Si no se llega a un acuerdo con los usurpadores, Sergio Berni planea desalojar la toma de Guernica el próximo lunes

Anoche, en el mismo momento en que las asambleas de los cuatro barrios que integran la toma de Guernica, La Unión, San Martín, 20 de Julio y La Lucha, debatían si aceptaban o rechazaban las propuestas que les realizó el gobierno de Axel Kicillof para que abandonen de manera voluntaria el predio de 100 hectáreas usurpado, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmaba en diálogo con C5N que “si no se llega a un acuerdo, el lunes 2 de noviembre” se avanzará con la desocupación forzada del predio.

“El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, trabaja todo el día para lograr un desalojo pacífico en Guernica, pero nosotros vamos a cumplir lo que diga el juez. Vamos a garantizar el derecho a la propiedad en Buenos Aires”, destacó el funcionario provincial. Y enseguida insistió: “Si no se llega a un acuerdo, calculo que el lunes 2 de noviembre se hará el desalojo en Guernica, salvo que el juez vuelva a cambiar la fecha. Pero por lo que hablé con el fiscal no habría otra propuesta para aplazar la fecha”.

Larroque, que estaba esperando los resultados de los debates barriales en el dispositivo montado por su ministerio en el ingreso al predio usurpado, se enteró de las palabras de su par en el gabinete bonaerense por las consultas de la prensa.

Larroque, que brega de manera incansable por un desalojo voluntario, y evitar de esa manera que Berni despliegue el impactante operativo de unos 4.000 policías que ya convocó, volvió a mejorar la propuesta que había realizado el lunes por la tarde y que el Polo Obrero, que forma parte de la usurpación y que tiene varios delegados en los barrios, criticó con dureza.

La medida estaba destinada a convencer a las familias menos politizadas y a otros partidos de izquierda y organizaciones sociales, que tomaron cierta distancia de las posiciones más radicalizadas del Partido Obrero: pasar de 6,5 a 11,5 hectáreas de tierras para ser utilizadas como alojamiento abierto transitorio de las familias reubicadas" y que está situadas en el partido de Presidente Perón.

Ese y otros cambios en la propuesta, posibilitaron por primera vez que se quiebre la hegemonía que los partidos de izquierda y algunas organizaciones parecían mantener sobre los habitantes del asentamiento que, según el último relevamiento, está compuesto por unas 1.400 familias y que suman un total de 4.417 personas.

El debate en los barrios comenzaron alrededor de las 18 y se extendieron hasta casi las 22.

La noche cerrada, el cansancio, algunas discusiones subidas de tono y la desconfianza entre algunos delegados por no poder controlar, por la escasa luz, que vecinos de otros barrios se sumen a otras asambleas, hicieron que las argumentaciones que faltaban y las votaciones se pospusieran para hoy en los barrios 20 de julio y la Lucha.

La asamblea del barrio San Martín votó rechazar de manera enfática y contundente la propuesta del Estado Provincial. En cambio, en el barrio La Unión ganó la moción de aceptar la reubicación de las familias y el traslado de manera definitiva a los lotes que estarán disponibles “en un plazo entre los 4 y 6 meses, como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que evidencien problemas habitacionales estructurales”.

Según la propuesta votada, “los lotes serán escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, contarán con dos servicios (luz y agua) y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares”.

“Estamos confiados en que este conflicto se resolverá de manera pacífica. Ahora hay que esperar a lo que resuelvan los otros dos barrios”, opinó ante Infobae Larroque después de conocer los resultados de las asambleas.

El ministro tenía estos datos de manera directa, junto a varios de sus colaboradores, como Santiago Fidanza, el director de Atención Inmediata; Pablo González, subsecretario de Participación Ciudadana de Seguridad; y Juan Marino y Florencia Villar, que estaban apostados en las carpas blancas desplegadas en la vera de la toma y que forman parte del dispositivo “interministerial” montado desde que se inició el conflicto con los usurpadores el 20 de julio pasado.

María del Rosario Fernández, integrante del colectivo de abogados y abogadas que representan a los imputados en la causa por “usurpación”, también estaba en Guernica y siguió de cerca las alternativas de los acalorados debates.

Como Larroque, también colabora para que el conflicto desemboque en una salida pacífica y no en una posible refriega con la policía provincial. En tanto, algunos funcionarios de Kicillof están convencidos de que eso es lo que buscan algunos dirigentes de izquierda presentes en la toma.

“El acta que presentó el gobierno bonaerense es muy esquiva con respecto a saber qué va a pasar con la gente que está ahí. No hay solución habitacional. El acta es una trampa. Tiene ambigüedades acerca de los lotes, pero hay una asamblea que votó en contra y hay otra, a la que le ofrecieron lotes temporarios, votó a favor, en un cuadro de muchísima presión del Estado”, opinó ante Infobae Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero que también estuvo presente ayer en las asambleas.

El juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, fijó como fecha máxima para el desalojo forzado de Guernica, si no hay acuerdo, el próximo 30 de octubre. Sin embargo, el ministro Berni propone desembarcar con sus 4.000 efectivos el 2 de noviembre.

Eso será posible solo si se presenta ante el magistrado y aduce “problemas de operatividad” para cumplir con la medida de “lanzamiento” después del límite fijado.

Kicillof, Larroque y sobre todo Berni saben que la medida de desalojo está firme y, si no hay acuerdo con todas las familias que usurparon el predio de Guernica, deberán ejecutarla.

Sucede que incluso el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó un recurso interpuesto por el defensor oficial del municipio de Presidente Perón para impedir el desalojo.

En término llanos, esto quiere decir que no hay más posibilidades de apelación. Sin embargo el ministro de Seguridad, quizás mal informado, esperaba una nueva orden de desalojo aunque desde el propio juzgado se le hizo saber que esto no es necesario. El magistrado ya firmó la orden.

Las próximas horas serán claves para la resolución del conflicto. Las miradas de los funcionarios bonaerenses, con Kicillof a la cabeza, tendrán la atención puesta en lo que sucederá esta tarde noche en las dos asambleas que restan.

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