Miguel Etchecolatz, condenado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983, se negó a declarar este martes a la mañana ante el Tribunal Federal Oral 1 (TOF1) de La Plata, que lo juzga por ser partícipe de delitos de lesa humanidad contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante el proceso militar.
El represor de 91 años esgrimió como principal razón que debe ser juzgado por la Justicia militar. "¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la patria pero no lo puedo hacer ante ustedes”, expresó el ex jefe de la Policía bonaerense.
Su presentación ocurrió minutos después de las 10 de la mañana y fue parte de la segunda audiencia de un juicio unificado por los Pozos de Banfield, Quilmes y El Infierno, el cual se inició el 27 de octubre pasado.
Durante la audiencia estuvieron presentes 16 imputados, ya que de los otros dos restantes se aguardan los informes médicos que avalen si pueden ser sometidos a una indagatoria. De ese grupo, 14 gozan de arresto domiciliario, mientras que Etchecolatz y Jorge Di Pasquale están presos en el penal de Campo de Mayo.
“He tenido enfrentamientos, con riesgo de vida, pero he trabajado para evitar que se siga rompiendo el tejido de la República Argentina, la paz”, dijo Etchecolatz, quien le cuestionó al Tribunal: “¿Creen que estarían presentes si hubieran triunfado los idealistas jóvenes que pretendían tomar el poder de las armas? Usted (presidente del Tribunal) sería fusilado por ser integrante de la burguesía judicial y quien les habla fusilado por ser policía”.
Y continuó: "Ustedes procésenme, me van a condenar, eso no me lastima para nada, no siento dolor, sino tristeza de cómo se maneja la Justicia argentina. Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”.
Ante el TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, además se negaron a ser indagados el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Berges y el jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk. A diferencia de Etchecolaz, ninguno de los tres efectuó declaraciones.
“Me iré de este mundo, ya me queda poco por vivir, sabiendo que nadie me puede señalar que me quedé con algo, sin embargo otros que vaciaron los tesoros de la Nación están en libertad, con derechos, y nos siguen gobernando”, remarcó Etchecolatz, quien completó: "Condénenme lo que quieran, me siento orgulloso de haber defendido la patria”.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, parte querellante en la causa, informó que entre las víctimas se encuentran 18 embarazadas y siete niños nacidos en cautiverio. Otra de las partes querellantes, la organización Justicia Ya La Plata, solicitó que los acusados declaren de forma presencial y “la suspensión del beneficio de la prisión domiciliaria que gozan la mayoría de ellos”.
Etchecolatz había sido beneficiado el 25 de septiembre pasado por el Tribunal Oral Federal N° 6, con sede en Comodoro Py, quien le otorgó la prisión domiciliaria en otra causa pero debió permanecer en Campo de Mayo por la acusación en la cual no quiso declarar. Los jueces indicaron que la decisión se basó en “consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa” a nivel constitucional, ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, recuperado de coronavirus.
“En los últimos meses ha sufrido un deterioro significativo en su integridad física”, advirtieron los magistrados. En el caso de que su salida se concrete, se dispuso la incorporación del represor al “Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” con una tobillera. Además se le prohibió salir del domicilio en el que fije residencia, salvo para estudios médicos y con aviso al Tribunal.
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