Miguel Etchecolatz y Jorge “Tigre” Acosta, dos símbolos de la represión ilegal, están internados con coronavirus

Jorge “Tigre” Acosta y Miguel Etchecolatz, dos de los represores condenados por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la Argentina entre 1976 y 1983, contrajeron coronavirus en la cárcel de Ezeiza donde cumplen condenas a prisión perpetua y fueron internados. “Están con COVID 19 asintomático”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas. Según se indicó, el contagio se produjo en el pabellón para condenados por delitos de lesa humanidad. El ex jefe de la Policía bonaerense en la última dictadura militar, Etchecolatz, tiene 91 años y Acosta, que condujo el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, tiene 79 años.

Etchecolatz fue trasladado a la Unidad 21, que funciona en el Hospital Muñiz, mientras que Acosta fue derivado al Hospital Naval, donde fue alojado junto a otros dos condenados en la causa ESMA. Según trascendió, los dos represores se encuentran evolucionando bien.

El 14 de abril último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó conceder la prisión domiciliaria a Etchecolatz por integrar el grupo de riesgo ante la pandemia al entender que dentro de la cárcel tenía garantizada la atención médica inmediata en caso de contraer COVID-19. Hoy la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario que intentaba la defensa del ex jefe policial para que se revisara el rechazo a nuevo pedido de detención domiciliaria.

El ‘Tigre’ Acosta, en tanto, también pidió sin éxito el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia en abril pasado, pero el planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en ESMA.

Ahora, con el contagio de cierto por COVID, la defensa oficial volvió a reclamar la morigeración de la pena. Según se sostuvo, “su reciente traslado” desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza a la Unidad 31 del SPF significó “un agravamiento en las condiciones de su detención” porque Acosta “requiere un tipo de atención sanitaria que en esa institución penitenciaria no le puede ser brindada y mucho menos en este contexto de pandemia” y porque en ese establecimiento se comprobaron “seis casos de COVID-19 entre los once internos (uno de ellos Acosta) que fueron trasladados del HPC a la Unidad 31, donde fueron alojados en el Pabellón Nº 6.”

Para la defensa, “la confirmación del contagio de COVID-19 positivo respecto de su asistido implica que el Servicio Penitenciario Federal ha incumplido con su obligación de asegurar el adecuado cuidado de su representado” y “ha dado cabales muestras de que no puede garantizar la salud de las personas privadas de la libertad y que la experiencia ha indicado que el encierro aumenta los riesgos de contagio”.

Los jueces del TOF 5 rechazaron el planteo. En la resolución a la que accedió Infobae, se sostuvo que “la información brindada por el Hospital Naval ‘Cirujano Mayor Pedro Mallo’ indica claramente que Jorge Eduardo Acosta se encuentra evolucionando la enfermedad de COVID-19 de igual forma en que lo estaría haciendo una persona en libertad” y por lo tanto “no se advierte un trato más gravoso respecto de Acosta, o que pueda ser tildado como cruel o indigno, por lo que no habrá de hacerse lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa”

“De ningún modo se ha obstaculizado el “acceso al derecho a la salud” del encartado; más bien todo lo contrario, pues se encuentra internado en el Hospital Naval recibiendo una óptima atención conforme se desprende del informe recibido, incluso tal como lo solicitara en su oportunidad la defensa de Acosta”, se afirmaron los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Federico Grünberg.

Ya hay dos represores fallecidos por COVID 19. Se trata de Juan Domingo Salerno, procesado por delitos de lesa humanidad, y Edberto González de la Vega, sentenciado por las explosiones de Río Tercero, fallecieron luego de contraer el COVID-19 en la Unidad Penal N° 34 de Campo de Mayo, según confirmada por el Ejército Argentino. Desde el penal también comunicaron que otros 28 internos dieron positivo al test de coronavirus. Fuera de esta lista, Ramón Abel Recio, alojado en el mismo penal, debió ser internado por coronavirus y su situación de salud es crítica. Infobae constató que el brote del virus dentro del penal de Campo de Mayo se originó por uno de los penitenciarios.

El 26 de junio se conocieron los primeros contagios en el penal de Campo de Mayo. Para esa fecha se reportaron tres casos positivos: Luis Muña (uno de los militares detenidos) y dos penitenciarios. Aquel día, 16 miembros del SPF también fueron aislados. Muiña fue llevado al Hospital Muñiz. Es el represor que dio origen al polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación del “dos por uno”, que obligó al Congreso a dictar una ley que prohibiera ese beneficio ya derogado para los casos de lesa humanidad, algo que hasta ese entonces no estaba regulado.

Otro de los contagiados fue Gonzalo “Chispa” Sánchez, imputado por su participación en el secuestro y desapareción del periodista Rodolfo Walsh. “Chispa” estuvo prófugo durante más de quince años y fue extraditado en mayo pasado desde Brasil. Al detectarse su contagio en la Unidad 34, fue aislado y trasladado al Hospital de Campo de Mayo. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su excarcelación pero encomendó evaluar nuevamente la morigeración de su detención.

Algunos de los represores contagiados fueron llevados al penal de Ezeiza. Allí también se produjeron más contagios. El sábado 18 de julio habrían sido trasladados once internos de causas de lesa humanidad del HPC del Complejo I de Ezeiza y fueron alojados en los pabellones 5, 6, 7 y 8 de la Unidad 31. El día martes 21 de julio se trasladó a uno de aquellos internos (de apellido Ojeda) al pabellón 19, lugar de uso común. Pero más tarde, le avisaron a todos los internos que ese detenido había dado Covid positivo, en virtud de lo cual se les informaron que iban a realizar hisopado al resto de los internos trasladados del Complejo I y se aislaría al personal que mantuvo contacto con ellos.

El temor del contagio en las cárceles fue uno de las primeras advertencias que hizo la Cámara Federal de Casación Penal antes de que se declarara la pandemia por el hacinamiento que existe en las prisiones, a contramano de las recomendaciones de distanciamiento social que hace la Organización Mundial de la Salud.