Alberto Fernández respaldó la creación de un tribunal previo a la Corte Suprema y destacó el informe para reformar la Justicia

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en la Casa Rosada con los integrantes de la comisión de juristas que elaboraron una serie de sugerencias para reformar la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que presentaron el informe para concluir la función por la que fueron convocados.

En un encuentro que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón, los integrantes del Consejo Consultivo presentaron el informe de 1000 páginas con recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia, uno de los temas en los que Fernández quiere avanzar en los próximos años de su gestión.

Después de esperar al Presidente durante una hora, debido a un retraso en todas las actividades de su agenda, los integrantes de la Comisión marcaron sus consideraciones sobre el resultado final. Al igual que Fernández, que estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, los integrantes de la Comisión consideraron que “es un punto de partida para mejorar el funcionamiento de la Justicia”.

El jefe de Estado buscó resaltar la diversidad de criterios y el respaldo frente a su idea de que la justicia argentina no funciona bien desde hace tiempo. Asumió que el informe es un “punto de partida” y un “trabajo muy útil, un disparador que nos hace falta” para comenzar a reformar la Justicia.

De todos los temas que se presentaron, Fernández destacó su principal interés en la conformación de un tribunal previo a la Corte Suprema. Así lo confirmó Andrés Gil Domínguez, uno de los juristas presentes en el encuentro y que forma parte del consejo. “Le pareció muy interesante la creación de un tribunal intermedio, se sentencias arbitrarias, que permita optimizar el funcionamiento de la Corte”, planteó a la salida de la reunión.

Gil Domínguez planteó que este nuevo tribunal “no le quitaría facultades a la Corte, porque funciona como un filtro y no como un grifo”. Y agregó: “Se da respuesta a los casos que no da respuesta la Corte. Eventualmente, si hay arbitrariedad manifiesta es posible llegar al máximo tribunal”.

El magistrado, que fue el vocero de la reunión, explicó que “existiendo un tribunal que se aboque a resolver planteos de arbitrariedades, los casos que van a llegar a la Corte van a disminuir notablemente”. En ese sentido, remarcó que la Corte “se transformaría en un tribunal que se encargaría de los casos donde se ventilan los derechos que están en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos”.

La creación del tribunal que se convertía en filtro sería a través de una ley votada por mayoría simple en el Congreso, mientras que la designación de los jueces que lo integren también sería avalada por una mayoría simple y el acuerdo en el Senado.

En el encuentro estuvieron presentes Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi (abogado de Cristina Kirchner), Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo, quien asistió al encuentro con el mandatario de manera virtual. También estuvo en la reunión Fabián Musso, el delegado del Ejecutivo que actuó como coordinador del consejo.

El planteo no tuvo unanimidad pero si el respaldo de la mayoría. Fueron Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo los que recomendaron abrir esa instancia, pero con distintos alcances. En cambio Battaini, Kogan y Weinberg entendieron que ese tribunal no debía constituirse porque eso desvirtuaba la autoridad de los tribunales superiores locales como última instancia antes de la Corte Suprema.

“El informe es maravilloso, sin posiciones únicas, con diversidad, me pone contento porque habla de que elegimos académicos y abogados con miradas propias, es enriquecedor”, expresó el Presidente después del encuentro. Fernández leyó el documento durante el fin de semana y se mostró satisfecho por los resultados obtenidos luego de 90 días de discusiones y debates que hubo entre los magistrados.

El paso siguiente será analizar las propuestas que le llevaron, compaginarlas y enviarlas al Congreso para poner en marcha la reforma de la justicia. Entre las reformas presentadas se destacan acortar los plazos de mandato del Procurador General y elegirlo por una mayoría más aliviada en el Senado, y una reestructuración en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces.

Las diferentes miradas de la Comisión quedaron expuestas en un hecho concreto. No hubo planteos unánimes en lo que respecta a las recomendaciones. Los puntos de coincidencia fueron por otro carril: el federalismo, la democracia, la perspectiva de género y la incorporación de una agenda digital para todo el poder judicial, pero en especial para la Corte Suprema.

El grupo comenzó a reunirse el 18 de agosto y concluyó su tarea el 18 de noviembre. No continuarán trabajando dentro del Consejo, pero si podrán asesorar al Presidente en caso de que él lo requiera.

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