Rodrigo Sbarra fue funcionario público hasta el último día del gobierno de Mauricio Macri. Primero fue secretario y luego subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción que absorbió al ministerio de Trabajo.
En enero de 2020 las nuevas autoridades del ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas hallaron en el escritorio que fuera de Sbarra, un sobre con 10.000 dólares que tenía escrito a mano un correo electrónico de una persona que trabaja en Nordelta.
A partir de ese hallazgo se abrió una causa judicial que quedó a cargo del fiscal Gerardo Pollicita por delegación del juez Julián Ercolini. Comenzó con la sospecha de una posible coima. Pero cuando la empleada de Nordelta confirmó que Sbarra había comprado un lote, el caso se enfocó hacia otra hipótesis: lavado de dinero. Fue por ello que en febrero pasado el juez Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre Sbarra quien tiene sus bienes inhibidos.
Cuando se conoció la noticia Sbarra se defendió al hacer circular la versión de que el sobre había sido “plantado” por las nuevas autoridades nacionales. Pero esa hipótesis ha quedado descartada después de dos declaraciones. La mujer que trabajó como secretaria de Sbarra reconoció su propia letra manuscrita en el sobre. Y la mujer que trabaja en Nordelta -cuya dirección de correo electrónico estaba escrita en el sobre- dijo que Sbarra había comprado un lote por valor de 180.000 dólares en uno de los barrios de ese complejo. El lote no figura en las declaraciones juradas de Sbarra. En sus declaraciones sí consta una deuda con su padre, José Alberto Sbarra, desarrollador inmobiliario en Miami, Estados Unidos, por una cifra equivalente a la pagada por el terreno.
En las declaraciones juradas de Sbarra aparecieron varias inconsistencias a los ojos de los investigadores judiciales. Un auto, un inmueble en Capital y dos terrenos en Navarro -donde se construyó una enorme casa- son los bienes que están bajo la lupa judicial.
Es por eso que Pollicita sumó al expediente información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Oficina Anticorrupción (OA), del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Francés para analizar los movimientos financieros de Sbarra.
En agosto pasado la Sala II de la Cámara Federal con los votos de los jueces Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia (ahora con licencia) había determinado-ante una apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF)- que se debían inhibir los bienes de Clarisa Camacci, esposa de Sbarra.
En aquella resolución la Cámara había resumido lo hallado en la causa: “…la instrucción ya había permitido tomar conocimiento de que mientras se desempeñaba en la función pública, Sbarra no habría declarado la compra de un lote que adquirió y pagó entre abril 2016 y 2019 “Nordelta” de la Provincia de Buenos Aires mientras que sus declaraciones juradas tampoco reflejarían claramente la existencia de los medios económicos que le habrían permitido esa transacción. Además, a esa altura otras diligencias probatorias permitieron advertir que Sbarra tampoco habría declarado las mejoras introducidas en terrenos de su propiedad ubicados en la localidad de Navarro en la provincia de Buenos Aires…”.
Luego de esa resolución de los camaristas y el avance de la causa Pollicita pidió que se levantara el secreto fiscal y bancario para poder investigar a Camacci y a José Alberto Sbarra, padre del ex funcionario.
El juez Ercolini ordenó hace dos semanas el levantamiento del secreto fiscal y bancario para Camacci y José Sbarra. De ese modo el fiscal podrá ampliar la investigación para determinar si los ingresos de los imputados son compatibles con los bienes que adquirieron.
El caso de Sbarra avanza en medio de la pandemia de coronavirus.
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