Amnistía Internacional reclamó la intervención de la Corte Suprema para resolver la situación de los varados por COVID-19 en Formosa

Hace algunos días, los representantes de Amnistía Internacional en Argentina exigieron que se llevaran a cabo “medidas urgentes” para los varados por COVID-19 en Formosa. Aquella presentación ocurrió el 6 de noviembre. Este miércoles, a menos de una semana de aquel comunicado, el organismo insistió con el reclamo e instó a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el conflicto.

“A siete meses de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, Amnistía Internacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para garantizar que se brinde una respuesta urgente a las más de 7500 personas que aún no pueden regresar a sus hogares en la provincia de Formosa. El pedido fue realizado en el marco de dos acciones judiciales bajo estudio del Máximo Tribunal presentados por afectados que se encuentran varados en distintos puntos del país”, expresaron en el comunicado.

El conflicto lleva varios capítulos y pocas respuestas para los formoseños y las formoseñas que aún no lograron regresar a su provincia desde que el virus comenzó a propagarse por el país. El 5 de noviembre, Infobae reveló que el gobierno de Formosa acusó a un juez federal de “desestabilizar el sistema sanitario” por haber permitido el ingreso a la provincia de tres personas con COVID-19.

Durante aquella jornada, el juez subrogante Fernando Carbajal avaló el regreso de tres personas luego de resolver que el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado -decretado por el gobierno formoseño- es inconstitucional.

Amnistía Internacional se sumó al reclamo y nuevamente solicitó que el caso sea revisto en la Justicia. “En una carta dirigida al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la organización internacional expresó su preocupación por las medidas establecidas por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa y destacó que es necesario que las iniciativas implementadas sean respetuosas de los derechos humanos”, indicaron.

“Amnistía Internacional recibió denuncias de personas que solicitaron autorización para regresar desde hace meses y aún no tuvieron respuesta. Algunas se encuentran esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. También hay situaciones de salud urgentes que no pueden ser atendidas o bien casos vulnerables a los que se les niega acompañamiento”, continuó el texto.

Según el organismo, casi 900 personas afectadas por esta situación presentaron recursos judiciales que sea la Justicia quien fallara a favor de ellos y así lograr el regreso a la provincia. El ministro de Gobierno Jorge González explicó: “Uno de los elementos para establecer un ingreso ordenado y administrado a la provincia es el domicilio real de la persona”.

La argumentación surgió tras la muerte de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que fue hallado el domingo 11 de octubre por un grupo de pescadores en el río Bermejo, límite natural entre las provincias de Formosa y Chaco. El joven, que residía en la localidad formoseña de El Colorado, había aplicado el 25 de agosto para que le permitieran volver a su casa y reencontrarse con su mujer y su hija de 3 años, a quienes no veía desde principios de enero. El gobierno formoseño no se lo permitió y el joven buscó cruzar el río a nado y murió en el intento.

González comunicó: “A nosotros, en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Mauro nos figuraba con domicilio de Córdoba. Desconozco si es cordobés, pero formoseño no es. Tampoco acompañó ninguna documentación que acreditara que vivía en Formosa. Además, toda su familia vive en Chaco”.

Y dijo: “Entre nuestras prioridades están los formoseños que quieren volver por problemas de salud o porque necesitan brindar asistencia a un familiar y también los jóvenes que se fueron a estudiar a otras provincias. El orden de prioridad son los formoseños y luego el resto”.

Quienes lograron volver a sus domicilios lo hicieron a través del recurso habeas corpus. Sin embargo, el gobierno provincial exigió que para poder ingresar debían abonar los gastos del test PCR y el alojamiento en hoteles para cumplir la cuarentena.

“En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021. La Justicia federal de Formosa declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, considerando inadmisible que quienes pudieran asumir los costos estuvieran en una situación de privilegio frente al resto del colectivo perjudicado por las medidas dispuestas. Dicha decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia”, relataron desde Amnistía.

E insistieron en que “la intervención del máximo tribunal resulta fundamental para garantizar que las políticas del gobierno de Formosa se guíen por los estándares internacionales de los derechos humanos y así resolver la situación de miles de personas que requieren que sus derechos sean garantizados”

El organismo también aseguró que recibió información “sobre las denuncias por las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los centros de alojamiento preventivo, lugares en los cuales se realiza la cuarentena obligatoria una vez autorizado el ingreso”.

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