El juez federal de Campana Adrián González Charvay suspendió hoy la clausura del buque regasificador de GNL (gas natural licuado) ubicado en Escobar, clave para la provisión de gas durante cada invierno, y ordenó que se vuelva a realizar la pericia que desencadenó esa medida. Ese estudio, a cargo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, detectó serios riesgos para la población y para el medio ambiente. El Gobierno apeló la medida y la causa había pasado a la Cámara Federal de San Martín.
La terminal de Escobar es actualmente la única vía de acceso para los barcos con GNL que llegan al país. Hasta 2018 también funcionaba un buque regasificador en Bahía Blanca (convierte el GNL a gas natural), pero el ex presidente Mauricio Macri decidió despedirlo ante el aumento la producción nacional de gas.
Aunque el expediente judicial estaba en la Cámara, el juez suspendió la clausura de la terminal de Escobar para que se vuelva a realizar la pericia. Ese estudio “deberá cumplimentarse indefectiblemente con la intervención de la Secretaría de Energía de la Nación y de la Prefectura Naval Argentina por medio del personal idóneo que cada repartición designe al efecto, lo cual deberá ser informado a este Tribunal a la mayor brevedad posible”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega que la pericia “no se ha desarrollado acorde a como fuera diseñada”.
Esta vez también podrán intervenir peritos de la querella y otros que puedan proponer las partes legitimadas en el expediente.
La pericia fue el final de un largo proceso que arrancó en 2014, cuando la Cámara Federal de San Martín ordenó ese estudio. En el medio se designaron al menos tres peritos. El primero, de la Facultad Regional Haedo de la UTN, falleció poco después de su designación. A fines de 2015, se eligió a la Facultad de Ingeniería de la UBA pero luego se dio marcha atrás por posibles incompatibilidades. En julio de 2017, finalmente se eligió a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
La pericia, a cargo del ingeniero Fernando Massaro, analizó todo el proceso de descarga del GNL para detectar posibles riesgos de incendios y/o explosiones de consecuencias catastróficas. “El tipo de explosión (VCE y BLEVE) es de particular atención para sustancias como el GNL, y las instalaciones que operan con ella, por su elevado poder destructivo, capaz de reducir a escombros varios miles de metros cuadrados de superficie alrededor de su epicentro”, detalló el juez al ordenar la clausura.
El perito de la UNLM concluyó que había serios riesgos con el funcionamiento de la terminal de Escobar. “Los resultados obtenidos para el cálculo del riesgo, según la Directriz Básica de la mencionada legislación Europea SEVESO III, indican que el riesgo es no aceptable considerando la magnitud de las consecuencias y la cantidad de vidas perdidas en los escenarios de VCE/BLEVE en dicha terminal aproximadamente quinientas veces mayor al valor umbral”, fue una de las conclusiones del estudio.
YPF apeló la clausura a fines de octubre y la causa se elevó a la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. En diciembre, los abogados de la petrolera -que opera la terminal junto con Ieasa (la ex Enarsa)- aportaron un informe de una consultora británica y de la UTN cuestionando la pericia. El movimiento del expediente no se detuvo durante la feria: el 13 de enero, YPF y la Secretaria de Energía pidieron una serie de medidas respecto del estudio presentado por la Universidad de Lomas de Zamora. Dos días después, el juez le dio intervención al perito.
En los últimos días, ENARSA y la Secretaría de Energía habían alertado sobre los riesgos de la paralización del buque. El buque, que inyecta gas a la red desde 2011, es clave durante la temporada de invierno pero también para abastecer a las centrales de energía eléctrica durante el verano.
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