban en alerta desde la semana pasada. La noticia se conoció el 17 de febrero pasado, pero hasta ese momento los funcionarios no habían recibido notificaciones de la entidad oficial. Ahora sí, con el correr de las horas, las intimaciones comenzaron a llegar.

El encargado del área de Tramites Centralizados de ANSES emplazó a cada uno de los magistrados a “acompañar en los 30 días hábiles (...) la presentación de su renuncia al cargo que desempaña para poder concluir el trámite previsional”. “En caso de no presentar la documentación requerida dentro del plazo indicado, a contarse desde la recepción de la presente, se procederá al archivo de las actuaciones, previo control de legitimidad de los actuados en las mismas”, dice la misiva al a que accedió Infobae.

En el listado de ANSeS figuran los integrantes de Casación Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Eduardo Rigghi o Gustavo Hornos, quien ocupa la presidencia del cuerpo y fue denunciado días atrás por el kirchnerismo por haber ido a la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri. También aparece el titular de la Cámara Federal Martín Irurzun -uno de los apuntados por la vicepresidenta Cristina Kirchner- y el fiscal de Casación Raúl Plee, pero también su par Javier De Luca, integrante de Justicia Legítima que hizo sus papeles de jubilación el año pasado. O el fiscal Taiano, que está al frente de la investigación por la muerte de Alberto Nisman y en las últimas horas impulsó la causa penal por el escándalo del vacunagate.

Hay otros nombres por afuera de Comodoro Py como Ricardo Recondo, juez en lo civil y comercial que integra el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces; o Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, tribunal al frente del control de las elecciones de todo el país durante este 2021.

Aunque en algunos trascendidos se la mencionó como una de las que iba a recibir intimaciones, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton, de 78 años, no integra el listado de ANSeS: su jubilación se rige por un régimen especial, como el de los presidentes de la Nación.

Con las intimaciones en la mano, tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional como la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación acordaron un plan de acción para impugnar la decisión de la ANSeS.

La decisión es presentar en los tribunales una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Íbamos a presentar una acción declarativa de certeza pero la certeza ya la tenemos: quieren que nos vayamos”, dijo a Infobae una fuente consultada.

Según se explicó, la acción declarativa de inconstitu­cionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general para determinar si son contrarias a la Constitución Nacional. Sostienen que la redacción de la resolución del ANSeS sería violatoria del texto constitucional. “¿Un ejemplo? A los que se van a jubilar con la ley nueva, les piden que renuncien antes de iniciar el trámite jubilatorio”, se señaló.

Precisamente, la reforma de la Ley 27546, que fijó un nuevo régimen jubilatorio para el Poder Judicial y el Ministerio Público -elevando del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo y la edad de los hombres para retirarse- también está tachada de inconstitucional en una demanda que se abrió recientemente y tramita en el fuero en lo contencioso administrativo federal.

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