Riesgo de explosiones “con altos márgenes de letalidad en la población”, la pericia que mantiene paralizado el buque regasificador de Escobar

En medio de la feria judicial de enero, el Gobierno y la empresa YPF trabajan contra reloj para intentar destrabar un conflicto que mantiene paralizado el buque regasificador de GNL (gas natural licuado) ubicado en Escobar, clave para la provisión de gas durante cada invierno. La terminal fue clausurada por la Justicia en octubre a partir de una extensa pericia que demoró casi tres años y detectó serios riesgos para la población y para el medio ambiente. El Gobierno apeló esa medida y desde entonces la decisión quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.

La terminal de Escobar es actualmente la única vía de acceso para los barcos con GNL que llegan al país. Hasta 2018 también funcionaba un buque regasificador en Bahía Blanca (convierte el GNL a gas natural), pero el ex presidente Mauricio Macri decidió despedirlo ante el aumento la producción nacional de gas. Ese fue el final de un símbolo de la política energética del kirchnerismo durante más de una década.

En octubre, la terminal de Escobar también dejó de operar: el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó la clausura tras analizar una extensa pericia encargada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. “Frente al eventual acaecimiento de algunas de las ocurrencias estimadas en la pericia -ya sea en la propia Terminal o bien en el área de navegabilidad- sus consecuencias redundarían, no sólo en dichas instalaciones y colateralmente en el medio ambiente, sino, principalmente y con altos márgenes de letalidad, en la población”, sostuvo el magistrado en ese momento.

El Gobierno quiere que el tema se resuelva cuanto antes porque el buque, que inyecta gas a la red desde 2011, es clave durante la temporada de invierno pero también para abastecer a las centrales de energía eléctrica. De hecho, el interventor del Enargas, Federico Bernal, le mandó una nota el viernes pasado al secretario de Energía Darío Martinez en la que destacó la importancia de la terminal de Escobar para el mercado interno y pidió que se adopten medidas.

“Durante el invierno de 2020, en los meses de junio, julio y agosto por el PIST Escobar ingresaron en promedio 16,6 MMm3/d (con valores máximos de 22MMm3/d), representando alrededor de un 12% del total de gas natural recibido en los sistemas de transporte durante ese período, todo ello en un contexto en el que la demanda de gas natural es mayor que la oferta”, dice esa nota a la que tuvo acceso este medio.

La terminal de Escobar está clausurada por una pericia técnica. Ese estudio analizó todo el proceso de descarga del GNL para detectar posibles riesgos de incendios y/o explosiones de consecuencias catastróficas. Los expertos hablan de VCE (vapour cloud explosión) y BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion). “El tipo de explosión (VCE y BLEVE) es de particular atención para sustancias como el GNL, y las instalaciones que operan con ella, por su elevado poder destructivo, capaz de reducir a escombros varios miles de metros cuadrados de superficie alrededor de su epicentro”, detalló el juez al ordenar la clausura.

El informe pericial, de 40 páginas, lleva la firma del ingeniero Fernando Massaro y arrojó estas conclusiones:

-Bajo los escenarios y condiciones analizados, se identificaron once áreas o zonas afectadas ante un VCE y/o BLEVE con epicentro en las instalaciones de la Terminal Portuaria de GNL Escobar, con afectaciones de diversa magnitud de acuerdo a las distancias a dicha Terminal.

-Para los escenarios analizados de VCE/BLEVEs los resultados muestran un elevado número de víctimas fatales en la población circundante, por los efectos de la onda expansiva, sumado a los daños producidos por los llamados “proyectiles” (trozos de las instalaciones y equipos que salen despedidos en forma aleatoria por dicha onda expansiva), los efectos de la radiación térmica y los tiempos de exposición a la misma.

-La zona presenta también condiciones extremas opuestas, dadas por épocas de sequía que se asocian con bajantes en la Hidrovía en su conjunto, así como con eventos de incendios forestales (intencionales y no intencionales).

-Como resultado de la aplicación del código NVIC 01-11 para Buques LNG Carrier se observa una coincidencia entre las zonas de afectación y letalidad previamente analizadas y las “Zonas de Alerta” impactadas durante la navegación del Buque LNG Carrier en el tramo de acercamiento y amarre en la Terminal Portuaria de GNL Escobar.

-En el caso de la Terminal Porturaia de GNL Escobar, así como la ruta de navegación de los Buques LNG Carrier (hidrovía y tramo de acercamiento), los resultados obtenidos para el cálculo del riesgo, según la Directriz Básica de la mencionada legislación Europea SEVESO III, indican que el riesgo es no aceptable considerando la magnitud de las consecuencias y la cantidad de vidas perdidas en los escenarios de VCE/BLEVE en dicha terminal aproximadamente quinientas veces mayor al valor umbral).

La pericia fue el final de un largo proceso que arrancó en 2014, cuando la Cámara Federal de San Martín ordenó ese estudio. En el medio se designaron al menos tres peritos. El primero, de la Facultad Regional Haedo de la UTN, falleció poco después de su designación. A fines de 2015, se eligió a la Facultad de Ingeniería de la UBA pero luego se dio marcha atrás por posibles incompatibilidades. Según las constancias de la causa 75001619/2011 a la que tuvo acceso Infobae, en julio de 2017 finalmente se eligió a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

La pericia se demoró más de tres años y recién se agregó al expediente el 16 de octubre del año pasado. Ese mismo día, el juez ordenó la clausura del predio ubicado en el kilómetro 74,5 del Río Paraná de las Palmas.

A partir de ese momento, el expediente tuvo decenas de presentaciones. YPF apeló la resolución apenas una semana después y la causa se elevó a la Sala I de la Cámara Federal de San Martín el 24 de ese mes.

En diciembre, los abogados de YPF -que opera la terminal junto con Ieasa (la ex Enarsa)- aportaron un informe de una consultora británica y de la UTN cuestionando la pericia.

El movimiento del expediente no se detuvo durante la feria. Según pudo saber este medio de fuentes con acceso a la causa, el 13 de enero, YPF y la Secretaria de Energía pidieron una serie de medidas respecto al estudio presentado por la Universidad de Lomas de Zamora. Dos días después, el juez le dio intervención al perito.

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