
Pasadas las 10 de la mañana, arrancó en la ciudad de Comodoro Rivadavia la audiencia judicial donde se escucharán las apelaciones contra el fallo judicial que determinó las responsabilidades por el naufragio del submarino ARA San Juan. Luego de varias idas y vueltas, la Justicia optó por un sistema mixto: solo tres abogados y cinco de los seis oficiales de la Armada procesados viajaron hasta esa ciudad, mientras que el resto de las partes seguirán la audiencia a través de Youtube. La audiencia se desarrolla en un centro cultural local para poder mantener los cuidados sanitarios. Se esperan al menos dos jornadas intensas, aunque podría extenderse hasta el lunes próximo porque no hay un límite de tiempo para las exposiciones.
Por la tragedia que se llevó la vida de los 44 tripulantes hasta ahora hay seis oficiales de la Armada procesados. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez entendió que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que habría sido el factor determinante.
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La jueza acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. La lista de oficiales navales procesados se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.
Según el esquema previsto por la Cámara de Comodoro Rivadavia, presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman (sigue la audiencia por videoconferencia), la audiencia arrancó con las exposiciones de las defensas de los oficiales procesados, luego será el turno de las querellas, y por último el Ministerio Público de la Defensa.
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“Las partes pueden alegar el tiempo que sea necesario, no hay limitaciones para los oradores”, dijo el presidente del Tribunal al comienzo de la audiencia, minutos después de las 10.

La primera exposición estuvo a cargo del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien afirmó varias veces que el submarino estaba en condiciones de navegar. “No tenemos una diferencia de opinión, lo afirmado por la jueza es inexacto y en muchos pasajes es falso. El submarino estaba en estado para navegar. La jueza hizo afirmaciones sin sustento. Era un buque habilitado y operativo. El submarino salió con los dos periscopios y el sistema de propulsión funcionaba”, arrancó el defensor.
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Y agregó: "Es falso que el buque no podía navegar por debajo de los 100 metros. La restricción de los 100 metros se la autoimpuso la Armada. El submarino explotó casi a los 500 metros, quiere decir que el casco estaba en buen estado”.
Vigliero resaltó que durante la instrucción declararon doce personas, entre oficiales y suboficiales, y cuestionó la responsabilidad adjudicada a los oficiales procesados.
Por último, lamentó que la jueza Yañez no haya ordenado un peritaje técnico, aunque el submarino nunca se pudo recuperar. “La jueza debería haber hecho un peritaje técnico, un estudio por expertos, con el control de las partes. Sistemáticamente la jueza se negó a un peritaje. ¿En un homicidio no se hace una autopsia? Los 44 tripulantes, el Estado y la sociedad reclaman la verdad, no un proceso rapidito. Es insólito que no haya un peritaje técnico, también lo pidieron las querellas”.
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La segunda exposición de la jornada estuvo a cargo de Ricardo Saint Jean, defensor de López Mazzeo, quien también reclamó una pericia y fue muy crítico sobre los argumentos técnicos utilizados por la jueza: “Todos las pruebas coinciden que no es posible conocer las causas precisas del naufragio aunque su ocurrencia no puede separarse del evento inicial, consistente en la entrada de agua de mar por el sistema de ventilación. La jueza (Yañez) renunció a la verdad para entregar culpables. No asumió ninguna de las hipótesis de los submarinistas y de los expertos. Tampoco quiso hacer la pericia técnica, quería resolver de acuerdo a sus deseos, cerró los ojos a las evidencias”.
Cinco de los procesados viajaron al comienzo de esta semana en auto hasta Comodoro Rivadavia y se alojaron en la IX Brigada Mecanizada, del Ejército Argentino, donde realizaron una “burbuja sanitaria”. Al llegar a la ciudad tuvieron que presentar un test de PCR realizado 48 horas previas al viaje. Sin embargo, solo dos participan de la audiencia: López Mazzeo y Villamide, el último que habló por teléfono con el capitán del submarino.
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En su intervención, Villamide realizó una explicación técnica en un pizarrón sobre el funcionamiento del buque. Sobre el final, apeló a la cuestión emotiva: “Todos nosotros teníamos conocidos, camaradas y gente que apreciábamos en la dotación del San Juan. A Fernández lo conocía desde el año 98. Afirmar que el buque no estaba en condiciones de navegar y que los enviamos a la muerte me genera indignación. Decir eso es menospreciar la idoneidad de todos los tripulantes, nadie es un suicida”.
En tanto, López Mazzeo, por entonces comandante de adiestramiento y alistamiento naval, también cuestionó el procesamiento en su contra en una extensa exposición: “El capitán Fernández era minucioso. No tengo dudas de la capacidad de la tripulación, nadie quiere navegar con alguien que no es seguro. Asumir que una directiva de planeamiento es un orden de zarpada es un disparate. Hubo más de seis reuniones de coordinación”.
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De los abogados defensores, solo viajaron a Comodoro Rivadavia Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, Luis Fernando Velazco, que viajó junto a su defendido, el capitán de navío José Marti Garro, y Juan Pablo Vigliero. Los tres abogados viajaron el lunes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se alojaron en hoteles, confirmaron fuentes judiciales.
“Vamos a pedir que revoque la calificación de estrago culposo y que se reemplace por homicidio con dolo eventual. También vamos a solicitar que el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad sean llamados a indagatoria”, adelantó a Infobae la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria.
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Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, explicó Carreras desde Comodoro Rivadavia.
En las últimas horas, la abogada del estudio de Fernando Burlando presentó una denuncia por la filtración de un archivo multimedia que será presentado como prueba en la audiencia. Llamativamente, el archivo se publicó en un grupo de Facebook que comparten los familiares.
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El abogado Luis Tagliapetra, padre de una de las víctimas, hará su exposición a la distancia. Las otras dos querellas no apelaron el fallo de la jueza.
La audiencia ante la Cámara se demoró varios meses por la cuarentena y porque la mayoría de las partes reclamaban que sea en forma presencial. Finalmente, se decidió por un sistema mixto, una modalidad que se esquivó en la mayoría de los juicios por corrupción que tramitan en Comodoro Py.
Por la repercusión internacional que tuvo la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, el mundo está observando lo que pasa en Comodoro Rivadavia.
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