Cuadernos de la Corrupción: De Vido pidió que la Corte Suprema anule las declaraciones de los arrepentidos

La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que hace un mes avaló la declaración de los arrepentidos en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, en la que también está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita.

De Vido busca así que el máximo tribunal revise el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que el 30 de noviembre pasado declaró constitucional la norma que rige la declaración de los arrepentidos. La defensa pidió, en su presentación a la que accedió Infobae, que la Corte ordene que se dicte un nuevo fallo en el que se haga lugar su pedido: que esos testimonios se declaren nulos.

La admisibilidad de la presentación quedó e a cargo de los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barrotaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone –los mismos que por mayoría dictaron el fallo que avaló a los arrepentidos– que deben resolver si aceptan la apelación para que vaya a la Corte. Si la rechazan, las defensas podrían llegar directamente al máximo tribunal con otra apelación que se llama recurso de queja.

Lo que es seguro es que ni Casación resolverá ni la Corte intervendrá en el caso antes de fin de año. Todo quedará para después de la feria judicial de enero. Y con la expectativa de cuándo pueda fallar el máximo tribunal ya que no tiene plazos para hacerlo.

Cuando las presentaciones lleguen, la Corte sumará un nuevo expediente que podría definir el futuro de Cristina Kirchner. El máximo tribunal ya tiene para resolver nulidades y planteos en los casos de la obra pública y Los Sauces y también otro de cuadernos. Algunos de ellos presentados por la defensa de la ex presidenta.

Lo que resuelva la Corte será determinante para definir si las causas continúan o no. También puede haber una salida alternativa que obligue a revisar algún tramo del caso, lo que de alguna forma tendrá efecto. Si el máximo tribunal toma en 2021 alguna decisión será en un año electoral –hay comicios legislativos en todo el país– y después de la dura crítica a los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti que la vicepresidenta hizo pública a través de una carta a un año del gobierno de Alberto Fernández. “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno…O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, sostuvo después de reparar su mirada sobre cada magistrado.

La causa de los cuadernos se inició en 2018 cuando el chofer Oscar Centeno declaró que había anotado durante varios años las coimas que empresarios le pagaban al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, a quien llevaba a eos lugares. El caso tiene más de 100 imputados con 31 arrepentidos, tanto ex funcionarios como hombres de negocios, que reconocieron los delitos y contaron cómo era el esquema de corrupción.

Lo hicieron bajo la ley 27.304 del régimen del arrepentido que le permite obtener beneficios –como una condena menor– a quién aporta datos verificables sobre el hecho. Varias de las defensas objetaron la norma. Entro otros puntos señalaron que la ley establece que las declaraciones de los arrepentidos se tomaron por escrito, sin control de las defensas, cuando la norma establece que debe ser registrada por un medio técnico idóneo, por lo que reclamaban que estén grabadas, lo que no ocurrió.

También objetaron la inconstitucionalidad de la ley porque implica una desigualdad de los imputados ante los arrepentidos y porque comenzó a regir en 2016 cuando los hechos que denunció Centeno son de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003–2015), por lo que no debería ser utilizada. Los arrepentidos son la base de la causa que ya fue elevada a juicio oral y se encuentra en el Tribunal Oral Federal 7 a la espera de la fecha de inicio del proceso.

Tanto el fallecido juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli y la Cámara Federal avalaron las declaraciones de los arrepentidos. Lo mismo hizo Casación a fines de noviembre.

“En el caso concreto de la Ley 27.304, los recurrentes deberían demostrar, de manera concreta y específica, de qué modo la norma cuya inconstitucionalidad alegan viola garantías y derechos reconocidos por la Carta Magna y, en ese ámbito de discusión, quedarán al margen del examen las motivaciones y finalidades que inspiraron a los legisladores para sancionar la norma en trato (por cierto, es útil memorar que la ley fue aprobada por ambas cámaras con una amplísima mayoría”, dijeron los jueces de Casación Barrotaveña y Petrone en su voto.

Por su parte,la jueza Figueroa sostuvo que la ley es inconstitucional. “Resulta necesario que un órgano jurisdiccional controle que el acto de declaración del delator sea realmente voluntario, y para ello la judicatura debe contar con el medio técnico idóneo para evaluar el acto, siendo necesario un registro fílmico grabado, para cumplir con la etapa del posterior control y evaluación, que le otorga a la magistratura y al tercero imparcial, como a la defensa (sobre todo a la del imputado que ha sido delatado), la oportunidad procesal para analizar su veracidad y legalidad, para valorar esa prueba ya producida e incorporada al expediente”, señaló la magistrada.

La defensa De Vido, quien estuvo detenido en la causa de los cuadernos y a quien Casación le confirmó la semana pasada la condena por la tragedia de Once, apeló ese fallo para que llegue a la Corte Suprema. “Colocar sobre el imputado la obligación de contribuir con la administración de justicia aun a costa de sí mismo supone degradarlo a la condición de mero objeto y, por ende, constituye una violación directa del principio de dignidad humana y afecta la propia esencia de su personalidad”, sostuvieron los abogados del ex funcionario, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en la apelación

“Lo cierto e innegable es que en el marco de esta instrucción se ha transado la permanencia en libertad de varios imputados en tanto aquellos aportasen `información relevante` a criterio del instructor y, las imputaciones esgrimidas contra nuestro asistido reconocen origen precisamente en aquellas `informaciones` que han sido brindadas en el marco de un contexto donde, tal como señaláramos, sus coimputados se han visto presionados a reconocer hechos que seguramente no habrían reconocido (si es que llegaran a ser reales) si no hubiese sido por la amenaza latente acerca de la prórroga de su detención”, agregaron para objetar las declaraciones de los arrepentidos.

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