Después del repunte de diciembre que disparó el aumento de los contagios por COVID-19, el presidente Alberto Fernández resolvió extender por un plazo de dos semanas el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula las restricciones del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en todo el país.
El mandatario tiene definido que no habrá grandes cambios en las medidas sanitarias que vencerán este domingo, según indicaron fuentes de Casa Rosada a Infobae.
Al igual que en las anteriores prórrogas de los DNU de aislamiento y distanciamiento social, Fernández mantendrá conversaciones con los gobernadores y autoridades provinciales para analizar la situación epidemiológica en torno al coronavirus. Los contactos serían a partir de mañana, a través de la plataforma Zoom u otro tipo de intercambio.
Para la próxima etapa del DISPO, el debate más relevante pasará por el retorno de las clases presenciales. La discusión avanza de manera acalorada en la Ciudad de Buenos Aires, donde los sindicatos de maestros resisten el plan diseñado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que está lanzado a que el 17 de febrero se reabran las escuelas. En otros distritos hay menos tensión. Las aguas se dividen entre gobernadores que esperan mayores precisiones de las autoridades nacionales y aquellos que tomaron la iniciativa, con provincias donde se anunciaron esquemas graduales o de “bimodalidad” a partir del 1 de marzo.
El Ministerio de Educación de la Nación ya giró una propuesta con dos anexos a sus pares provinciales, donde se prefigura la metodología para garantizar la vuelta de los alumnos y docentes a las escuelas. En el texto están incorporados aspectos como las condiciones de higiene y seguridad para el desarrollo del ciclo lectivo, como la capacidad de aforo en la aulas, el distanciamiento social, la cantidad de clases y carga horaria diaria.
En sus intervenciones públicas, tanto el propio Alberto Fernández como el ministro Trotta aseguraron que para el ciclo lectivo 2021 habrá “mayor presencialidad cuidada” en las aulas, pero no será “absoluta”. Por eso, más allá de las intenciones oficiales, el protocolo de regreso estará bajo el análisis de las provincias y del Gobierno central.
La oposición de Juntos por el Cambio (Jxc), con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, presionará con marchas el 9 de febrero para exigir el regreso de las clases presenciales. El reclamo de “apertura de las aulas” arrancó en el último tramo del año pasado.
Las definiciones no pueden superar el plazo de las dos semanas que fijarán el DNU de distanciamiento social. El punto límite es el 7 de febrero. Al día siguiente, los docentes de los niveles inicial, primario y secundario finalizarán sus vacaciones para regresar a las escuelas. Será entonces cuando se empezarán a anoticiar, de primera mano, los esquemas pedagógicos de trabajo y los cuidados previstos para el 2021.
Antes del 1 de marzo –la fecha en que se reiniciará el ciclo lectivo en casi todo el país–, gobernadores de distinto signo político como Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Rodolfo Suárez (Mendoza) se mostraron en sintonía con resoluciones que se anticiparon a la discusión que se avecina. En febrero, cientos de alumnos tendrán que ir a las aulas para participar de instancias de evaluación y de enseñanza pedagógica para recuperar contenidos, en el caso de que hayan tenido un desempeño insatisfactorio, o complementarlos, como es la situación de los últimos cursos de primaria o secundaria.
Aunque faltan detalles logísticos y de planificación, el Gobierno de la Ciudad parece marcar el ritmo del debate educativo. Lo reconoció un dirigente sindical que, enojado por el enfoque de Rodríguez Larreta, lo descalificó con un exabrupto. “Creo que los gobernadores están empujados por este hombre”, dijo sobre el jefe de Gobierno porteño Miguel Díaz, de Udocba.
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